Chile marca el camino para que otros países dejen de criminalizar a las mujeres por abortar

El Senado de Chile dio el visto bueno el pasado miércoles a un proyecto de ley del Gobierno de Michelle Bachelet para despenalizar el aborto en tres supuestos: el riesgo para la vida de la madre, la inviabilidad del feto o cuando el embarazo es fruto de una violación. La tramitación todavía no ha terminado porque la abstención de un diputado democristiano en el Congreso la ha paralizado y enviado de nuevo a una comisión mixta. El motivo de polémica no son los supuestos per se, sino un punto relacionado con el consentimiento paterno en el caso de las menores de edad.

Por eso, coinciden las organizaciones defensoras de los derechos sexuales y reproductivos, “es un paso muy importante porque puede ser un tirón para otros países que están en situaciones similares”. “Puede servir como modelo de buena práctica para el entorno y un modo de demostrar que los que penalizan todos los casos se quedan solos”, sostiene Gema Fernández, abogada de Women's Link.

Cada año, se realizan unos 22 millones de abortos inseguros que producen, al menos, 25.000 muertes de mujeres. Siete millones de afectadas precisan atención médica tras un aborto clandestino, según calculó el Instituto Guttmacher de Nueva York en 2015.

En el contexto latinoamericano, El Salvador, República Dominicana y Chile son vistos como un tridente con muchos puntos comunes en la lucha política de las mujeres por su derecho a decidir. En los dos primeros no se ha dado todavía el paso que sí se ha producido en Chile, pero “el tema está en la agenda política y se están dando, con muchas resistencias de grupos católicos y conservadores que las frenan, algunas acciones legislativas para permitir al menos los tres supuestos”, explica Dolores Liceras, coordinadora del equipo de Mujeres y Derechos Humanos de Amnistía Internacional.

28 de los 130 países del mundo, más de uno de cada cinco, prohíben el aborto en todos los casos y circunstancias. Además de los tres citados está Nicaragua, Haití, Honduras, Egipto, Mauritania, Senegal, Irak, Malta, Andorra o San Marino. Da igual que la vida de la madre corra peligro, que el bebé no tenga posibilidades de vivir al nacer o que el padre de ese feto sea un agresor sexual.

En esta treintena de países ni siquiera es discutible “abordar el tema desde los derechos sexuales y reproductivos, protegidos por tratados internacionales y se hace un abordaje desde la despenalización en algunos supuestos, normalmente el primer paso”. Dentro de Latinoamérica, solo Uruguay tiene una ley de plazos como la que existe en España y que permite la interrupción libre del embarazo hasta la decimocuarta semana.

Del hospital a la comisaría

El Senado de República Dominicana rechazó a principios de este mes una iniciativa procedente del Gobierno, conocida como observación presidencial, para estudiar la regulación de los tres supuestos. El derecho a decidir sobre la maternidad está penado en este país con entre dos y diez años de prisión. El Centro de Derechos Reproductivos cifra en 90.000 los abortos inseguros que se producen cada año en uno de los lugares con mayor tasa de mortalidad materna de la región latinoamericana: 106 muertes por cada 10.000 nacimientos vivos, según datos del Ministerio de Economía recogidos por Amnistía Internacional.

Pasa lo mismo en El Salvador, en cuyas cárceles hay privadas de libertad al menos 25 mujeres por hechos vinculados a la interrupción del embarazo o a complicaciones obstétricas, según la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. El pasado 5 de julio, la justicia condenó a 30 años de prisión a Evelyn Hernández por “homicidio agravado de su hijo recién nacido” tras sufrir un aborto en la letrina de su casa en abril de 2016.

“Es posible que una mujer llegue al hospital con una hemorragia y de allí vaya directa a la cárcel porque es el propio centro médico el que denuncia. Aquí también se vulneran otros derechos, como el de la intimidad”, denuncian desde Amnistía y recalcan que, además, “el acceso a información sobre salud sexual es muy restringida”. “Las mujeres, especialmente las más jóvenes y pobres, se ven sin salida en países donde la violencia sexual se produce habitualmente también en el ámbito de la familia y de la comunidad”, detalla la experta Dolores Liceras.

Irlanda y Polonia, excepciones europeas

En Europa, Irlanda y Polonia se salen del mapa porque continúan teniendo una legislación muy restrictiva. El primero especialmente, donde solo es posible abortar legalmente si un médito acredita que la vida de la madre está en riesgo. Este supuesto se introdujo hace solo cuatro años con grandes trabas de los sectores católicos y su aplicación, aseguran desde Amnistía Internacional, “no genera seguridad a los sanitarios”. El turismo para abortar en el país vecino, Reino Unido, es una salida in extremis a la que recurren muchas mujeres al no ofrecerle su lugar de origen ninguna otra alternativa, dicen las ONG.

Polonia, por su parte, vivió el año pasado una amenaza de contrarreforma del estándar mínimo de derechos (los tres supuestos) con un intento de volver a penalizar el aborto en todos los casos a raíz de una iniciativa popular del colectivo Stop Abortion. La fuerte movilización de colectivos feministas logró frenarlo.

La mayoría de países africanos –salvo excepciones como Sudáfrica– penalizan en la la interrupción del embarazo en todas las circunstancias o solo lo autorizan si seguir adelante con la gestación compromete la vida de las mujeres. En algunos casos, como el de Sudán, se incluye el supuesto de la violación. “Donde no hay recursos para cuidar la vida, donde las personas no tienen acceso a los servicios médicos, es muy difícil abordar el aborto”, resumen Gema Fernández, conocedora de la situación en África oriental.

La experta subraya la gravedad de situaciones como la de Ruanda, un país en el que, pese a que está permitido abortar si el embarazo es fruto de una violación, exigen que haya una condena al agresor. “Pasa mucho que a las mujeres les obligan a presentar denuncias para poder acceder a un aborto seguro y eso disuade a muchas que sufren abusos de sus propios familiares o de su comunidad”, añade. A todo esto hay que sumar, dice Fernández, “el estigma social”.

La ley por sí sola no garantiza el acceso

Hay todo un grupo de legislaciones que cuentan con uno o varios supuestos pero exigen el consentimiento de las parejas. Pasa en Marruecos, en Emiratos Árabes, Siria o Indonesia, con legislaciones restrictivas que incluyen penas de cárcel para las mujeres y también para los médicos. En Japón o Taiwán las razones socioecónomicas pueden ser alegadas para interrumpir el embarazo, pero roban a las gestantes la capacidad de decidir porque su cónyuge tiene que autorizarla.

Women's Link celebra los avances legislativos “como un primer paso”, pero incide en que “otra cosa es que se garantice el acceso al servicio”. “Si no hay políticas públicas que concreten y desarrollen los procesos con garantías, las mujeres no son informadas de los pasos que tienen que dar y tampoco los sanitarios se sienten seguros”, afirma Gema Fernández. En Sudáfrica, por ejemplo, no está regulada la objeción de conciencia, de manera que si un médico se niega a practicar un aborto no tiene obligación de derivar a la paciente a otro que pueda garantizar su derecho. “Si en algunos sitios ya es complicadísimo encontrar un ginecólogo, imagina buscar dos”, aterriza la experta.