Cospedal se escuda en la “protección de datos” para no hablar de la militar espiada por el Ejército

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, se ha negado a comentar el caso de la cabo Teresa Franco, contra la que el Ejército del Aire ha abierto un expediente de “insuficiencia de facultades profesionales” que podría terminar con su expulsión de las Fuerzas Armadas. Esta evaluación se centra, en su mayor parte, en el papel de Franco como secretaria de Igualdad en la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) y en una vigilancia de su actividad en redes, que como ha publicado este medio, se ha dirigido por el Estado Mayor del Ejército del Aire a través de su Sección de Información Interna.

Cospedal, que ha tratado este martes el caso de la cabo en la comisión de Defensa del Congreso a petición del grupo de Unidos Podemos, se ha negado a posicionarse sobre el expediente ya que esto “podría vulnerar el derecho a la protección de datos” de Franco. “Cuando hay un procedimiento abierto, tengo la obligación como ministra de no intervenir. He de respetar la confidencialidad”, ha manifestado la titular de Defensa.

La ministra también ha expresado que el expediente se abrió tras una aplicación “objetiva” de la legalidad, puesto que éste llegó tras varios Informes Personales de Calificación (IPEC), que evaluaron negativamente el desempeño de Franco como militar. Su expediente, ha explicado, incluye información de la cabo desde 2012.

La oposición ha afeado la actitud pasiva de Cospedal y le ha recordado que, al ser el expediente de Franco un proceso administrativo, la decisión última de expulsar a la cabo le correspondería a ella. “Esta cámara no es cualquier foro público -ha espetado Irene Montero, portavoz de Podemos-, es la sede de la soberanía popular, y usted tiene la obligación de rendir cuentas”.

“Ojalá pueda asegurar que si de usted depende no se expulsará a la cabo Franco”, le ha solicitado Montero, que opina que la labor de esta militar como representante en su unidad de su asociación (la única figura disponible para que los militares defiendan sus derechos laborales colectivamente, puesto que la ley no les permite sindicarse) ha determinado la voluntad del Ejército del Aire de expulsarla. “Es muy grave que a una militar se la espíe, se la penalice o se cuestione su profesionalidad por ejercer sus derechos además de cumplir con su trabajo”, ha considerado.

La socialista Zaida Cantera también ha reprochado la posición pasiva de la ministra en el caso de la cabo. “¿Qué respeto tuvo su jefe con la ley orgánica de protección de datos cuando ordenó que se la espiara? No solo en las redes sociales, sino elaborando fichas de ella y de ésta que está hablando aquí delante de usted”, ha revelado la portavoz del PSOE.

Cantera, que ha aclarado que le une una amistad personal con Teresa Franco, ha querido puntualizar algunos de los comentarios de Cospedal respecto a las calificaciones negativas que ha recibido la cabo en los últimos tiempos. “Usted ha dicho que se basa en evaluaciones objetivas. Ya le digo yo que los IPECs no son objetivos, y lo sé porque los he puesto yo y también los han redactado sobre mí”, ha expresado la comandante retirada del Ejército de Tierra.

“¿Sabe cuándo comenzaron a ser negativos los IPECs de Teresa Franco? El detonante fue una denuncia por acoso laboral contra su superior”, ha informado Cantera.

El protocolo contra el acoso

La comparecencia de Cospedal ante la comisión de Defensa ha estado cargada de temas. La ministra ha tratado la cuestión de la repatriación de los restos de los españoles que combatieron junto al Ejército nazi en la II Guerra Mundial encuadrados en la División Azul; de los últimos accidentes de aeronaves militares; de la reforma de la ley de secretos oficiales (la actual data de 1969) y, relacionado con el caso de Teresa Franco, la lucha contra el acoso en las Fuerzas Armadas.

En este sentido, los grupos de la oposición han recordado a Cospedal que el Defensor del Pueblo ha decidido investigar de oficio el protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de género en las Fuerzas Armadas. Francisco Fernández, líder en funciones de la institución, se ha mostrado preocupado por “el aumento de casos y las carencias que se ponen de manifiesto” en los últimos informes que han evaluado el impacto de las unidades contra el acoso.

Cospedal ha dicho no sentirse sorprendida por la salida a la luz de un mayor número de este tipo casos. “Desde el momento en que empiezan a existir unidades contra el acoso, es más fácil que haya denuncias. Las denuncias tienen que crecer porque antes estas unidades no existían”, ha defendido, opinando que el entorno militar no es un punto negro de la sociedad en relación al acoso laboral o sexual, pese a la repetida publicación de casos en los medios de comunicación en las últimas fechas.

Además, ha hecho gala de que fue el Gobierno del PP el que puso en marcha el protocolo y las unidades contra el acoso en 2015 y ha esgrimido la cifra de que el impacto del acoso sexual en las Fuerzas Armadas es del 0,02%. Olvida la ministra que ese argumento es muy similar al que ofreció entonces su antecesor en el cargo, Pedro Morenés. Tras la salida a la luz del escándalo de acoso sufrido por Zaida Cantera, que aseveró que “el acoso sexual no existe en las Fuerzas Armadas” poco antes de aprobar el protocolo frente al acoso, forzado por la presión social.