Quitarle “de los Diputados” al Congreso para hacerlo inclusivo, una idea que colea desde hace 15 años en el Parlamento

No es la primera vez que surge el tema, pero esta cuenta con el apoyo explícito de la vicepresidencia primera del Gobierno. La Premio Nacional de Historia 2019, Anna Caballé, envió el 19 de enero una carta en nombre de la Asociación que dirige, Clásicas y Modernas (CyM), a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, pidiendo el cambio de la denominación Congreso de los Diputados por solo eso, Congreso. “La hegemonía masculina se ha quebrado, el dominio del patriarcado sobre la cultura y el lenguaje ha llegado a su fin”, dicen. Carmen Calvo, vicepresidenta, ha declarado en la Cadena SER que le parece bien: “Se debería llamar Congreso solo, igual que el Senado. No de los Diputados, si no, a ver qué hacemos ahí las diputadas”.

Desde CyM lo proponen por dos motivos. El primero, que “la denominación actual puede interpretarse como redundante”; ya se entiende que el Congreso acoge a los diputados y diputadas. El segundo es también el principal: aunque, al formarse en 1978, esa denominación pudo ajustarse a la realidad por la “amplísima mayoría” de varones en el hemiciclo, ahora “las formas deben reflejar adecuadamente los cambios profundos y sustanciales que ha experimentado la sociedad española”. Actualmente, hay 153 diputadas en la cámara, el 43,7% del conjunto de legisladores. “Es lógico que la lengua marche acorde con nuevas realidades. No es pedir la luna, es simplemente reconocer que las mujeres existimos, como ciudadanas, españolas y algunas como diputadas”, explica Caballé a este periódico.

La iniciativa surgió de la vicepresidenta de honor de CyM, Juana Serna, hace unos meses, y fue apoyada unánimemente por la junta, relata Caballé. “La inestabilidad política nos hizo aguardar un momento más oportuno para plantearlo”, cuenta la también profesora de Literatura en la Universidad de Barcelona. Y añade que “si se la considera viable estaremos a disposición de la Cámara en lo que haga falta”, en referencia a los mecanismos necesarios para acometer la modificación. Podrían acarrear una reforma constitucional, ya que la institución está mencionada en la Carta Magna como 'Congreso de los Diputados' en más de una ocasión.

En otros países de habla española, como Chile o Argentina, se le llama también en masculino (Cámara de Diputados). En otros se usan otras fórmulas, como Asamblea Legislativa (Ecuador), Asamblea Nacional (Venezuela) o Cámara de Representantes (Colombia).

La iniciativa llegó en 2004 por parte de CiU

La idea de quitarle el apellido al Congreso lleva debatiéndose en la Cámara Baja desde 2004. La entonces llamada Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer y la Igualdad de Oportunidades vio el 2 de noviembre una proposición no de ley presentada por Convergència i Unió (CiU) para acortar el nombre de la institución con el objetivo de eliminar la “discriminación lingüística” por razón de sexo y evitar que las diputadas fueran “invisibles”, argumentaba la formación.

La iniciativa para instar al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a adaptar todas las leyes a lenguaje inclusivo fue aprobada por unanimidad, incluido modificar el nombre del Congreso cuando se reformara la Constitución. Sin embargo, en el debate se dieron diversidad de opiniones y algunas fuerzas políticas mostraron su preferencia por cambiar la denominación por “Congreso de los Diputados y las Diputadas”. La exigencia de la Comisión se quedó ahí. En 2011, PSOE, PP y UPN acordaron cambiar el artículo 135 de la Carta Magna, pero este cambio sin embargo no se produjo.

12 años más tarde, en octubre de 2016, Compromís y Podemos aprovecharon el Día Internacional de la Mujer para recuperar la propuesta. La coalición de ámbito valenciano presentó una proposición no de ley para instar a esta modificación y asegurar el uso de “un lenguaje no discriminatorio en el trabajo que envuelve la vida parlamentaria”, rezaba el texto. Entonces, Celia Villalobos, diputada del PP, calificó la idea de “tontería”.

Poco más de un año después, en febrero de 2018, la iniciativa fue aprobada con el voto en contra del PP y Ciudadanos. Esta última formación había argumentado en el debate que el cambio “no le corresponde en exclusiva” a la Comisión de Igualdad y propuso nombres alternativos como Parlamento o Congreso de Representantes. Como ocurrió en 2004, ese texto supeditaba, la modificación al momento en que se acometa una reforma de la Constitución.

Surge a la vez que el informe de la RAE

La carta de CyM llega en la misma semana que la Real Academia Española (RAE) ha emitido el informe sobre lenguaje inclusivo que les pidió Calvo en verano de 2018, entonces con competencias en igualdad. Está muy relacionado pero ha sido “pura casualidad”, arguye Caballé. La RAE defendía que el masculino plural que se utiliza en la Carta Magna de manera genérica era lo suficientemente inclusivo como para no tener que reformarla, tampoco en lo referido a los “diputados”. Aunque acepta como válidas otras opciones por motivos “políticos” y no lingüísticos, como el desdoblamiento (“diputados y diputadas”). Calvo ya advirtió el lunes, cuando se presentó el informe, que las conclusiones no le gustaban demasiado: sostenía que el lenguaje ha avanzado en la “calle” y “no está en manos de nadie pararlo”.

Desde CyM, Caballé entiende que la RAE “siempre tiene una posición conservadora ante cualquier innovación o reforma de los usos lingüísticos”. Caballé piensa parecido a Calvo: “Vivimos tiempos donde todo va muy rápidamente y es lógico tomarse su tiempo. La RAE se lo ha tomado con el informe. Pero deberían comprender que el peso del masculino genérico es abrumador y revela un imaginario legal donde los legisladores no se plantearon la presencia femenina, a la mujer como sujeto político. Se habla de españoles y de ciudadanos en todo el articulado. No se concibe que pueda haber una reina, una heredera o una princesa de Asturias, aspectos que necesariamente hay que corregir por razones obvias (y la RAE así propone), como no se concebía una diputada”.

A título personal, la Premio Nacional comprende “la necesidad de procurar una economía lingüística que no convierta el lenguaje en una expresión cansina e inercial, farragosa. Pero de ahí a que las mujeres carezcan de la menor visibilidad en la Carta Magna por quedar, por defecto, incluidas bajo un paraguas sistemáticamente masculino va una distancia muy considerable. Y lograremos acortarla”.

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