Tirar la cruz del Valle de los Caídos o anular la Ley de Amnistía: las enmiendas de Unidos Podemos a la Ley de Memoria
Tirar la cruz del Valle de los Caídos, sacar a Franco, abrir las fosas comunes, anular la Ley de Amnistía… La batería de enmiendas de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea al decreto ley de exhumación del dictador ataca la médula de las reivindicaciones memorialistas. El grupo parlamentario busca un cambio de paradigma. Y que la justicia española investigue los crímenes del franquismo.
La propuesta está basada en el articulado de la Proposición de Ley Integral de Memoria Democrática que registró Izquierda Unida en el Congreso. El texto, al que ha tenido acceso eldiario.es, consta de más de 60 reformas que obligan al Estado a condenar de forma oficial el golpe militar de 1936 y la dictadura franquista.
La momia de Franco
¿Cuál será el futuro del Valle de los Caídos? Tirar la cruz, sacar a Franco y convertirlo en un lugar de memoria. Es la idea de Unidos Podemos. Una “resignificación” integral para dar “carácter pedagógico” al complejo y que afecta incluso al nombre, que pasaría a Valle de Cuelgamuros.
El dictador Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera “deberán ser exhumados y retirados del lugar”, dice la enmienda. Los restos mortales no irán a espacios públicos ni susceptibles de convertirse en lugares de peregrinación fascista. La exhumación, traslado y enterramiento será “en la intimidad familiar”, sin honores militares ni actos oficiales.
El Gobierno decidirá el destino de la momia de Franco y el cadáver de Primo de Rivera si los descendientes no designan sepulturas acordes al marco legal, proponen. Respecto a los otros muertos enterrados en el Valle de los Caídos, el Estado deberá atender las “peticiones de exhumación de los familiares de las víctimas”, dicen las enmiendas. Una comisión científico-técnica realizará un estudio sobre el estado de las criptas y el material óseo.
El Valle de Cuelgamuros
El texto propone convertir el Valle de los Caídos “en un lugar de memoria donde se expliquen los crímenes del franquismo”. Con una “especial atención” a los esclavos de Franco, los campos de concentración y “el papel de la Iglesia católica en la dictadura”. El plan contempla acciones para “el reconocimiento de las víctimas” y serán prohibidos los actos de homenaje y apología del fascismo.
Quedará eliminada toda connotación franquista con el “desmantelamiento o demolición de aquellos elementos incompatibles con un Estado democrático”, incluyendo “la cruz-espada situado en el complejo del Valle por ser inviable su mantenimiento con un proceso efectivo de resignificación”, dice la propuesta.
Para completar el proceso, la enmienda plantea “un concurso público internacional” de ideas y “un proyecto presupuestario suficiente”. La acción contempla las “acciones necesarias para desacralizar” el Valle y conectar el espacio monumental “con otros lugares de memoria europeos” en el marco del “repudio del fascismo y el nazismo”. El Valle, ahora en manos de los monjes benedictinos, pasará a gestión directa de Patrimonio Nacional y control final del Ministerio de Justicia.
Fosas, justicia y bebés robados
El objeto de la ley arranca en el “repudio y condena” de las instituciones públicas al “golpe de Estado militar del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura franquista”. La enmienda es la base para desarrollar “políticas públicas activas” que promocionen “los valores democráticos” y el acceso efectivo de las víctimas a “los derechos a la verdad, justicia y reparación”.
Una clave en las enmiendas son las fosas comunes. Que las víctimas de Franco tengan derecho a localizar el paradero “de las personas asesinadas y desaparecidas” para “darles una sepultura digna” y el Estado impulse los “mecanismos, personal y materiales necesarios” en colaboración con las comunidades autónomas.
Y con implicación de la justicia. La creación de una Fiscalía especial para las desapariciones forzosas y la sustracción forzada de menores servirá como instrumento para dar “el impulso legal necesario”.
Los juzgados españoles deben localizar, exhumar e identificar los restos humanos arrojados a fosas y cunetas. Los jueces actuarán de oficio –o a petición de la Fiscalía y denunciantes– y conforme a los criterios de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Un cambio de paradigma atado a la imprescriptibilidad de los delitos contra el Derecho Internacional Humanitario establecidos en los Principios de Nüremberg adoptados por Naciones Unidas en 1946.
El objetivo es que España asuma la “investigación” de todas las violaciones de derechos humanos cometidas por el franquismo. En sus tribunales y a nivel internacional, caso de la Querella Argentina. El Estado avalará el acceso a la tutela judicial efectiva y el marco temporal queda “entre los años 1936-1983”, ampliado a 1999 en el caso de los bebés robados.
Reformar la Ley de Amnistía
La Ley de Amnistía de 1977 es un muro que impide juzgar las violaciones de derechos humanos del franquismo. Pero desde la aprobación de los Principios de Nüremberg está prohibido el perdón por crímenes de lesa humanidad, considerados delitos imprescriptibles. Y la Convención sobre Genocidio de 1948 obliga a perseguir este crimen en todos los casos, igual que la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes contra la humanidad de 1970.
Con estos “principios irrenunciables”, el texto de Unidos Podemos tacha la herramienta legal creada en la Transición como “contraria al derecho internacional”. Y la retoca. La enmienda añade una reforma y añadido al articulado para que los tribunales pasen página a “los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de las investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley” 46/1077.
Billy el Niño y la Fundación Franco
Unidos Podemos plantea abordar la parafernalia simbólica del franquismo en sus múltiples variantes. Uno: suprimir los títulos nobiliarios “a responsables y colaboradores de la dictadura”, como el ducado de Franco o el marquesado de Queipo. La Casa Real deberá eliminar dichos honores de forma “inmediata”. Dos: eliminar los reconocimientos públicos a quienes fueron parte del aparato de represión, caso de militares o agentes policiales y torturadores como Billy el Niño.
Tres: prohibir todas las asociaciones y entidades “que conmemoren, justifiquen, exalten, enaltezcan” el franquismo. Caso de la Fundación Franco y el resto de entes de similar corte. Estos organismos serán considerados contrarios a la memoria democrática, igual que la apología del fascismo o las “alusiones que desmerezcan a la legalidad republicana y sus defensores”.
La supresión de simbología llega también a las calles. Con cambios en el nomenclátor, en los nombres de pueblos y centros públicos y en todo elemento contrario a la democracia. Y toda distinción o título honorífico a franquistas serán revocados, como “alcaldes honorarios, hijos predilectos o hijos adoptivos”.
El Gobierno hará un Censo de Símbolos para “conocer el grado de cumplimiento” por parte de las instituciones, bajo supervisión de una Comisión Técnica de Memoria Democrática. El artículo 15 de la actual ley de Memoria Histórica se ha mostrado “manifiestamente insuficiente” para atacar esta rémora democrática, según los proponentes. Mantener la situación atenta contra “la dignidad de las víctimas” de Franco.
Anular juicios franquistas
La nulidad de los juicios del franquismo es otra piedra angular. El “marco pseudojurídico” de la dictadura emana del golpe de Estado fascista y, por tanto, no tiene “validez”. Y las sentencias fueron dictadas “por motivos políticos, ideológicos (…), orientación sexual” o por defender la “legalidad institucional republicana”.
Quedan declarados “ilegales, nulos y sin ningún efecto” –dice el artículo 18– los Consejos de Guerra y los fallos del Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo y del Tribunal de Orden Público. La enmienda enlaza la “legalidad constitucional” de 1931 con la de 1978, “dejando el aparato represivo pseudojurídico del franquismo como un paréntesis aberrante entre dos legitimidades plenas”.
Romper el Concordato con el Vaticano
Denuncia y derogación del Concordato y los Acuerdos con la Santa Sede. Con este título, una enmienda obliga al Gobierno español a romper el pacto suscrito en 1953 entre “el Vaticano y la dictadura militar franquista” y los posteriores convenios de los años 76 y 79.
La reactualización suprime los “beneficios y privilegios para la Iglesia católica de un Estado oficialmente aconfesional” firmados “por una sanguinaria dictadura”. Y debe aportar luz sobre el papel de la institución religiosa “como eficaz colaboradora del bando que se sublevó contra la Segunda República” y del régimen de Franco. El nuevo acuerdo bilateral entre ambos Estados deberá estar listo en el plazo de un año y “basado en los principios de laicidad e igualdad entre hombres y mujeres”.
Género, educación y Pazo de Meirás
La propuesta de Unidos Podemos tiene un matiz de género: “reforzar” y difundir el papel que las mujeres “jugaron en la lucha por la libertad y contra la dictadura”. Y contar las “formas específicas de violencia” que el régimen de Franco usó contra ellas. La apuesta pedagógica abre el melón del “sistema educativo español” mostrando la “verdad histórica” desde la Segunda República a la Monarquía parlamentaria.
El reconocimiento a las víctimas requiere una “rehabilitación moral y jurídica”, entiende Unidos Podemos. E incluyen la labor de las Brigadas Internacionales y el “restablecimiento de la memoria” de quienes defendieron los procesos autonomistas abiertos en periodo republicano en Catalunya, Euskadi y Galicia “y padecieron represión por ello”.
Objetivo: recuperación del Pazo de Meirás (Sada, A Coruña). La normativa incluye un apartado adicional que declara “la ilegitimidad y nulidad de la adquisición” de la finca gallega por parte de Francisco Franco. El Gobierno, obliga el texto, deberá practicar acciones para “reintegrar” al patrimonio público el palacio “que durante la dictadura fue residencia oficial de verano del Jefe del Estado y, a día de hoy, se encuentra ilegítimamente en manos de los herederos de Franco”. El Pazo de Meirás acabará teniendo “usos asociados a la memoria histórica”.
Infracciones y régimen sancionador
La ley 52/2007 carece de un régimen sancionador que sí contempla el proyecto de Unidos Podemos. El nuevo marco establece “un catálogo de conductas sancionables”. Las más graves afectan a las fosas comunes: realizar excavaciones sin autorización, construcción o remoción de terreno con restos humanos de víctimas desaparecidas o destrucción de tumbas colectivas. O “amparar o permitir” actos “tendentes a justificar los crímenes de la dictadura franquista”.
No comunicar el hallazgo de restos humanos será una falta grave, igual que el traslado de material óseo sin autorización y la destrucción de elementos simbólicos en homenaje de las víctimas del franquismo, entre otros. Como infracción leve están las afecciones menores a Lugares o Rutas de Memoria Democrática del Estado español.
Las sanciones serán en proporción al daño causado. Consistirán en multas: de 6.001 a 50.000 euros para faltas muy graves, de 301 a 6.000 para infracciones graves y de 50 a 300 euros las leves. Las no pecuniarias consistirán en el cierro o clausura de locales o espacios donde haya exaltación del franquismo o en la pérdida de derecho a obtener subvenciones, bonificaciones o ayudas públicas por un periodo máximo de cinco años.
La creación del Instituto de la Memoria Democrática es otra pata útil para articular las políticas públicas en la materia. Tendrá dependencia orgánica de la Presidencia del Gobierno. Las enmiendas de UP aportan una “mejora técnica” en su “naturaleza y régimen jurídico” y las asociaciones de víctimas tendrán voz para elegir a sus integrantes.
