Siete años esperando la verdad
Desde el mismo momento en el que se estrellaron contra una curva del subsuelo valenciano, los 43 muertos y 47 heridos del accidente de metro de 2006 han sido un estorbo para la Generalitat Valenciana. Lo fueron desde el primer minuto porque la tragedia tuvo lugar tres días antes de la visita del Papa, un acontecimiento al que el Gobierno valenciano había dedicado toneladas de propaganda y de dinero público, y sobre el que intentaron evitar que la tragedia hiciera sombra. Lo son, sobre todo, porque los familiares de las víctimas no se creyeron las conclusiones de la investigación oficial sobre el suceso y pelean desde entonces para que se siga indagando.
Las víctimas han mantenido una resistencia incansable durante los siete años que han pasado desde el suceso. Han buceado en todos los posibles puntos oscuros de la seguridad de la red de metro valenciana a través de entrevistas con técnicos y personal de FGV (la empresa pública de ferrocarriles de la Generalitat Valenciana), consultas a otros especialistas ajenos a esta compañía, y búsqueda y lectura de informes. Además, celebran una concentración cada día 3 para recordar a la sociedad valenciana que, desde su punto de vista, a ellos todavía no les han explicado por qué murieron sus familiares y, por tanto, no están seguros de que se hayan puesto los medios para evitar otra tragedia similar.
Pretenden llamar la atención sobre la escasa entidad de la investigación que se llevó a cabo en su momento. La comisión parlamentaria se hizo el mismo mes de la tragedia, julio de 2006. Duró cuatro días en los que declararon 32 comparecientes. La conclusión fue que el accidente se había debido a un fallo del conductor, que también murió. La oposición calificó de “fraude” la comisión, porque el PP rechazó algunas comparecencias como la de expertos de metro de otras ciudades. Hubo, además, una instrucción judicial que se archivó sin que llegara a haber juicio. Los familiares reprochan a la jueza que solo manejó la información que aportó FGV.
Los frutos de la resistencia
La perseverancia de las víctimas, agrupadas en la Asociación Víctimas Metro 3 de Julio, ha atraído hacia su causa el interés de los medios. Como consecuencia, en los últimos meses ha habido un goteo de novedades. En febrero de 2012, el Mundo desveló que los técnicos y directivos de FGV que fueron interrogados en la comisión parlamentaria habían sido aleccionados por una consultora privada que había sido contratada por la empresa gestora del metro.
Los comparecientes recibieron instrucciones para que “le pregunten lo que le pregunten” cotestaran que “ha sido un accidente, cuya causa ha sido el exceso de velocidad y que (...) no puede ser atribuido a ninguna deficiencia técnica”, según un informe de la consultora. Esta estrategia contradice las palabras que la gerente de FGV en aquel momento, Marisa Gracia, pronunció durante el desarrollo de la comisión. Con aire ofendido y airado movimiento de manos, Gracia negó cualquier estrategia de ocultación: “Lo que parece es que si no les gusta que no nos contradigamos, o que no digamos lo que ustedes quieren oír es que nos hemos puesto de acuerdo para decir algo, y no es así”.
Empleo a cambio de silencio
La última gran revelación en torno al caso ha tenido lugar este mismo mes. La productora Barret elaboró un documental en el que los familiares de varias víctimas contaban cómo Juan Cotino -miembro del Gobierno valenciano en 2006 y actual presidente de Les Corts Valencianes- les ofreció un puesto de trabajo, para, a renglón seguido, preguntarles por sus intenciones en la instrucción judicial. Cotino, por su parte, ha rechazado hacer declaraciones al respecto.
El aparentemente envenenado ofrecimiento de Juan Cotino resultó ser uno de los pocos contactos que las víctimas tuvieron con la Generalitat. La asociación esperó durante años a que Francisco Camps los recibiera, pero el expresidente dimitió sin hacerlo. Sí los recibió su sucesor, Alberto Fabra, aunque mantuvo su negativa a reabrir la investigación. El nuevo mandatario comunicó a las familias que consideraba suficientes la comisión parlamentaria y la instrucción judicial ya cerradas.
Algo que “sólo pasa una vez en la vida”
La falta de sensibilidad de Camps hacia los familiares fue una humillación que se sumó a la que supuso la cobertura de Canal 9 del accidente. Según se puede observar en otro de los documentales de la productora Barret, la televisión pública mantuvo el despliegue previsto para la visita del Papa, de manera que los presentadores de los informativos comunicaron las cifras de muertos en un plató especial preparado para el evento religioso. Además, Canal 9 hizo reportajes como el emitido tres días después de la tragedia, en los que se aseguraba que el accidente había fortuito, una suma de factores que “sólo pasa una vez en la vida”.
Ante la falta de respuestas de la administración, los familiares de los muertos y heridos del accidente siguen sumando apoyos y atención mediática. La productora Barret ha puesto en marcha una web que pretende ser “una comisión de investigación virtual, transparente y participativa”, según Vicent Peris, uno de sus periodistas. Por su parte, el programa Salvados dedicará este domingo uno de sus reportajes de investigación al asunto.
Los familiares esperan que este resurgimiento de la atención sirva para obligar a los responsables políticos a que reaccionen. “Queremos que se conozca la verdad, y que sea investigada completamente por personal cualificado”, explica Enric Chulio, viudo de una de las fallecidas. “En cuanto a las responsabilidades políticas que se deriven, las seguimos exigiendo, pero tenemos pocas esperanzas de que se asuman”, concluye.
