Poca concreción, falta de PCR y muchos casos: las razones por las que Sanidad rechazó seis peticiones de pasar a fase 1

El Ministerio de Sanidad ha hecho por fin públicos los informes técnicos con los que autorizaron (o no) los cambios a fase 1 de la desescalada. Los elaboraron entre el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y la Dirección General de Salud Pública y Sanitarias en base a la información aportada por las comunidades. Los firma la directora de esta última institución, Pilar Aparicio, y se entregaron al ministro Salvador Illa, quien tenía la última palabra en la decisión. Tras reiteradas peticiones en las ruedas de prensa y alguna polémica con gobiernos autonómicos a lo largo de estas tres semanas, fueron publicados a última hora de este lunes.

En los documentos se pueden leer los argumentos que dio Sanidad a los líderes regionales para los progresos a fase 1 y para las permanencias en fase 0. Como ya se había explicado, no hay indicadores fijos, sino que cada estudio hace hincapié en algunas cuestiones particulares. Sí se ve como una constante la importancia que se otorga a la capacidad hospitalaria y de realización de tests de diagnóstico. Sanidad en un momento u otro denegó el pase a fase 1 a toda la Comunidad de Madrid, a Málaga y Granada, Toledo, Albacete y Ciudad Real, y algunas zonas de la Comunidad Valenciana. Desde ayer lunes 25 de mayo todas están ya en fase 1.

Qué pasó con Madrid

Primer intento: 8 de mayo

En la primera aplicación, cuya deliberación se produjo el 8 de mayo, la comunidad más polémica fue Madrid. Al contrario que Catalunya y que Castilla y León, pidió el pase para todo su territorio. Un día antes, el 7 de mayo, llegó a dimitir la directora de Salud Pública, Yolanda Fuentes, por no estar de acuerdo con hacerlo así. Ese primer informe de Sanidad, igual que en los dos posteriores, introduce que Madrid es una comunidad “densamente poblada”, en el que hay un intenso uso del Metro y de otros sistemas de transporte colectivos, y con una alta conectividad interprovincial e intermunicipal. Por todo eso, es una zona con la que tener “especial consideración”.

El 8 de mayo, la incidencia de casos en Madrid para los últimos 14 días seguía siendo de 58,3/100.000 habitantes. Un progreso que era “descendente”, más teniendo en cuenta que la zona, la más castigada durante esta primera oleada de COVID-19 –llegó a tener 976/100.000 habitantes– pero “por encima de la media nacional”. De las pruebas PCR que se hacían en el ámbito hospitalario, el 71% seguían siendo positivas; el 17,6% de camas de agudos eran para enfermos y el 42,7% de las de UCI eran para enfermos COVID-19, lo que se traducía en una presión todavía “moderada”.

Pero esas no eran los principales motivos para el primer 'no' que recibió Madrid. Era más problemático que la capacidad de PCR era aún de 1,6 por 10.000 habitantes, “puede ser insuficiente en caso de rebrote” y había que ampliarla. También que la Comunidad “aporta ideas” para un sistema de vigilancia de nuevos casos, pero “no describe su funcionamiento” ni “aspectos claves”, como los circuitos hospitalarios para no mezclar pacientes COVID y pacientes no COVID, que tienen que estar diseñados e implementados, y las formas de recabar informaciones (integración es la información, disponibilidad de tiempos, herramientas de uso…). El plan de desescalada, igual: lo presentaron “en desarrollo”, sin especificar “acciones implementadas”. Sí alabó Sanidad la capacidad hospitalaria y de despliegue que había demostrado Madrid, 72,2 camas de agudos y 2,9 de UCI por 10.000 habitantes, “muy por encima de lo establecido”, y el esfuerzo de las instituciones por informar a la población sobre la pandemia.

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Segundo intento: 15 de mayo

En la nueva ocasión que Madrid también empleó, del 15 de mayo, la situación había mejorado, pero aún no lo suficiente. La incidencia acumulada bajó a 39,74 pero seguía por encima de la media nacional (que era 25,71), y la positividad de PCR en hospitales también bajó del 71% hasta el 13%, un signo de la “reducción de la presión” y de la “descongestión”. Se había puesto en marcha un procedimiento de vigilancia “que comienza a ser eficaz”, observando muestras en 306 centros de salud de Atención Primaria, pero solo llevaba un recorrido de dos días. La proporción de sospechosos a los que se les hacía prueba PCR había aumentado en esos dos días del 32,9% al 57,8%, y eso “indica un esfuerzo, pero debe consolidarse”, se lee en el escrito que firma Aparicio. La capacidad PCR resultaba algo insuficiente porque los recursos estaban al límite: se hacían 9.918 al día en ese momento, “el 90% de su capacidad, que es de 10.977 al día”.

En ese momento, el 20% de las residencias de ancianos madrileñas seguían con el sistema de coordinación y asistencial al que están obligadas tras la pandemia. Y de nuevo, Madrid presentó, según describe Sanidad, un plan con buenas intenciones pero incompleto. Informaron de su estrategia para el aumento de personal para los sistemas de rastreo y seguimiento de contactos, pero “no hay detalles de los mecanismos” que garantizarían la dotación tanto de profesionales suficientes como de materiales. El número de camas de agudos y de UCI no se aumentó, pero, como ya decía Sanidad, era de por sí más que correcto. En resumen, aquella semana según el Ministerio, la Comunidad hizo “un esfuerzo importante”, pero debía consolidarlo.

Tras la segunda negativa, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, amenazó con llevar la decisión al Tribunal Supremo, pues ella consideraba que Madrid estaba lista. Sanidad dio luz verde al pase de Madrid en el informe del día 22 de mayo, cuando constataron con más detalle que los profesionales implicados en el rastreo habían aumentado de 36 a 169, que se habían hecho intervenciones sociosanitarias en residencias, y que las PCR habían aumentado hasta poder hacerse 15.529 diarias, llevándose a cabo 7.821, el 50,4% de su capacidad. La presión hospitalaria seguía descendiendo (11,4% camas de agudos para enfermos COVID, y 29,8% camas UCI para COVID), y la incidencia también, hasta 35,4 casos por 100.000 habitantes, aunque aún superior al resto del país. Las recomendaciones de Sanidad para Madrid en fase 1 son que sigan haciendo esfuerzos en el diagnóstico precoz de Atención Primaria y en el seguimiento de contactos de quien dé positivo.

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Andalucía

En Andalucía, Málaga y Granada fueron las dos provincias que se quedaron fuera del avance a la fase 1 a pesar de que el Gobierno autonómico solicitaba el pase excepto dos áreas concretas de Granada y una de Málaga. Estos distritos sanitarios contaban con un nivel de transmisión del virus superior al resto: se situaba entre los 15 y los 40 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, superior a los 6,6 del total de la comunidad. Sanidad descartó que solo estas zonas específicas se mantuvieran en fase 0, sino que lo aplicó a ambas provincias a pesar de la gran diferencia de la situación epidemiológica dentro de las mismas.

La razón es que la mayoría de los distritos de Granada y Málaga, esgrimió el ministerio en su informe, “colindan con los distritos que presentan una incidencia más elevada” y “no se puede garantizar el control de la movilidad entre ellos”. Por eso, se decidió “aplicar el criterio de precaución”. En el siguiente informe, que ya autorizaba el avance, Sanidad destacó “la mejoría notable” de la situación epidemiológica: en Granada, la incidencia acumulada de los últimos 14 días había pasado de 21,1 casos por 100.000 habitantes a los 7,8; y Málaga de 7,2 a los 3,8.

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Castilla-La Mancha

En la primera aplicación hubo dos provincias de Castilla-La Mancha que pasaron, Guadalajara y Cuenca, y tres que se quedaron en la fase 0, Albacete, Ciudad Real y Toledo, a pesar de que el gobierno regional lo pidió para todas. Desde el principio, el informe de Aparicio destacaba las grandes “diferencias interprovinciales”. Un ejemplo: la proporción de realización de PCR a casos sospechosos en hospital, algo clave en la transición para poder seguir contagios y sus contactos, oscilaba entre el 30,7% y el 86,5%. La accesibilidad media hospitalaria era correcta: 40,1 camas de hospital por 10.000 habitantes y 2,42 UCI. Había 90 profesionales en la región dedicados a la vigilancia epidemiológica en ese momento, y Sanidad observó un aumento “de la capacidad de realizar PCR y de recursos humanos”.

Lo que más destacan es que, en Cuenca y en Guadalajara, las dos provincias que promocionaron el 8 de mayo, el número de ingresos había sido “sustancialmente inferior” al que había habido en las otras tres. En esas dos provincias la incidencia acumulada por positivos vía PCR también era mucho menor. 4,5 y 3,1 casos por 100.000 habitantes en las dos primeras, y 14,9, 9,5 y 11,7 en las otras tres respectivamente. Castilla-La Mancha ha sido junto a Castilla y León, Catalunya y Madrid otra de las grandes golpeadas por esta primera oleada. En la siguiente convocatoria del 15 de mayo, también pasaron a fase 1 Toledo, Albacete y Ciudad Real, observando con mayor detalle las camas disponibles en cada una y constatando recursos adicionales como hospitales de campaña. La incidencia acumulada también se había rebajado en las tres.

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Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana había pedido el avance a la fase 1 de la desescalada en bloque, pero Sanidad se lo negó a 14 departamentos de salud de los 24 totales (un 70% de la población), una decisión muy contestada por el presidente autonómico, Ximo Puig. En el informe, Sanidad justifica que aún existe un nivel de transmisión del virus alta en algunas zonas, con tasas iguales o superiores a 50 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Al mismo tiempo, esgrime que se realizaron solo un 20% de PCR a los sospechosos y, aunque no entra a valorar la cifra, insiste en “la importancia de garantizar” que se diagnostica a todos. “Sobre todo, en áreas con mayor tasa de incidencia”.

Junto a ello, el ministerio apunta a que “según los datos de movilidad aportados”, existen “flujos de población intensos entre municipios que pertenecen a provincias diferentes”. Con estos factores y siguiendo el precepto de la evaluación global y conjunta que siempre ha defendido Sanidad, plantea una “desescalada fragmentada” del territorio atendiendo a una “ponderación de varios criterios de orden fundamentalmente epidemiológico, pero también sociodemográfico y de control de la movilidad”.

En el informe que autoriza el avance de toda la comunidad, fechado el 15 de mayo, Sanidad elogia el refuerzo que ha hecho la comunidad en Atención Primaria y Salud Pública y apunta a que “la situación epidemiológica ha mejorado y marca una tendencia favorable en el control de la transmisión del virus”. La tasa acumulada en los últimos 14 días en estos 14 departamentos pasó de los 50 casos a entre 10 y 15 por cada 100.000 habitantes. A fecha del informe, el porcentaje de PCR a sospechosos había aumentado en 10 puntos porcentuales: un 30%. No obstante, Sanidad seguía pidiendo “un esfuerzo” en la capacidad diagnóstica.

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Qué pasó en Castilla y León

Otras de las zonas a las que Sanidad rechazó el avance fueron 13 zonas de Castilla y León. La Junta había pedido una ampliación de las 26 solicitadas incialmente a 39, pero se mantuvieron en fase 0. A juicio de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, pudo deberse a una “cuestión de tiempo”. De hecho, el informe elaborado por Sanidad para esa primera remesa no explicita nada sobre estas áreas. En la segunda oportunidad ya pasaron 42 zonas básicas de salud de toda Castilla y León y en la tercera, esta misma semana, toda la comunidad. En los informes, el ministerio destaca la capacidad de hacer PCR (un 80% de los sospechosos en todas las provincias).