El pacto de Estado contra la violencia machista considera también víctimas a las mujeres que no han denunciado
Los grupos de la subcomisión del Congreso para alcanzar un pacto de Estado contra la violencia de género apuran los plazos para cerrar el acuerdo definitivo. Está previsto que el lunes se complete el texto de 200 medidas que está casi listo, aunque hay aún “debates centrales pendientes”, según fuentes parlamentarias consultadas por eldiario.es.
El pacto de Estado se dotará con un presupuesto de 1.000 millones de euros en cinco años, pero todavía no se ha desglosado qué inversión se destinará a cada medida. Solamente la inversión global. Los grupos parlamentarios se han dividido el trabajo para continuar con él este fin de semana “telemáticamente” hasta que vuelvan a juntarse el próximo lunes. Hay todavía pendientes “debates de fondo que nos hemos dado cuenta de que había que solucionar al estructurar las medidas”, admiten desde Unidos Podemos. También falta por redactar la exposición de motivos y revisar que el lenguaje sea inclusivo y no sexista.
Este grupo de trabajo ha estado reunido intensivamente los dos últimos días “con confrontación y desacuerdos” que han complicado cerrar un texto conjunto, según fuentes consultadas por eldiario.es. Se está trabajando sobre un documento base redactado por el PP, con la revisión una a una de todas las propuestas, su modificación y su reordenación.
Entre las medidas completamente cerradas, destaca la reestructuración del sistema de atención social a las mujeres que no han interpuesto denuncia por violencia de género. Esto supondrá la modificación de la ley de régimen local para que los ayuntamientos recuperen las competencias en promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y en materia de violencia de género, así como el cambio de los criterios de acreditación de la condición de víctima para poder acceder a una asistencia social integral.
La acreditación como víctima de maltrato se podrá hacer a través de sentencias que declaren que la mujer ha sufrido cualquiera de las formas de violencia definidas en la ley, orden de protección vigente o resolución judicial que hubiera acordado este tipo de medida, informe del fiscal, atestado policial, informe médico o psicológico o informe de servicios públicos con capacidad de identificar estas situaciones.
Para activar el sistema de acompañamiento de la mujer y evitar su desprotección, los grupos han planteado la creación de unidades de apoyo en el ámbito local, regidas por los principios de atención permanente, actuación urgente y especialización en las prestaciones, que estarían a cargo de un equipo multidisciplinar de profesionales.
ERC, PNV, PDeCAT y Compromís han logrado que se incluyera en el texto una referencia a las competencias de las comunidades autónomas en materia de violencia de género.
Pendiente de los votos particulares
Los grupos han acordado también la creación de una comisión no legislativa en el Congreso para el seguimiento del pacto de Estado, que entre otras competencias podrá hacer un seguimiento presupuestario y fiscalizar la puesta en marcha de las medidas.
La previsión es que la subcomisión se reúna el próximo lunes 24 de julio para la lectura y aprobación del documento. Y el viernes se someterá a la aprobación de la Comisión de Igualdad, donde los grupos parlamentarios podrán presentar sus votos particulares con aquellas cuestiones que han quedado fuera del acuerdo como la gestación subrogada.
