Una treintena de comunidades de propietarios de Sevilla ya ha respondido positivamente al escrito dirigido a primeros de noviembre por el Ayuntamiento de la capital hispalense, que les informaba de que aún cuentan con placas y vestigios franquistas que incumplen la Ley de Memoria Histórica, ofreciéndoles su retirada sin coste alguno si no proceden a retirarlas por sus propios medios. La carta se envió a un total de 190 comunidades de propietarios, advirtiendo en la misiva de que la ley andaluza de Memoria Histórica y Democrática establece que deben ser retirados todos los elementos contrarios a la memoria democrática ubicados en edificios de titularidad privada con proyección a espacios de uso público. A las comunidades que han dado autorización expresa se les están ya retirando las placas, indican fuentes municipales.
El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Oficina de Memoria Histórica dependiente de la Delegación de Participación Ciudadana, Igualdad, Educación y Coordinación de Distritos, empezó a remitir a primeros de noviembre el aviso de que la eliminación de esa simbología franquista es una obligación legal y que la responsabilidad, en caso de incumplimiento, recae sobre los propietarios de los inmuebles. Para garantizar el cumplimiento de la normativa, el Ayuntamiento ha ofrecido a todos los titulares de estos inmuebles la retirada de las placas falangistas que presiden las VPO construidas por el Ministerio de la Vivienda franquista, con el yugo y las flechas bien visibles en la entrada de cada portal, y que se concentran en edificios distribuidos por Parque Alcosa, Torreblanca, Tres Barrios Amate, Bellavista, Cerro del Águila, Macarena o la zona de El Juncal-Híspalis, en el distrito Sur.
“La comunidad de propietarios de su edificio deberá proceder a la retirada de estos elementos, bien directamente o bien autorizando al Ayuntamiento de Sevilla, sin que conlleve ningún coste para su comunidad”, relata la misiva enviada. En meses precedentes, como ya indicó este periódico, el Ayuntamiento, a través de la Oficina de memoria histórica, había actuado retirando aquellas placas o símbolos de comunidades de propietarios que lo habían solicitado, pero aún restan muchos en la ciudad. Fue entonces cuando la Delegación de Participación Ciudadana, Igualdad, Educación y Coordinación de Distritos, a través de una convocatoria pública y con libre concurrencia de subvenciones, aprobó una partida específica para financiar el proyecto de una asociación memorialista consistente en realizar un inventario de las placas y símbolos franquistas existentes en fachadas de edificios privados de la ciudad.
Las comunidades informadas simplemente deben rellenar y remitir a la oficina de memoria histórica la autorización remitida en el plazo de un mes desde la recepción de la carta. Las placas están siendo almacenadas para su exposición en el futuro museo de la Memoria Democrática de Sevilla que el Gobierno tiene planificado en la antigua prisión de Ranilla. Algunas comunidades las están quitando por sus propios medios y se lo están notificando al Ayuntamiento para que las recoja y las custodie, añaden las fuentes del consistorio.
Según ya indicó la delegada de Participación Ciudadana, Educación, Igualdad y Coordinación de Distritos, Adela Castaño, “este Gobierno ha demostrado durante los últimos años su compromiso con la memoria histórica. Retiramos los nombres franquistas del callejero que estaban pendientes, realizamos un trabajo para rendir homenaje y reparar la memoria de los trabajadores municipales represaliados, establecimos un marco de colaboración permanente con las asociaciones memorialistas, pusimos en marcha una unidad específica dentro del Ayuntamiento sobre memoria histórica y estamos realizando un ambicioso trabajo en las fosas del cementerio, especialmente en Pico Reja”. “La retirada de placas en edificios privados es responsabilidad de los titulares de estos edificios, pero queremos garantizar el cumplimiento de la ley y por eso ofrecemos a todos la eliminación de estos elementos sin coste alguno”, explicó la delegada.