Save the Children alerta de que el 70% de las denuncias por abusos sexuales a menores no llegan a juicio
La mayoría de denuncias quedan en saco roto. La ONG de protección a la infancia Save the Children ha contabilizado que un 70% de los casos de abuso sexual a menores denunciados nunca llegan a juicio oral. El dato forma parte del informe Ojos que no quieren ver, hecho público este miércoles por la organización, que arroja conclusiones a partir del análisis de 200 sentencias dictadas entre 2012 y 2016.
El documento hace hincapié en que los abusos sexuales a niños y niñas constituyen un tabú difícil de romper y que “la mayor parte” corresponde a “aquellos que no son detectados”. De hecho, contabiliza el informe, “entre un 10 y un 20% de la población ha sufrido abusos en la infancia”, pero “solo un 15% de los casos se denuncian”. Una cifra que emana del silencio y los prejuicios a los que se refiere la organización y que “limitan la capacidad” del sistema para proteger a los menores.
Save the Children incide en que se trata de una realidad cada vez más visible con los años y cita los datos del Ministerio del Interior, según los cuales las denuncias se han incrementado un 15,8% en un año pasando de 3.052 en 2015 a 4.056 en 2016. No obstante, el informe perfila los fallos con los que, a su juicio, cuenta el sistema de prevención, judicial y protección y que provocan que “la mayoría de los casos sigan permaneciendo ocultos”.
“Los fallos son sistémicos y en muchas ocasiones tienen que ver con los prejuicios, que dificultan que lleguemos a soluciones efectivas”, ha afirmado Andrés Conde, director general de la ONG. “De hecho, es un problema mucho más extendido de lo que creemos y mucho más cercano de lo que la población en general cree”, ha proseguido.
Ana Sastre, la directora de políticas de infancia, ha lamentado que la denuncia no sea siempre garantía de protección y ha alertado de que, de media, los abusos duran cuatro años, según las sentencias analizadas. “Es uno de los fallos del sistema, la detección. Tarda mucho en ayudar e intervenir”, ha dicho Sastre, que ha anunciado, además, que el proceso judicial “dura de media tres años”.
El derecho del menor a ser escuchado
En el procedimiento los niños y niñas suelen verse obligados a repetir su declaración en más de una ocasión, cuentan con el riesgo de encontrarse con su agresor o están inmersos en juicios a puerta abierta. Circunstancias que, dice Sastre, “puede agravar más las consecuencias del abuso y revictimiza al menor”.
“Además del trauma que supone para el niño, declarar en estas condiciones suele llevar a que los testimonios no sean tenidos en cuenta y el caso sea sobreseído, provocando que el abusador pueda seguir en contacto con el niño”, asegura la organización en una nota de prensa. El informe identifica la desconfianza en el menor como una de las claves que derivan en esta situación de desprotección.
“No se cuida como debería el derecho del niño a ser escuchado en los procesos judiciales. Sin embargo, la literatura científica concluye que los menores tienden más a negar lo que les ha sucedido que a inventar lo que les ha sucedido”, ha esgrimido la directora de políticas de infancia. Que no se les crea, ha dicho, “es un problema porque en un alto porcentaje de las ocasiones su testimonio es la única prueba”.
Para evitar que el menor deba repetir una y otra vez su vivencia, con las consecuencias emocionales que ello puede conllevar para él, Save the Children demanda que se grabe como prueba preconstituida. Sin embargo, esta prueba solo se ha aceptado en un 14% de los casos, según los 22 dictámenes evaluados.
El informe también arroja datos sobre el perfil de los abusadores, la mayoría varones (un 86%) y que forman parte del entorno conocido del niño o de la niña (un 60%). “No son monstruos ni enfermos mentales y no es algo que ocurra solo en determinadas capas sociales. Es un fenómeno transversal”, ha concluido Conde.
