La reforma del Código Penal que está tramitando el Gobierno del PP de forma exprés en el Congreso de los Diputados ha logrado levantar también ampollas en el sector sanitario. Estos profesionales denuncian la “inseguridad jurídica” en la que les deja el anteproyecto de ley impulsado por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el “claro retroceso” que supone en la lucha contra las agresiones que sufren en el ejercicio de su profesión. Ante esta situación, los médicos han escrito una larga carta a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, en la que le exponen sus quejas y aportan diversas recomendaciones para que se las traslade al Gobierno.
No obstante, en la carta a la Defensora del Pueblo, reconocen que “la situación podemos decir que ha mejorado y que se ha acotado al fenómeno, poniéndole cerco, por lo que se ha experimentado en el número de agresiones una curva descendente muy evidente”.
Según los datos registrados por el Observatorio Nacional de Agresiones referentes a 2013, el mayor número de agresiones –un 89%– ocurre en el sector público y se da especialmente en Atención Primaria (68%). En el ámbito hospitalario se cifran en un 18%, de los cuales el 65% se produce en consulta o internamiento y el 22% en urgencias.
Aunque los datos son esperanzadores, los profesionales de este sector creen que “el camino a recorrer es todavía largo”. “Hay carencias y necesidades que deben de ser cubiertas para una mayor eficacia en la lucha contra las agresiones”, le hacen saber a la Defensora del Pueblo.
Una de las mayores preocupaciones que mantienen es que las amenazas, injurias, vejaciones y coacciones pasan a tener respuesta por la vía administrativa, lo que, a juicio de la Organización Médica Colegial (OMC), “va a consagrar la impunidad de la inmensa mayoría de los agresiones verbales” a los sanitarios. Y esta es una de las cosas que creen que debería cambiar. En este sentido, piden la modificación de la ley de Enjuiciamiento Criminal para que las agresiones verbales sean juzgadas por jueces y magistrados de carrera y no por jueces de paz.
Un caso que no olvidan es el de un paciente que roció con alcohol a un médico del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, para después prenderle fuego. El agresor aseguraba que el facultativo “le había destrozado la vida” al diagnosticarle un cáncer que él creía que no tenía. La Audiencia Provincial de Sevilla le condenó a cinco años de internamiento en un centro psiquiátrico penitenciario al considerar que sufría una anomalía psíquica. La condena, sin embargo, fue sustituida posteriormente por otra de libertad vigilada y el pago de una indemnización de 3.060 euros con prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 300 metros. Asimismo, dejaba al acusado bajo el cuidado y vigilancia de su familia.
Pero la preocupación viene de lejos. El asesinato en 2009 de la doctora María Eugenia Moreno, médico residente en el centro de salud de Moratalla (Murcia) hizo saltar todas las alarmas. El autor del crimen fue un jubilado que disparó cinco tiros contra la doctora y también contra el conductor de una ambulancia, que pudo salvarse.
El caso más reciente es el de Violeta Guarido Rivera, de 29 años, psicóloga clínica del centro psiquiátrico privado San Juan de Dios de Palencia, que en mayo falleció tras ser apuñalada en su despacho por una paciente con un cuchillo de cocina.
El médico como “autoridad pública”
El médico como “autoridad pública”En junio de este año la entonces ministra de Sanidad, Ana Mato, se comprometió con las comunidades autónomas a promover el reconocimiento de los profesionales del Sistema Nacional de Salud como “autoridad pública”, lo que supone que cualquier agresión puede ser sancionada y penada de la misma manera que si se efectúa contra los agentes de la seguridad del Estado.
Esta promesa de Mato no ha conseguido tranquilizar a los profesionales del sector, que exigen que se les considere “sujetos pasivos de los delitos de atentado, resistencia y/o desobediencia grave” en caso de sufrir ataques, intimidaciones o coacciones.
La OMC considera también que el actual marco normativo no mantiene “unificación de criterios” en los diferentes territorios judiciales y está caracterizado por la “fragmentación y el personalismo”, lo que, a juicio de la OMC, provoca en los profesionales “inseguridad jurídica”. Por ello, la organización médica cree necesario un tratamiento unitario a nivel nacional.
Otra de las recomendaciones que los médicos hacen en la carta a Becerril es que se incremente la prevención de estas situaciones de riesgo con una mayor formación a los profesionales para que sepan “cómo salir de situaciones límite”. La propia OMC anuncia estar dispuesta a emprender un plan formativo a nivel nacional “para enseñar a los profesionales cómo afrontar situaciones violentas y complicadas”.
Además, creen necesario autorizar que los miembros del Cuerpo de Seguridad del Estado puedan acompañar al médico en visitas domiciliarias en las que se prevea un riesgo de agresión; que los hospitales y centros de Salud estén dotados con mecanismos materiales necesarios para recabar auxilio y ayuda externa, y que cuenten asimismo con un protocolo de huida del médico o del sanitario cuando se encuentre en situación de peligro.
El escrito está firmado por el presidente de la corporación, Juan José Rodríguez Sendín, que insiste en denunciar que los médicos contemplan el nuevo texto del Código Penal con “preocupación y decepción”. Una preocupación que no solo se limita a las agresiones que sufren los médicos, enfermeras o trabajadores pertenecientes a la sanidad pública. La OMC denuncia también la desprotección que hay entre los profesionales que trabajan en el sector privado.