El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente y Emvisesa, ha acordado con los propietarios privados de suelo de la parcela que albergó la antigua fábrica de Cros en el Distrito Norte un nuevo modelo de desarrollo urbanístico de esos terrenos centrado en la promoción de viviendas de protección oficial (VPO) en alquiler asequible. El nuevo barrio, con un total de 720 viviendas, se levantará en una zona delimitada por el parque empresarial Nuevo Torneo, Pino Montano, el cementerio y el polígono industrial de San Jerónimo.
Concretamente, en los más de 100.000 metros cuadrados que conforman estas parcelas sin uso desde hace 20 años se va a desarrollar un área residencial con 720 viviendas protegidas, equipamientos deportivos, educativos y socioculturales, zonas verdes y espacios libres.
La tramitación urbanística ha arrancado este mismo mes con la apertura del proceso de consultas previas para la modificación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU). En este sentido, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, el delegado de Hábitat Urbano, Turismo y Cultura, Antonio Muñoz; el presidente de Emvisesa y delegado de Bienestar Social y Empleo, Juan Manuel Flores, el delegado del Distrito Norte, Juan Antonio Barrionuevo, y la presidenta de la junta de compensación de los suelos, Isabel Serra, acompañada del resto de titulares privados de los suelos, han presentado los términos de “este acuerdo estratégico para la ciudad”.
Se trata de un proyecto “que impulsa el primer desarrollo urbanístico de vivienda protegida en suelos de titularidad mayoritariamente privada que se pone en marcha en la ciudad en las últimas dos décadas”, ha afirmado Espadas. “Concretamente, este vacío urbano que en el PGOU se diseñó con una calificación industrial-terciaria para oficinas y otros usos complementarios como hoteles o establecimientos comerciales va a quedar configurado como un espacio principalmente residencial en un modelo de alquiler asequible”.
Así se desarrollarán 15.000 metros cuadrados para 720 VPO distribuidas en seis bloques. Junto a ello, se urbanizará el entorno con 45.006 metros cuadrados para espacios libres y zonas verdes; 12.000 metros cuadrados para equipamientos educativos; 4.320 metros cuadrados para equipamiento deportivo y 8.173 metros cuadrados para Servicios de Interés Público Social (SIPS).
“Es un gran acuerdo de colaboración público-privada con el que se prepara el desbloqueo de un desarrollo urbanístico en un espacio que lleva 20 años como un vacío urbano. Un proyecto que se enmarca dentro de la estrategia de crecimiento de la ciudad en el norte con iniciativas como el nuevo parque que se ubicará en los terrenos del actual asentamiento de El Vacie, la recuperación de los suelos de la depuradora de San Jerónimo, el complejo de emprendimiento conformado por el CREA y las Naves de Renfe, o las nuevas actividades económicas programadas en la zona del Higuerón”, ha explicado Espadas.
Asimismo, el alcalde ha destacado que se ha diseñado una actuación que va a permitir una interacción entre los suelos residenciales y el parque empresarial Nuevo Torneo “que va a ser fundamental para que esta zona de oficinas tome un nuevo impulso”. Este proyecto de colaboración público-privada se enmarca además en los objetivos fijados dentro del Plan Municipal de Vivienda y Suelo que establece entre las prioridades el incremento del parque de viviendas protegidas en alquiler asequible.
“Se trata así de generar promociones con precios por debajo del mercado destinadas principalmente para generar oportunidades para jóvenes y nuevas unidades familiares con recursos económicos pero que no alcanzan a asumir los precios de compra o alquiler en renta libre”, ha asegurado.
El acuerdo que permite este desarrollo urbanístico ha sido aprobado por unanimidad en la junta de compensación de la que forman parte Emvisesa, el Ayuntamiento, Adif, Beca Inmobiliaria, Canvives, Sareb y Sera. Con esta base, la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente ha abierto ya el plazo de consultas previas hasta el próximo 21 de octubre. A continuación se tramitará la evaluación ambiental, que redactará la Junta de Compensación y que debe aprobar la Junta de Andalucía. El objetivo es que la modificación del PGOU se pueda aprobar durante el año 2022.
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