De los 34.961 bienes inmuebles inmatriculados por la Iglesia entre 1998 y 2015 gracias a la ley hipotecaria impulsada por el Gobierno de José María Aznar (PP), prácticamente un tercio están en Castilla y León. En total, esta comunidad autónoma tiene 10.243 entradas en el listado que ha elaborado el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática que dirige Carmen Calvo y que ha puesto a disposición del Congreso, que se lo reclamó en 2017 mediante una proposición de ley impulsada por el PSOE y que salió adelante con todos los votos a favor excepto los de PP y Ciudadanos. La siguiente región con más bienes inmatriculados es Galicia, con 7.131. En el lado opuesto del ranking se encuentra Euskadi con 88.
A Castilla y León y Galicia les sigue Catalunya con 4.192. Andalucía es la siguiente con 2.111 bienes inmuebles inmatriculados. Uno de los ejemplos más llamativos de ese procedimiento fue el registro a nombre de la Iglesia católica de la Mezquita de Córdoba en 2006 por un importe total de 30 euros. También la Giralda o la catedral de Sevilla forman parte de ese listado que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes y ha remitido a las Cortes en dos documentos que superan las 4.000 páginas. Una de las comunidades más pequeñas, Cantabria, es una de las primeras en el ranking, con 2.058 bienes inmuebles.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Calvo ha explicado que, del total de bienes inmatriculados, 20.014 son “templos de la iglesia católica o dependencias complementarias”, como por ejemplo colegios, mientras que 14.947 inmatriculaciones “no se relacionan con estos usos”, como “solares, viviendas, locales, etc.”. En ese segundo grupo se incluyen también aparcamientos o fincas rústicas, entre otros.
En Galicia o en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, son más los inmuebles inmatriculados con ese tipo de propósitos que para los estrictamente eclesiásticos. En el primer caso, 4.384 están bajo la calificación de “otros destinos” mientras que 2.747 son “templos y dependencias complementarias”. Las cifras son menores en la Comunidad de Madrid, donde el total asciende a 364, de los que 185 no tienen finalidad religiosa.
La inmensa mayoría de las inmatriculaciones se llevaron a cabo únicamente con “la fe de la autoridad eclesiástica correspondiente”. Precisamente la ley hipotecaria permitía que una simple certificación eclesiástica fuera suficiente para poner a nombre de la Iglesia cualquier tipo de inmueble. Se hizo en total con 30.335 frente a los 4.626 que contaron con algún otro tipo de título.
La vicepresidenta ha recordado que esas inmatriculaciones se produjeron “al amparo de una situación legal”, pero ha reconocido que ese importante “volumen” puede ser ahora “contestado”. La remisión del listado al Congreso es el primer paso para que se le dé publicidad y los particulares o administraciones que crean que tienen derechos de propiedad anteriores podrán reclamárselo a la Iglesia. La vía será administrativa o judicial, según ha explicado Calvo, en caso de discrepancia.