Sevilla se dispone a intentar regular por primera vez el fenómeno de las viviendas turísticas, que en los últimos años ha crecido de tal manera que ya sí empieza a considerarse un grave problema en varias zonas de la ciudad. La más afectada es el centro histórico, concepto que incluye al casco histórico y puntos de barrios como Triana y Nervión, donde a partir de ahora sólo podrán ubicarse en la primera planta o en el bajo de un bloque, permitiéndose hasta una segunda altura en el resto de la capital.
Eso sí, hay varios matices, empezando por que la medida no es retroactiva, es decir, que no afecta a las viviendas que ya están formalmente registradas con este uso. A esto hay que unirle que la limitación de alturas afecta a los bloques de pisos de uso residencial, no así a los inmuebles que estén por entero ocupados por pisos turísticos.
No queda ahí la cosa, porque tampoco hay una moratoria, lo que implica que hasta que termine todo el proceso podrán seguir inscribiéndose viviendas para este fin sin que les afecten las nuevas restricciones. Y de partida, no se van a declarar zonas saturadas para prohibir que crezca el número en puntos con exceso de concentración de esta oferta (en el propio centro, por ejemplo), aunque a esto no se le cierra la puerta.
Efectos negativos
Pese a todas estas aparentes limitaciones, es el primer intento serio de meter en cintura un fenómeno asociado al boom turístico que ahora está aletargado por la pandemia, pero que se da por hecho que volverá a dispararse en cuanto se recupere la normalidad. Y los informes que obran en poder del gobierno local del PSOE son concluyentes: tras una primera fase en la que sobre todo se habilitaron viviendas vacías para este fin, lo que inicialmente hasta tuvo un efecto positivo, en la actualidad se está produciendo un aumento del precio de los alquileres y el despoblamiento de ciertas zonas de la ciudad, y el problema se empieza a multiplicar por cada vez más barrios.
La opción que se ha elegido para dar este primer paso (que se aprueba en el pleno municipal del mes febrero) es una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), una fórmula que se considera con la suficiente solvencia jurídica al existir ya una sentencia del Tribunal Supremo que ampara al Ayuntamiento de Bilbao en una iniciativa similar. Con este cambio, las viviendas turísticas de nuevo cuño se regularán urbanísticamente como servicios terciarios de hospedaje, es decir, dejarán de ser calificadas como de uso residencial.
Más requisitos
¿Qué implica esto? Pues que se les van a exigir las mismas condiciones que a los servicios de hospedaje en cuanto a los trámites que deben realizar, los requisitos que deben cumplir y los emplazamientos autorizados dentro de un edificio de viviendas, de ahí lo de la limitación en cuanto a la planta en la que pueden estar ubicadas. Y si hasta la fecha bastaba con presentar una declaración responsable de utilización, ahora también se obligará a solicitar una licencia de cambio de uso presentando un proyecto de obras, lo que supone que se analizarán aspectos como la accesibilidad y la protección contra incendios, que en la actualidad no se evalúan.
En consecuencia, ¿es un primer paso a tener en cuenta? Sí. ¿Zanjará el debate? Pues no, porque el propio Gobierno local reconoce que hay que caminar hacia la declaración como saturadas de determinadas zonas, pero insiste en que para ello es imprescindible hacer primero lo que se va a hacer, que es la definición urbanística de esta actividad económica. A partir de ahí no se descartan opciones como la zonificación, aunque para ello ya habría que contar con la Consejería de Turismo, que es la que tiene las competencias de rigor.
El proyecto municipal nace con el respaldo suficiente para salir adelante, ya que cuenta con los votos afirmativos de Ciudadanos y Adelante Sevilla, grupo con el que el PSOE firmó en 2019 un acuerdo en el que se incluía esta medida. La portavoz de esta formación, Susana Serrano, considera que el que se da es un “paso importante” para reconducir una actividad “descontrolada y sin regulación”, pero advierte de que esto sólo tiene que ser el principio. Y si por un lado admite que han renunciado a su reclamación de que se exigiera a estas viviendas un acceso independiente de los espacios comunes del inmueble, apunta que “ahora queda pendiente la delimitación de las zonas saturadas”.
Una ciudad transformada
La iniciativa, señala, es bienvenida y “ha costado mucho trabajo que se haga”, pero llega tarde porque “la ciudad ya se ha visto muy afectada por la transformación” que ha producido este modelo turístico: alquileres altos, éxodo vecinal, cierre de negocios tradicionales… “Lo ideal es que esto fuese con efecto retroactivo, pero al menos ya no va a crecer tanto”, incide Serrano.
Desde el Gobierno municipal lo que se transmite es que es un cambio, sí, pero tranquilo, porque ni es retroactivo ni supone un freno por completo al sector, es “simplemente una ordenación”. No lo ve así el PP, que tilda de “intervencionista y paralizador” este modelo, una regulación que se hace desde “la agresión al derecho a la propiedad irrenunciable para miles de sevillanos”. Su apuesta pasaría por establecer números clausus en zonas saturadas de apartamentos turísticos y en crear una unidad policial de inspección y control de la convivencia en estas viviendas, un modelo que el PSOE considera que no tiene aval jurídico.
El PP se abstuvo en el Consejo de la Gerencia de Urbanismo en el que se aprobó este procedimiento, que contó con el voto en contra de Vox. Así que en principio la medida saldrá adelante con los votos de PSOE, Adelante Sevilla y Ciudadanos, lo que no significa que con ello vaya a acabar el debate, por mucho que en la capital (según los datos del Ayuntamiento hispalense) haya ya más plazas en viviendas turísticas que en establecimientos hoteleros.