Unos 120 colectivos, la inmensa mayoría LGTBI y Trans, han reclamado este miércoles a Pedro Sánchez que rechace las objeciones que el Consejo General del Poder Judicial pone a la llamada Ley Trans en su informe recién aprobado. En un escrito impulsado por la Federación Plataforma Trans y Euforia Familias Trans-Aliadas al que se han adherido, las organizaciones aseguran que las observaciones “están basadas en una ideología reaccionaria” y ponen el foco en que el CGPJ, caducado desde hace tres años, “ya no responde ni siquiera al mandato constitucional de renovación”, por lo que piden al Ejecutivo que agilice la tramitación de la norma sin atender a las demandas.
El informe, que es preceptivo pero no vinculante, es decir el Gobierno no tiene la obligación de incorporar sus alegaciones al texto final, es crítico con algunos de los aspectos fundamentales de la ley y pide más controles para evitar la discriminación de las mujeres que no son transexuales. Con la unanimidad de todos los miembros, el órgano ha sacado adelante el dictamen con varios meses de retraso. En términos generales, avala la autodeterminación de género de las personas trans, es decir, que puedan cambiar su sexo legal sin requisitos médicos, pero pide restringirla a los mayores de 18 años y reclama que los menores puedan hacerlo solo con autorización judicial.
Cuestiones que, de acuerdo con las organizaciones, ponen en entredicho “la responsabilidad del Estado de proteger a las infancias, también a las infancias trans, alinéandose [el CGPJ] con los sectores anti-derechos trans que a lo largo de los dos últimos años han venido ejerciendo una violencia brutal sobre el colectivo”, remarcan. Entre los colectivos firmantes se encuentran la Federación Plataforma Trans, Kifkif, L'Observatori contra l'Homofòbia de Catalunya, la asociación Pasaje Begoña o No Binaries España. Lo suscriben también algunas asambleas feministas como el Movimiento Feminista de Salamanca, la Plataforma Feminista de Guadalajara o la Asamblea 8M de Zaragoza.
“Estos posicionamientos dejan patente su impronta patriarcal, heterocisexista y reaccionaria,” afirma Mar Cambrollé, presidenta de la Federación Plataforma Trans. Por su parte, Natalia Aventín, presidenta de Euforia Familias Trans-Aliadas pone el foco en la sentencia que dictó el Tribunal Constitucional por la demanda de un menor de 12 años y que declaró que la ley “no puede dejar fuera a menores por ser inconstitucional, abogando por un proceso administrativo que no judicial”, asegura. Ambas organizaciones han pedido una reunión a Pedro Sánchez.
El texto recuerda también que el Poder Judicial ha sido habitualmente crítico con otras leyes como lo fue con la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004. En 2005, con la que legalizó las bodas homosexuales en España, “llegó a comparar el matrimonio entre personas del mismo sexo con la unión de un hombre y un animal” y durante el último año ha cuestionado aspectos clave de la llamada Ley del solo sí es sí, aún en tramitación en el Congreso.
El organismo, remarcan los colectivos, “responde a una mayoría conservadora” y “no es la primera vez que se muestra contrario al avance en derechos sociales y civiles que vienen a garantizar la igualdad”, por lo que reclaman a “este Gobierno de progreso” que continúe con la tramitación de una ley que “ya llega tarde”.
“Cierra el debate sobre la autodeterminación”
También se han pronunciado sobre el informe la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), Fundación Triángulo y Chrysallis, los colectivos LGTBI que participaron en las negociaciones de la ley, que ven en el dictamen “muchas sombras”, pero también “algunas luces”. A juicio de las organizaciones, el CGPJ “cierra con su informe el debate jurídico sobre la autodeterminación de género” al no cuestionarla, que fue el principal punto de conflicto entre los socios de Gobierno y la parte a la que se opone el sector del movimiento feminista que es crítico con la ley.
Aún así lamentan muy especialmente las observaciones que propone el organismo en cuanto a los menores y critican que la posición haya cambiado respecto al borrador que se conoció el pasado 8 de abril. Entonces el órgano de gobierno de los jueces propuso que la autorización judicial para cambiar de sexo se extendiera hasta los 16 años, pero ahora lo reclama hasta los 18. “Estamos seguras que, de conocer personalmente a nuestras hijas, hijos o hijes, su realidad y las dificultades, las señorías del CGPJ no se habrían atrevido a cuestionar de forma tan frívola e ignorante los derechos de los menores trans”, señala Ana Valenzuela, presidenta de Chrysallis.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha utilizado también las mismas comparaciones para valorar el informe. “Si me preguntan si me sorprendería que el Consejo General del Poder Judicial manifestara su oposición a una ley feminista, pues no, no me sorprendería”, ha asegurado a preguntas de los periodistas. A través de Twitter, la titular de Igualdad ha afirmado que la hoja de ruta del Gobierno “es clara” y pasa por “tramitar con urgencia esta ley para que llegue al Congreso en este periodo de sesiones”.
En lo que al cambio de sexo legal se refiere, el anteproyecto, al que aún le queda volver al Consejo de Ministros por segunda vez, avala que se haga sin ningún tipo de requisito a partir de los 16 años. Para el resto de edades, establece unas franjas: permite el cambio de sexo legal a partir de los 12 años, no antes, pero entre los 14 y 16 con consentimiento de sus representantes legales, y entre los 12 y 14 mediante autorización judicial. El CGPJ pide que esta última condición se extienda a todos los menores de edad.
La Alianza contra el Borrado de las Mujeres celebra el informe
Por su parte, los colectivos feministas críticos con la norma han celebrado la aprobación del informe del CGPJ. Es el caso de la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, que ve cuestiones positivas en el dictamen, pero también algunas otras “preocupantes”. Es el caso del aval que hace el organismo a la autodeterminación de género. El colectivo considera que afectaría no solo al deporte, como advierte el Poder Judicial, sino “a las políticas públicas basadas en el sexo” y a otros aspectos como la “paridad” o la “seguridad” en determinados espacios.
La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres es especialmente crítica con el cambio de sexo legal de los menores e incluso pide ir más allá que el propio informe del CGPJ. No solo reclama que quienes tengan menos de 18 años deban pasar por un proceso de jurisdicción voluntaria, sino que se les exija un informe psicológico.