Bruselas avisa de los “impactos adversos” en el medio ambiente de las bolas de plástico que la Xunta ve inofensivas

La Comisión Europea advierte de los riesgos de la contaminación de microplásticos como los que han inundado las costas gallegas suponen para el medio ambiente, a pesar de que la Xunta ha minimizado el asunto al asegurar que esas bolas “no son tóxicas ni peligrosas” y había evitado hasta este martes elevar el nivel de emergencia, que permite contar con los medios del Estado para las labores de limpieza.

El gobierno comunitario ha asegurado que la gestión del problema corresponde a las autoridades nacionales, pero ha reconocido que es “plenamente consciente de los impactos adversos causados por la contaminación de microplásticos y, en particular, por las pérdidas de 'pellets' de plástico en el medio ambiente”.

Así se ha pronunciado un portavoz de la Comisión Europea sobre la inundación de esas partículas en las costas de Galicia. De hecho, ha recordado que Bruselas ya propuso una regulación el pasado mes de octubre para prevenir de la contaminación de los microplásticos. El objetivo de esa normativa, que se está negociando con el Parlamento Europeo y los 27, es recortar los vertidos entre un 54% y un 74% para “reducir la contaminación por microplásticos, preservar los ecosistemas y la biodiversidad” y, asimismo, constituir una “medida preventiva frente al riesgo potencial para la salud humana”. La ONU ha hecho un planteamiento similar.

Lo que ha dejado claro la Comisión Europea es que corresponde a las “autoridades nacionales” la gestión de la situación tanto a la hora de llevar a cabo las medidas “inmediatas” que correspondan así como su evaluación y posible investigación en caso de que haya indicios de un crimen medioambiental. La Fiscalía ya ha abierto diligencias y ha advertido del “riesgo de toxicidad” que el gobierno regional de Alfonso Rueda descarta.

La Comisión Europea se ha pronunciado sobre el asunto en respuesta a los periodistas, que han preguntado si presta algún tipo de asistencia o si le preocupa la situación; pero también varios grupos políticos han elevado el asunto a Bruselas.

Los socialistas piden un “protocolo europeo” ante la situación

Los socialdemócratas han solicitado una reunión al comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevičius, para abordar el asunto y le han pedido que “considere activar un protocolo europeo a la vista de que la contaminación por pellets plásticos afecta a varios Estados miembros”. En la carta, firmada por los españoles Nicolás Casares y César Luena, avisan de que la pérdida de seis contenedores cargados de pellets frente a Portugal “está contaminando las costas de Galicia y se ha extendido a las del norte de España y aparentemente de Francia” y aprovechan para arremeter contra Rueda, a quien acusan de “descoordinación y negación de una situación de emergencia por contaminación”.

También la representante del BNG, Ana Miranda, ha solicitado una reunión a la Comisión Europea y ha reclamado la 2urgente inclusión del Corredor de Fisterra como zona altamente sensible para la OMI“. ”Esto ayudaría a establecer normas más estrictas y garantizar una mayor responsabilidad por parte dos operadores de embarcaciones y del control del tráfico marítimo, contribuyendo así a la protección a largo plazo de nuestro entorno marino“, ha apuntado Miranda, que también ha exigido a Bruselas una evaluación económica de las consecuencias medioambientales.

Por su parte, el eurodiputado de IU Manu Pineda ha pedido a la Comisión Europea una investigación de lo ocurrido: “Están fallado todos los eslabones de la cadena. El protocolo se activó tarde, una vez activado no se ha dotado de medios suficientes, y ahora, en vez de elevar el grado de emergencia para contar con la ayuda del gobierno central el PP prefiere hacer cálculos políticos”. También la parlamentaria de Sumar María Eugenia Rodríguez Palop ha formulado una pregunta por escrito al gobierno comunitario en la que interroga sobre las posibles actuaciones ante la “inactividad de las autoridades regionales” y también cuestiona que las “exenciones y derogaciones” a “determinadas empresas e instalaciones de tratamiento” recogidas en su propuesta legislativa “permitirían reducir significativamente la contaminación actual”.