Dolores Jiménez no puede hablar sin llorar. Augura “las peores navidades” de su vida al saber que a mediados de enero vencerá la moratoria de tres meses otorgada por un juez para ejecutar el lanzamiento de su vivienda de Bormujos (Sevilla), donde vive desde hace 21 años (desde hace siete con un alquiler social tras firmar con el Banco Sabadell la dación en pago) y que tiene adaptada por la Junta de Andalucía a su diversidad funcional. En la mañana de este martes ha acudido de nuevo a la sede central de la entidad bancaria en la capital hispalense para reclamar una solución a su situación. Ella no sale de su reivindicación: “yo solo quiero que no me echen y me dejen en la calle”.
El caso es más complejo y tiene muchos matices, según la información aportada a este medio por Stop Desahucios, el Círculo Andaluz de Vivienda Podemos y el propio Banco Sabadell. Todas las partes reconocen los impagos de la cuotas acordadas con la entidad después del contrato firmado en 2012 para que la vecina se quedara en la casa y el banco se quedara con la propiedad. “La dación en pago es un engaño”, mantienen desde Podemos.
“La mujer está enferma y tenía pocos ingresos, pero ahora su situación ha mejorado y ella quiere pagar”, comentan desde Podemos, que ha apoyado la movilización de esta mañana en la puerta del Sabadell, en la Avenida de la Constitución de Sevilla, porque “el banco no da solución”. Una sentencia, tras la demanda por impago del banco, “rebajó” la deuda derivada de la hipoteca después de un informe social de la mujer aportada por sus representantes legales.
Quiere pagar “con normalidad”
Desde Stop Desahucios detallan que esta mujer, de 55 años, firmó la hipoteca con la Caja de Ahorros del Mediterráneo. La muerte de su marido y el paro provocó que dejara de abonar las cuotas de la hipoteca, según explican, pero, finalmente, consiguió el alquiler social con la entidad mediante la dación en pago. “Ahora toca renovar el alquiler social pero el banco no está dispuesto”, explican las fuentes. “Es cierto que hubo retrasos en los pagos en su momento pero ella ahora está trabajando y quiere pagar con normalidad”, añaden. Los distintos movimientos de la hipoteca y sus “abusivas cláusulas” entre las entidades fusionadas provocaron principalmente la situación.
Las fuentes cercanas a la vecina señalan también que el abogado que le estuvo asesorando en los útimos tiempos “se largó con su dinero” pero que la intención de esta mujer, insisten, es “pagar el alquiler”. Su nuevo abogado ha tratado sin éxito de contactar con un mediador del banco para buscar una solución definitiva que no suponga la salida de la vivienda de la vecina. “Hoy no han aparecido los responsables, pero la calle es nuestra herramienta para reclamar”, argumentan desde Podemos, que esperan “un nuevo aplazamiento” por parte del juez si los intentos de negociación con el banco siguen sin dar sus frutos.
El banco, “especialmente sensible”
El departamento de comunicación del Sabadell, con sede en Barcelona, ofrece una versión diferente, señalando que esta vecina “dejó de pagar en abril de 2014 y hasta ahora”, y asegurando que “no está en situación de vulnerabilidad”. El Sabadell indica que ha atendido y atiende los casos de emergencia habitacional y “nunca” ha dejado en la calle a clientes de este tipo porque la entidad “ha sido y es especialmente sensible” a las circunstancias de personas que no pueden abonar las cuotas, detallando que para estos casos cuenta con Sogeviso (Sociedad Gestora de Vivienda Social).
Fuentes del entorno de Dolores Jiménez niegan que no haya pagado cantidad alguna desde 2014, como argumenta el banco, y detallan que le han concedido “una pensión de invalidez más grande” que la que recibía antes, de ahí que su situación económica haya mejorado y, de ahí, que quiera pagar las cuotas normalmente, insisten desde su entorno.
Sabadell explica que, tras firmar un contrato de alquiler social en mayo de 2012, llevan “cinco años de negociaciones”, con hasta cuatro renegociaciones del contrato y sucesivos “fraccionamiento de la deuda”, sin que hayan alcanzado un acuerdo ante los “impagos” de esta vecina, concluyendo tras sus averiguaciones que “no está en situación de vulnerabilidad” y confirmando que “ahora vence el contrato” y que la entidad no está dispuesta a renovar pese a que “la voluntad siempre ha sido de llegar a un acuerdo”. Desde el entorno de la mujer insisten en su situación real de vulnerabilidad ya que, de no ser así, el juez no le hubiera concedido la moratoria de tres meses.
“Solo quiero un alquiler social. Me quieren dejar en la calle. Estoy pasando una agonía. Por un euro han comprado mi casa y ahora me echan. Tengo una incapacidad total, una misuvalía del 55% y casi no puedo andar. Llevo desde los 13 años trabajando. Sólo pido al juez que me ayude. Yo no me meto con nadie. Solo quiero que no me echen”, explica apresuradamente acerca de su desesperada situación.