Más de 1.200 millones de euros en 2023 para que la investigación salga de los laboratorios y llegue a las calles. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan de Transferencia y Colaboración con el que pretende entrar en la fase del proceso científico que quizá más flojee en España: la transferencia de conocimiento, el paso de la idea al producto.
El plan se articula en torno a tres ejes: la transferencia de conocimiento propiamente dicha, la colaboración público-privada para la innovación y la capacitación y desarrollo del ecosistema investigador. Se trata de llegar “desde los centros de investigación a soluciones innovadoras”, ha dicho la ministra de Ciencia, Diana Morant. “Convertir el excelente conocimiento que se genera en esas soluciones”.
El problema está más que detectado. España investiga bien en las primeras fases, los científicos tienen buenas ideas, pero luego estas no acaban trasladándose a la sociedad. “No podemos desperdiciar los hallazgos científicos que se producen. La ciencia debe contribuir al bienestar de la sociedad”, ha rematado la ministra.
Esta idea se entiende mejor cuando se comparan dos indicadores: nuestro país es el número 11º del mundo en número de artículos científicos producidos (el 12º si se pondera la calidad de los mismos), pero el 29º en la clasificación de innovación. “Hay un desequilibrio, y para corregirlo es importante que se transfiera el conocimiento a la sociedad”, explican fuentes del Ministerio de Ciencia.
Hay otra circunstancia particular de España que tampoco suma en esta situación, añaden los expertos: las empresas españolas investigan mucho menos que las de otros países. De nuevo, traducida la afirmación a cifras: las empresas españolas gastan en investigación, comparativamente, la mitad que las francesas o un tercio que las alemanas, por ejemplo. La inversión en I+D empresarial en España está en torno al 0,75% del PIB, mientras en Alemania supera el 2% y en Francia roza el 1,5%, cifra que también se corresponde con la media europea. Apenas un 38% de los investigadores nacionales trabajan en lo privado frente a un 60% de media, según un estudio reciente de la Fundación La Caixa.
Ciencia lo define así: “Las empresas españolas tienen escasa capacidad para absorber y aplicar buena parte del conocimiento generado por las instituciones científicas (...) lo que se explica en gran medida por características propias del tejido productivo español como la predominancia de pequeñas y medianas empresas (pymes) en sectores poco intensivos en conocimiento y la baja inversión de las empresas españolas en I+D (...). Adicionalmente, el sistema de incentivos vigente desde hace décadas en el sector público de investigación ha llevado al personal investigador a centrarse excesivamente en el cumplimiento de criterios formales de generación de conocimiento, fundamentalmente a través de objetivos cuantificados en número e impacto de publicaciones científicas indexadas”.
Tres ejes, dos fases
Localizado el problema, el Ministerio de Ciencia quiere tratar de mejorar la situación con este Plan de Transferencia, que se articulará en torno a tres ejes y tendrá dos fases de ejecución, una primera el año que viene y otra hasta 2025.
El primer eje se centra en la transferencia del conocimiento generado en el sistema público de investigación hacia las empresas, el sector público y la sociedad, a través de distintos canales como la creación de nuevas compañías, las licencias de patentes, la difusión de publicaciones o el asesoramiento científico, según explican desde el Ministerio.
Dentro de esta línea se encuadra, por ejemplo, la sociedad mercantil público-privada con la que el Gobierno pretende amarrar patentes que se generan a partir de investigaciones públicas pero que, al no desarrollarse, acaban compradas por empresas extranjeras. Estas compañías convierten esas ideas incipientes en productos, medicamentos o servicios (ocurre mucho en el sector biomédico) por las que luego cobran grandes cantidades de dinero al Gobierno, que paga dos veces por lo mismo.
En este área, Morante ha anunciado que se ha introducido una cláusula para evitar que las empresas adquieran patentes solo para evitar el desarrollo de un producto porque le convenga. “Una empresa no puede comprar una patente para secuestrar un resultado científico en beneficio propio. Por primera vez tenemos la capacidad de revertir esa patente si consideramos que la empresa no está haciendo un uso social de ese resultado científico”, ha explicado.
También hay medidas para mejorar el emprendimiento de base científica y tecnológica, impulsar la ciencia abierta (ampliar el acceso al conocimiento) y el asesoramiento científico al sector público, como por ejemplo la creación de la Oficina C (por Ciencia) del Congreso, iniciativa por la que científicos diversos asesoran a parlamentarios y realizan informes sobre cuestiones de interés.
Mejorar la colaboración público-privada
El segundo eje incluye medidas para fomentar la colaboración de las empresas con las universidades, otros centros de enseñanza superior y centros públicos de investigación durante la fase de generación de conocimiento, no sólo a través de proyectos puntuales de colaboración para la innovación, sino también mediante nuevos modelos más ambiciosos de alianzas público-privadas, así como a través de la movilidad del personal investigador y la ciencia ciudadana.
Casi la mitad de los 1.200 millones de euros presupuestados ya para este plan en 2023 se destinarán a una de las medidas de este eje, el impulso de la financiación pública de proyectos colaborativos público-privados con vocación de permanencia. En este marco se encuadran diferentes convocatorias de investigación, como el Programa Misiones Ciencia e Investigación para proyectos de investigación industrial, los Proyectos I+D Transferencia Cervera para la colaboración entre empresas y centros tecnológicos, entre otros.
“El Plan se propone incidir en este tipo de convocatorias conjuntas entre agencias financiadoras de la I+D+I, incorporando también a la Agencia Estatal de Investigación (AEI), con un nuevo modelo de financiación de misiones de transferencia para abordar misiones estratégicas”, explican desde el Ministerio.
La tercera línea de actuación del Plan pretende mejorar la capacitación del personal investigador, técnico y de gestión en lo relativo a la valorización del conocimiento, así como potenciar las conexiones del ecosistema, prestando especial atención al rol de los centros tecnológicos, oficinas de transferencia de conocimiento, y otros agentes intermedios y plataformas que ayudan a la interacción de los actores del sistema de innovación.
Este eje es el más transversal de los tres porque afectará tanto a la transferencia como a la colaboración público privada, según el ministerio. Incluye medidas como la creación de un sexenios de transferencia (una recompensa económica para los investigadores cada seis años en función de su capacidad para transferir conocimiento a empresas o a la sociedad) como elemento motivador para los profesionales.