Los ancianos desahuciados a los que Carmen Martínez puso rostro

Carmen Martínez, la mujer de 85 años desahuciada en el distrito madrileño de Vallecas, ha puesto cara a uno de los dramas de la emergencia habitacional que denuncian a diario las plataformas en defensa de una vivienda digna. Al igual que Carmen, otros ancianos ven sus hogares presos de bancos u otras entidades que concedieron un préstamo a sus hijos o a algún otro familiar que los nombró avalistas. Cuando sus familiares no pueden hacer frente a la deuda, los bancos exigen la vivienda de los ancianos para saldar el préstamo. Es la historia de dos desahucios encadenados, dicen en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que denuncia que no hay ninguna respuesta institucional para estas personas.

A Jorge y María, de 75 y 73 años, respectivamente, no les costó ponerse en la piel de Carmen el pasado viernes. María lloraba en Barcelona al igual que Carmen en Madrid cuando la mujer tuvo que abandonar el que fue su hogar durante más de 50 años.“Tenemos miedo de que un día nos digan que no podemos seguir en esta casa. Mi marido está muy mal y él se maneja bien aquí porque la conoce bien”, cuenta María. Ellos también llevan en su casa medio siglo, “y está pagada desde hace unos 45”, apunta la mujer, con el dinero que ganaba Jorge como camionero autónomo.

Ahora su casa es de Catalunya Caixa. En 2007, la hija del matrimonio no podía hacer frente a un préstamo de 76.000 euros, por lo que hipotecó la casa de sus padres. Cuando no pudo pagar las cuotas mensuales, en 2009, el banco recalculó el préstamo y amplió la deuda hipotecaria en 21.000 euros más. “A partir de entonces, Jorge y María tenían que pagar la deuda cada mes; una cantidad que el banco rebajó durante cinco años a 275 euros”, explica Noemí Tudela, del Punto de Encuentro de Afectados por la Crisis (PTAC), que junto a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha asesorado a los ancianos. Finalizado ese plazo, la entidad les escribió una carta con un aumento de las cuotas hasta unos 600 euros y el matrimonio de ancianos no pudo seguir pagándolo.

“Es que no podíamos porque, aunque poco, algo tienes que comer”, dice María. La anciana detalla hasta los céntimos de la pensión de su marido, 733,59 euros. A la cifra le siguen una larga lista de gastos: “unos 100 euros todos los meses en medicamentos, la luz, el agua, la comida, los seguros...”, enumera María.

Jorge pasó por el quirófano hace poco, por la próstata, pero además acarrea otros problemas de salud que lo convierten en una persona “totalmente dependiente de María” —afirma Noemí Tudela—. “No se abrocha un botón sin su mujer”. La PAH ha difundido un vídeo en el que los ancianos explican el infierno que han soportado los últimos años. Jorge es diabético y perdió totalmente la vista de un ojo y la mitad del otro. La desesperación llevó a la mujer a un punto límite hace dos años e intentó suicidarse: “Es que es en lo único que piensas. No tengo esperanzas de que esto se solucione. Veo que el problema siempre está igual y que en el banco no te responden”, dice María.

Tras negociar en varias ocasiones, acordaron con el banco la dación en pago de su vivienda, tasada hoy por la entidad bancaria en 113.000 euros. “Cuando se hizo el primer préstamo tenía un valor de 236.077 euros”, señala Noemí. Ahora la familia lucha para poder vivir en el hogar de toda su vida con un alquiler social asequible, “entre los 50 a 100 euros de por vida”, pide la anciana. El banco exige 275. María no entiende por qué no les rebajan el precio para que puedan pagar “durante los pocos años que vamos a vivir” si ya van a cubrir la deuda (unos 90.000 euros) con su casa.

Fuentes de Catalunya Caixa aseguran que “dan respuesta a todos los casos, con más de 12.000 daciones en pago y 3.000 alquileres sociales”. No se pronuncian sobre casos en concreto, por lo que no explican el estado de la negociación con María y Jorge. “Pero la entidad no desahucia a familias de su vivienda habitual desde noviembre de 2012”, afirman. Noemí no comprende entonces por qué alargan todo este proceso tan doloroso si el matrimonio va a continuar en su piso. “Es una estafa de un banco rescatado por 12.000 millones de dinero público, que pagamos todos”, añade la activista.

Una respuesta institucional insuficiente

La situación del Jorge y María, así como la de Carmen, no es infrecuente en las asambleas de la PAH. “En Barcelona, este verano pasado, desahuciaron a una abuela que vivía en su casa con la hija y sus tres nietos, que ya habían sido desahuciados de una vivienda de la que la anciana era avalista. Ocupamos la sede del distrito y gracias a la protesta y a la presión mediática se vieron obligados a ofrecer un realojo”, cuenta Carlos Macías, de la PAH de Barcelona.

Para el activista, la Administración no ofrece ninguna alternativa para estos afectados. Los gestos aislados, como el piso que tanto el Ayuntamiento de Madrid como el Ministerio de Economía ofrecen ahora a Carmen, responden al ruido mediático. “Pero eso no puede ser así porque la PAH no puede montar siempre acciones para evitar un desahucio. ¿Y qué pasa con las personas que no acuden a las plataformas de afectados?”, plantea Macías.

“No hay respuesta institucional para ancianos ni para el resto de personas amenazadas por un desahucio”, señala Carlos Macías, que repasa las medidas del Gobierno para hacer frente a las ejecuciones hipotecarias. Frente a las 6.000 viviendas que componen el Fondo Social de Vivienda creado por el Ejecutivo en plena crisis, los últimos datos sitúan solo a 1.400 familias como beneficiarias de los alquileres reducidos de este fondo. “Hay 3,5 millones de casas vacías, muchas de bancos rescatados con dinero público, y más de 300.0000 personas desahuciadas desde 2008. La moratoria del Gobierno es más bien una falsa moratoria, con solo un 8% de personas que se han podido acoger”, afirma.

Una de las críticas a las medidas del Gobierno se centra en unos requisitos demasiado estrictos. En los supuestos de especial vulnerabilidad que contempla el Fondo Social de Vivienda y la moratoria de ejecuciones hipotecarias, los ancianos son olvidados. “No existe nada concreto para ellos” —apunta Macías—, “solo se podrían acoger si tuvieran una discapacidad, pero si se trata de un abuelo que no se encuentre en esa situación, no tiene ninguna medida especial para él”.

Las familias con hijos pequeños y las monoparentales forman algunos de los supuestos especiales contemplados en las medidas del Ejecutivo, por ejemplo. “Pero a la vista está que las medidas no son efectivas”, recuerda el activista.

En las plataformas de afectados exigen un compromiso real de las instituciones dada “la emergencia habitacional que vivimos”. Recuperan las exigencias de la ILP rechazada por el Partido Popular, que amplía la cobertura social para las personas involucradas en un proceso de desahucio. “En los casos de ancianos que hemos luchado se suele exigir al banco que tome la dación en pago de la vivienda de la persona adeudada y que los padres mantengan su casa”, explica Macías. En la mayoría de los casos, afirma, han tenido éxito.

Pero el banco aplica una estrategia de desgaste y con las personas mayores los activistas observan que, si no saben manejar mucho estos temas, “intentan liarlos”. “Y hablamos de personas mayores, cuyo planteamiento es morir en su casa. Es un impacto muy grande”, denundia Macías.

“Llevamos muchos años de sufrimiento y lo que queremos es poder vivir lo que nos queda en nuestra casa. Cuando nos muramos ya nos da igual, que se la queden”, concluye María.