El diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha pedido al Gobierno que retire la vacuna del papiloma humano del calendario vacunal, después del caso de una niña fallecida a comienzos de septiembre en Gijón tras administrarle una dosis. Según aseguró en una rueda de prensa en la ciudad asturiana, cuenta con “datos científicos” que demuestran que se trata de una vacuna que no es necesaria. Sin embargo, hasta el momento no ha explicado cuáles son esos datos científicos, ni lo ha hecho su departamento de prensa a petición de Materia.
Una declaración aún más sorprendente del diputado de IU es que “el conjunto de la opinión científica es contraria a esta vacuna”, según recoge Europa Press. Esta afirmación la desmiente un documento de consenso de 2011 sobre la vacuna de nueve sociedades científicas españolas, entre las que se encuentran algunas tan representativas como la Sociedad Española de Oncología Médica, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria o la Asociación Española de Pediatría.
Este documento afirma que “una revisión exhaustiva de todos los informes de seguridad emitidos por las principales Agencias Nacionales e Internacionales concluye que la vacunación VPH ofrece un óptimo perfil de seguridad” y que “el seguimiento a largo plazo de las cohortes vacunadas ha confirmado la ausencia de acontecimientos adversos graves relacionados causalmente con la vacunación”. Además, recuerda que la Organización Mundial de la Salud considera la vacuna segura y recomendable en los países en los que la prevención el cáncer de cuello de útero sea una prioridad de salud pública.
Un grupo de profesionales de la salud, entre los que se encuentran el catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Alicante Carlos Álvarez-Dardet o Juan Gervás, del Equipo CESCA, con el apoyo de la Asociación de Afectadas por la Vacuna del Papiloma, han impulsado una campaña para retirar la vacuna, pero su representatividad en el ámbito médico tiene poco que ver con el grupo de sociedades científicas.
La financiación de la investigación
Gaspar Llamazares y otras personas contrarias a esta vacuna como Álvarez-Dardet desprecian algunos resultados y opiniones favorables a la vacuna afirmando que los estudios se realizan con financiación de los laboratorios. Este argumento es, cuando menos, poco relevante, ya que prácticamente todos los ensayos clínicos para probar nuevos medicamentos son financiados por laboratorios. Son precisamente ellos los que deben invertir grandes cantidades de dinero para probar la seguridad y la efectividad de las moléculas que quieren vender para que, después, tras el análisis de otros expertos (el proceso que se conoce como revisión por pares), las agencias reguladoras públicas den su visto bueno al nuevo medicamento.
No obstante, pese a los patinazos de Llamazares, sería injusto incluirle en el grupo de los activistas antivacunación, como no lo son otros profesionales como Álvarez-Dardet, que piden una moratoria sobre la vacuna. “Yo creo que la vacuna es muy prometedora, pero hasta el momento no se ha probado que cure ni un solo caso de cáncer de cuello de útero, y tiene efectos secundarios”, afirma. Respecto a estos efectos secundarios, Álvarez-Dardet cita una revisión de los casos de efectos adversos de la vacuna recogidos a través del sistema VAERS (Sistema de Información sobre Sucesos Adversos en Vacunas, de sus siglas en inglés), una web en la que las autoridades sanitarias de EEUU permiten que médicos o ciudadanos informen de lo que consideren que son problemas asociados a la administración de vacunas.
Pese a que los ciudadanos informaron de 32 muertes relacionadas con la vacuna contra el papilomavirus, además de otros efectos adversos, una revisión posterior realizada por los CDC (Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades) publicada en la revista JAMA, no encontró relación entre las muertes y la vacuna. Aunque después de su aplicación desde 2007 no se ha registrado ninguna muerte en España, Álvarez-Dardet considera que la introducción de la vacuna en el calendario de vacunación es “un gigantesco experimento de Sanofi Pasteur que está teniendo efectos secundarios”.
Además, afirma, como reconoce la mayoría de los científicos, que no ha sido posible demostrar que la vacuna haya evitado un solo cáncer. Dado que el desarrollo de este mal se produciría, en general, a muy largo plazo, serán necesarias varias décadas para saber si realmente se reducen los casos de un cáncer que mata todos los años a unas 700 mujeres en España. Frente a esta circunstancia, David Moreno, coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, explica que, además de evitar la infección por el virus, “la vacuna ha demostrado que previene lesiones premalignas”, que serían las que, acumuladas con el paso del tiempo, acaban por provocar el cáncer.
La utilidad de las vacunas
Junto a las dudas sobre la efectividad real de la vacuna para evitar el cáncer, la discusión en torno a la necesidad de incluirla en el calendario de vacunación se justifica por la posibilidad de que el coste frente a las revisiones periódicas como prevención haga que su implantación a costa del Estado no sea sensata. En una situación de asfixia económica del sistema nacional de salud, a falta de soluciones económicas más radicales, se deberá empezar a priorizar y hay que recordar que este mismo verano la Comunidad de Madrid ya suprimió la vacuna del neumococo.
Juan Gervás recordaba en un artículo publicado durante la etapa de implantación de la vacuna en España, que el 80% de las mujeres que murieron por cáncer de cuello de útero no se habían hecho una citología, el sistema de detección temprana más habitual, y critica que no se cuente con base experimental para mejorar el sistema de cribado y sí con demasiados “consensos”, en referencia al publicado por las sociedades científicas.
Por su parte, Xavier Bosch, jefe del Servicio de Epidemiología y Registro del Cáncer del Instituto Catalán de Oncología, considera que el problema de las citologías es que requieren una disciplina por parte de las mujeres que en muchos casos no existe, y considera que la vacunación es un sistema de prevención más eficaz. “Finlandia, que es un país en el que la gente es muy disciplinada y esta opción les ha dado muchos resultados, también ha aplicado la vacuna”, asegura. Tanto allí como aquí, la presencia de la vacunación no significará la ausencia de revisiones.
Moreno también cree que es complicado organizar un programa efectivo para hacer un seguimiento de todas las mujeres y opina, además, que son métodos complementarios. En cualquier caso, explica, “prevenir es mejor que curar” y afirma que el estudio de costes y beneficios es favorable a la vacunación. Los primeros de estos estudios, aparecen, eso sí, después de la implantación de la vacuna en la sanidad española y esto lleva a las prisas por introducirla, la campaña de márketing de las farmacéuticas y el posible conflicto de intereses de los médicos que apoyan la vacuna.
El papel de las farmacéuticas
En EEUU, el primer país que aprobó Gardasil, el nombre comercial de una de estas vacunas, el laboratorio Merck suspendió una agresiva campaña de presión a los legisladores para que se hiciese obligatorio inocular a las adolescentes con su producto. Es curioso que uno de los grupos que consiguió que Merck cejase en su empeño fue el de las organizaciones religiosas preocupadas por la posibilidad de que las jóvenes sintiesen que la vacuna derribaba una barrera frente a la promiscuidad.
En España, aunque no se conocieron presiones similares, se retiró la campaña Cuéntaselo poco después de que Sanofi Pasteur MSD fuese demandada por estar detrás de esta campaña para realzar la imagen de la vacuna y, en muchas ocasiones, se vendió la profilaxis contra el virus del papiloma como una vacuna contra el cáncer. Más recientemente, en julio, GlaxoSmithKline, una de las compañías que venden el fármaco en España, pagó 3.000 millones de dólares y se declaró culpable de promover dos populares medicamentos para usos no aprobados y por no develar información importante de seguridad sobre un tercer fármaco.
Estos sucesos pueden dotar de credibilidad a quienes afirman que la presión de los laboratorios, además de la dificultad política de negar la vacuna cuando la comunidad vecina anuncia que la ofrece, fue responsable de que la vacuna se implantase con gran celeridad, antes de que se hubiesen realizado los estudios necesarios para saber, por ejemplo, cuánto durará su efecto.
Bosch, que tal y como reconoció en este artículo sobre el papilomavirus, recibió dinero por asesoría para MSD o como conferenciante de GlaxoSmithKline y Sanofi Pasteur MSD, considera que el sistema de revisión por pares es un filtro que sirve para que este conflicto de intereses no afecte a los resultados científicos. Moreno, por su parte, asegura que tratan de ser lo más transparentes posibles, publicando cuando reciben dinero de laboratorios. Además, explica que ese dinero no va a parar a los bolsillos de los médicos, sino a proyectos para desarrollar nuevas investigaciones. En cualquier caso, puntualiza Moreno, “si tuviésemos un sistema público de investigación más financiado, se podría prescindir de otras fuentes, pero en España las instituciones invierten muy poco dinero en investigar”.
Pese a la demanda de Llamazares, el Ministerio de Sanidad asegura que esta vacuna continuará en el calendario de vacunación. La muerte de Gijón se está investigando para determinar si se trata de la primera en España por esta vacuna o si el motivo del fallecimiento fue otro, y es de esperar que el debate en torno a la mejor manera de prevenir el cáncer de cuello de útero continúe con argumentos científicos y la menos dosis de dogmatismo.
Información publicada por Materia.