El pasado 2 de septiembre se abría en Aviñón el juicio a Dominique Pelicot y a los otros 50 acusados de violar a su ya exesposa, Gisèle Pelicot. Un proceso que acapara el interés mediático, en Francia y fuera de sus fronteras, en gran parte por la voluntad de la víctima para que se celebre ante el público y la prensa. Así, la mediatización del caso está haciendo que se plantee en la sociedad francesa un debate sobre la cultura de la violación y sobre las lagunas del sistema judicial en cuanto a las violencias sexuales y de género.
Esta misma semana, Gisèle Pelicot declaró por segunda vez para poder hablar tras la presentación de pruebas. “Soy una mujer destruida y no sé cómo me voy a levantar”, dijo después del testimonio del principal acusado, su marido. La víctima, que insiste en que las vistas sean públicas, afirmó ante el tribunal: “Agradezco que me dé la palabra, porque desde hace ocho semanas me he sentido herida.
Bajo porcentaje de denuncias
En Francia solamente el 6% de las víctimas de agresiones sexuales denuncian los hechos y solo un 0,6% de las violaciones o intentos de violación denunciados acabaron en condena. “Las cifras de las violencias sexuales y de género en el país son alarmantes y revelan la amplitud de este fenómeno social”, denunciaba este mismo año Amnistía Internacional (AI).
La organización señalaba también que cuando víctimas se deciden a dar el paso, a menudo tienen que enfrentarse a preguntas culpabilizadoras por parte de policía, fiscales y jueces; a la minimización de la gravedad de los hechos o una inversión en la responsabilidad de la agresión, que pone el foco en la víctima en lugar del acusado. “Hoy las víctimas de violación que obtienen justicia solo lo consiguen después de un largo y doloroso combate. La cultura de la violación tiene que dar paso a la cultura del consentimiento”, concluye AI.
Mismo diagnóstico por parte del Consejo de Europa, que ya en 2019, publicó un informe que acusaba a Francia de dar respuesta penal insuficiente a las violencias contra mujeres en general y por su definición de la violación en particular, ya que “no reposa en la ausencia de consentimiento, sino que exige el recurso a la violencia, la coerción, la amenaza o la sorpresa”.
El consentimiento
La del consentimiento y su posible inscripción en la legislación es una de las cuestiones que más están apareciendo en los debates alrededor del caso Pelicot. “Hoy día en Francia hay muy pocas denuncias por violación que acaben en condena”, confirma Carole Hardouin-Le Goff, profesora de Derecho Privado y Ciencias Penales en la Universidad de París-II-Panthéon-Assas y directora de Estudios del Instituto de Criminología y Derecho Penal de París. “Muchas se archivan porque faltan elementos para establecer los hechos. Si inscribimos en la ley que la violación es una relación sexual no consentida por la víctima, eso obligaría el agresor a asegurarse de que la víctima consiente antes del acto”.
La jurista señala además que se trataría de un elemento especialmente útil en los casos en los que las víctimas se encuentran incapacitadas, como la sumisión química. “Es lo que vemos en el caso Pelicot, donde nos encontramos con acusados que dicen que ella estaba de acuerdo; 'que no dijo nada, así que consintió'. Cuando, en realidad, sabemos que estaba en un estado cercano al coma”.
Presuntos culpables
La alta tasa de casos de violación archivados sin llegar a juicio contrasta con el hecho de que, a diferencia de otros delitos, en la violación el presunto agresor es identificado en un gran porcentaje de casos. También contrasta con el aumento en el número de denuncias registrado en la última década, según apunta un estudio del Institut des Politiques Publiques, que ha analizado datos de los tribunales franceses entre 2012 y 2021.
“Los datos muestran que las denuncias por violencias cometidas contra las mujeres en el periodo ha aumentado de manera significativa”, apunta Maëlle Stricot, estudiante de doctorado en la Escuela de Economía de París, afiliada al Instituto de Políticas Públicas y autora del estudio. “Un crecimiento particularmente pronunciado después de 2017, el año del #MeToo y de los testimonios sobre acoso y agresiones sexuales sufridas por millones de mujeres”.
El estudio señala, además, que cuando existe una voluntad para mejorar la situación, los esfuerzos tienen un impacto. Y pone el ejemplo de la lucha contra las violencias conyugales, que sí ha contado con legislación y disposiciones específicas en Francia. Así, la tasa de casos desestimados disminuyó de un 76% en 2016 a un 67% en 2020, mientras que en el mismo período la cifra de violaciones aumentó de un 82% en 2012 a un 94%.
Ese aumento también está relacionado con que, en muchos casos de violencias sexuales, la denuncia se produce años después de los hechos. “En las estadísticas vemos que el promedio de días entre el momento de los hechos y la llegada del caso ante la justicia ha ido aumentando; las víctimas parecen pronunciarse sobre hechos más antiguos”, señala Maëlle Stricot.
Por eso diferentes voces feministas están poniendo también sobre la mesa la necesidad de ampliar las herramientas jurídicas. Por un lado, desarrollar el principio de serialidad, que hoy permite a los investigadores utilizar hechos pasados durante la instrucción, incluso si están prescritos, cuando corresponden a un mismo autor. Algunas asociaciones y juristas creen que se podría ampliar más allá de las investigaciones y abrir la puerta a suspender también la prescripción para juzgar hechos que se remontan a décadas.
En este sentido, señalan la ley para luchar contra las violencias a menores aprobada en Francia en 2021 que introduce el principio de prescripción deslizante (prescription glissante): cuando un mismo agresor comete un nuevo acto, el plazo de prescripción se desplaza hasta la fecha del acto más reciente.
Pedagogía y prevención
Los expertos explican que la actual definición legal de violación corresponde en gran medida a una idea estereotipada, una agresión realizada con violencia por un desconocido. Sin embargo, eso no responde a gran parte de la realidad judicial, ya que el 90% de las víctimas de violencia sexual conocen a su agresor. En muchos casos, la ausencia de pruebas o secuelas físicas, bien porque ha transcurrido mucho tiempo o bien porque la violencia o coerción ejercidas no fueron físicas, a menudo provoca que nunca lleguen a juicio.
Actualmente, las investigaciones se concentran en la consolidación de la declaración de la víctima y no en el comportamiento o los antecedentes del autor. Y los expertos señalan que inscribir el consentimiento en el derecho pondría más peso sobre el presunto autor y la demostración de que la otra persona estaba de acuerdo con la relación y menos en la víctima.
“Es importante que todo ciudadano comprenda lo que es una violación y lo harán mejor si inscribimos en la legislación que la violación es la relación sexual sin el consentimiento de una de las dos partes. Hay una dimensión a la vez pedagógica y preventiva”, explica Carole Hardouin-Le Goff. “Al basar el delito de violación no en la utilización de la coacción sino en la falta de consentimiento, el Código Penal proclamaría sin ambigüedad que toda relación sexual requiere el acuerdo libre de las partes”.
No obstante, esta idea no cuenta con el acuerdo de toda la comunidad feminista. La filósofa Manon García sostenía en una tribuna en Le Monde que si la definición legal de violación se basa en la ausencia de consentimiento se corre el riesgo de “considerar que es el comportamiento de la víctima lo que crea la violación y no el del violador. Exponemos a la víctima a ser escrutada - '¿cómo pudo no consentir con la falda tan corta que llevaba?'- y que sea presionada a lo largo del proceso judicial, en lugar de centrarse en el comportamiento del acusado”.
“En el mundo del derecho, hay juristas que también lo ven así”, reconoce Hardouin-Le Goff. “Pero en el derecho penal analizamos el comportamiento del agresor. Y si inscribimos el consentimiento en la ley, podremos verificar si el agresor se aseguró de tener el consentimiento de la víctima. Pero siempre poniendo el foco en el agresor”.
Gisèle Halimi y los grandes juicios del feminismo
Por eso asociaciones como la Fondation des femmes prefieren apostar por una “legislación integral” que vaya más allá, “que aclare la definición de violación y consentimiento” pero que también “introduzca una definición legal de incesto, que juzgue a los violadores en serie por todas las violaciones conocidas, que extienda las órdenes de protección a las víctimas de violación, que facilite la obtención de pruebas, que cree brigadas especializadas, que prohíba investigar el historial sexual de las víctimas...”.
También reclaman que se permita el acceso inmediato y gratuito a la atención psico-traumatológica y que se dote de recursos económicos a esta política pública y a las asociaciones que la están llevando a cabo.
En el contexto del juicio de Aviñón, dos casos judiciales históricos se citan como ejemplo de momentos que sirvieron de punto de inflexión en la lucha por los derechos de las mujeres en Francia. En 1972, el llamado juicio de Bobigny, en el que se juzgó a cinco mujeres por realizar un aborto: una menor, Marie-Claire Chevalier –que abortó tras ser violada–, y cuatro adultas, entre ellas su madre.
Su abogada Gisèle Halimi, que es un icono de la lucha feminista en Francia, consiguió que el juicio no se centrase en las defendidas, sino en la ley represiva en vigor en ese momento. Un proceso político, que demostró lo obsoleto del código penal francés e incitó a los poderes públicos a cambiar la ley. Tres años después, se promulgaba en Francia la ley Veil que despenalizaba la interrupción voluntaria del embarazo.
Halimi fue también la abogada de otro gran proceso judicial, el de dos jóvenes belgas (Anne Tonglet y Araceli Castellano) violadas por tres hombres en una cala cerca de Marsella en 1974. El trabajo de Gisèle Halimi y la tenacidad de las víctimas –estigmatizadas durante el proceso por ser lesbianas y por y por el hecho de practicar el naturismo– permitió que el caso alcanzase el tribunal penal en 1978, un juicio con gran eco mediático. En 1980 Francia aprobaba una nueva ley relativa a la violación.
El pasado 8 de marzo el presidente Emmanuel Macron afirmó, por primera vez, ser favorable a que el consentimiento se inscriba en la ley francesa. Poco después se puso en marcha una comisión parlamentaria para hacer evolucionar la legislación, pero la disolución de la Asamblea Nacional en junio puso fin a la iniciativa. Ante la posibilidad de que se reactiven las iniciativas legislativas sobre la cuestión, el nuevo ministro de Justicia también afirmó el pasado 27 de septiembre ser favorable a la medida.