Las comunidades autónomas aportaron en 2019 el 83,9% del presupuesto total del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), 7.221 millones de euros, mientras el Estado contribuyó con el 16,1%,1.368 millones de euros. Se trata del porcentaje más bajo que aporta la Administración Central desde que se aprobó la Ley de dependencia, en 2006. Sale todo de un nuevo informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, referente en el sector, que analiza los datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Según la misma ley, el porcentaje de financiación que aportan Estado y comunidades debería estar al 50%, pero año a año la diferencia se ha ido ensanchando –en 2009 el Estado daba el 53,2%; en 2018, el 20,3%–.
“La financiación estatal se estancó tras los recortes de 2012 e incluso su participación porcentual bajo con respecto al año anterior, siendo el valor más bajo de la historia de la Ley de Dependencia. Es obvio que –independientemente de la inestabilidad política– alguien ha considerado otras prioridades”, diagnostican desde la Asociación. La Asociación señala como motivo del “retroceso de Sistema” que observan a partir de este y de otros indicadores, además de al lastre de los recortes de 2012, a la falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE) desde 2012.
Este mismo martes, el Gobierno ha presentado su proyecto de ley de PGE, que tendrá que salir adelante en las Cortes. Pablo Iglesias ha adelantado –a la espera del documento definitivo, que se hará público mañana– que incrementarán en un 46% la aportación del Estado al Sistema de Dependencia, una inyección de 600 millones de euros. Será “para reducir las listas de espera y mejorar las prestaciones por dependencia, revirtiendo los recortes perpetrados en 2012”. El Ministerio de Derechos Sociales quiere aplicar un “plan de choque” para la dependencia, que ya anunciaron hace un mes y que tienen que concretar con las comunidades autónomas. 2020 está siendo un año que ha golpeado fuertemente a los usuarios del sistema. En solo ocho meses ya murieron más personas en lista de espera que en todo 2019.
Para el sector, 600 millones siguen siendo insuficientes. El presidente de la Asociación, José Manuel Ramírez explica que “600 millones es un avance, pero no deja de ser un anuncio”, sobre todo porque esa cantidad pasaría a cubrir el 22% del Sistema, todavía lejos del objetivo del 50%. Ellos, y otros agentes autonómicos, calculan que lo necesario son 1.500 millones y, también, que no se inyecten por vía de los PGE sino por real decreto. “Esto entraría en vigor a mediados del año que viene mientras en España en lo que va de año ha muerto una persona dependiente cada ocho minutos”, sigue Ramírez. Es decir, piden el aumento de la financiación por vía de urgencia, no sujeto a la negociación de los presupuestos: “Siempre es mejor aumentar que reducir, el PP desde 2012 recortó. Pero tenemos que hacer esa valoración”-
La Asociación denuncia asimismo la “acusada desigualdad territorial”, habitual en lo destinado a la dependencia. La que más invierte es Euskadi, 368 euros por habitante y año, seguida de Extremadura (286) y Castilla y León (261). Las que menos, Canarias (95 euros), Galicia (142) y Baleares (143). La que más incrementaron su presupuesto respecto a 2018 han sido Baleares (subió un 32%), Comunidad Valenciana (18%) y, a pesar de que su total vaya a la cola, Canarias (16%). Las que menos fueron el Principado de Asturias, un 0,3% menos, Extremadura, solo un 1,6% más, y Catalunya, un 2,2%. La Comunidad Valenciana fue también la que ha logrado el mayor aumento cuantitativo en sus políticas sociales en los últimos diez años, por lo que el presidente de la Asociación ya reconoció al actual gobierno autonómico y su avance de “espectacular”. Por contra, en otras ocasiones ya han alertado sobre el retroceso en políticas sociales de los últimos años en Catalunya.
El resultado final de todo el recorte presupuestario es “la imposibilidad para las comunidades autónomas de atender lo que tienen por delante”. La lista de espera de personas que tienen reconocida un grado u otro –I, II o III– de dependencia asciende a 234.000 ciudadanos. Hay otros 147.000 que han solicitado una valoración pero todavía no han sido examinadas –de media, el 80% acaba con la dependencia reconocida–. La lista de espera sí se ha reducido algo en 2020, recuerdan desde la Asociación, pero no por algo bueno sino porque ha habido, calculan, 43.275 fallecidos en las listas de espera de la dependencia en este año de pandemia de COVID-19, “27.116 fallecidos en el ‘limbo de la dependencia’, personas que tenían derecho a recibir una prestación y fallecieron sin recibirla y 16.159 que murieron a la espera de ser valorados”. El total de personas que sí están atendidas, a 30 de septiembre –el último informe del Imserso– es 965.592.
“La financiación de la dependencia se recortó por la vía de un Decreto-ley en 2012, es decir, apelando a circunstancias de ”extraordinaria y urgente necesidad“, recuerdan. ”La aparente imposibilidad de atender a las personas más vulnerables está generando una situación tan cruel como la que provocó aquel Decreto. Situación que no termina de ser considerada, de “extraordinaria y urgente necesidad”, ya que no llega ese “ansiado” decreto ley, sintetizan desde la Asociación.