Tres organizaciones LGTBI han lanzado el guante este martes al Gobierno para que avance en la aprobación de la Ley Trans ante “el estancamiento” de las negociaciones, pero de momento, no parece que haya posibilidades de acuerdo. La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), Chrysallis y Fundación Triángulo han planteado lo que a su juicio es una “propuesta de consenso” y han sugerido que ambos “cedan” en sus planteamientos iniciales: a Igualdad le han pedido que asuma la fusión de la ley LGTBI y Trans en una, como pide la vicepresidencia primera de Carmen Calvo, mientras que al PSOE le ha reclamado que acepte la libre autodeterminación de género. Esta sigue siendo la línea roja para unos y otros: Irene Montero ha aceptado la unión de las normas siempre y cuando la incluya en su articulado, mientras que el PSOE se mantiene en su propuesta de pedir algún tipo de requisito que “acredite” la transexualidad de la persona.
Las organizaciones han llamado “al encuentro” y “al consenso” entre “las exigencias” de ambos socios de Gobierno, que han protagonizado un duro enfrentamiento al respecto de la Ley Trans desde que los borradores comenzaran a discutirse el pasado mes de enero. Ya entonces los socialistas se desmarcaron del texto de Igualdad, que contempla eliminar los requisitos médicos actuales para el cambio de sexo legal de las personas trans y basarlo en la libre manifestación de la voluntad. La propuesta del PSOE es que aporten “documentación” y alguna “garantía” al Registro Civil, por ejemplo, el testimonio de una persona del entorno.
La propuesta de los colectivos ha sido contestada en Twitter por Irene Montero prácticamente al tiempo que la rueda de prensa en la que los colectivos explicaban su sugerencia terminaba. “La Ley trans será ley, reconociendo el derecho a la libre determinación de la identidad de género y respondiendo a una deuda pendiente con las personas trans. Agradezco la propuesta de los colectivos LGTBI, siempre hemos querido un acuerdo, por nosotras puede ser hoy mismo”, ha escrito la ministra. Por su parte, fuentes del PSOE llaman a seguir negociando, confían en las reuniones entre el Ministerio de Justicia e Igualdad para “alcanzar una posición” y justifican su propuesta en que para otros trámites ante el Registro Civil como el matrimonio “tienes que llevar un testigo”, informa Irene Castro.
Los socialistas se han mostrado partidarios de “armonizar” ambas legislaciones, tal y como propusieron ya al principio de las negociaciones porque “siempre es más importante el fondo que las formas”, añaden las mismas fuentes, que consideran que “por economía legislativa” una sola norma “sale más rápido”.
Por su parte, fuentes del Ministerio de Igualdad han añadido que la libre autodeterminación de género de las personas trans “debe ser ley” porque “es la forma más respetuosa de garantizar sus derechos y refleja los más altos estándares de Derechos Humanos, tal como nos señala la Comisión Europea”. Por eso, argumentan, la propuesta de los colectivos “cumple con esa principal demanda” aunque sea “un solo texto”.
Preocupación ante “el ascenso del discurso de ultraderecha”
Sin embargo, la libre autodeterminación de género “sin condiciones, burocracia o testigos” es una “línea roja” para las organizaciones, han explicado, aunque sí se abren a que ambas legislaciones, la LGTBI y Trans, a lo que el Ministerio de Igualdad se negó en un principio, se unan en una sola, pero que esta sea “integral trans y de reconocimiento de los derechos LGTBI”, han remarcado.
Ambas normas están contempladas por separado en el acuerdo para la formación de Gobierno firmado por Unidas Podemos y el PSOE, y también que sea una ley trans específica ha sido una de las reclamaciones históricas de buena parte de los colectivos trans. De hecho, hay organizaciones como la Plataforma Trans, que se han mostrado en desacuerdo con la propuesta de la FELGTB, Chrysallis y Fundación Triángulo y han asegurado que fusionar ambas normas es “violencia hacia las personas trans” y una forma de “invisibilizar su discriminación”. Activistas y familias de menores trans de este colectivo fueron quienes iniciaron una huelga de hambre a mediados de marzo para exigir el desbloqueo de la ley, a lo que seis partidos respondieron registrándola en el Congreso.
FELGTB, Chrysallis y Fundación Triángulo piensan, sin embargo, que con esta propuesta a los socios de Gobierno “se puede desbloquear la situación” porque “en estos momentos de ascenso del discurso de la ultraderecha no se puede entender que la igualdad de las personas trans no esté protegida por ley”, ha explicado Uge Sangil, presidenta de la FELGTB. Consideran que su propuesta es “una cesión por ambas partes” que “no hay razones para no aceptar”: “Estamos haciendo un llamamiento para que se encuentren y salgamos de este escollo con el único objetivo de reconocer, legislar y proteger a las personas trans”, ha añadido Ana Valenzuela, presidenta de Chrysallis.
Los colectivos han señalado que esta “inacción por parte del Gobierno” está dejando a las personas LGTBI y trans en una situación de vulnerabilidad ante el auge de la ultraderecha, que “vemos con enorme preocupación”, ha dicho el presidente de Triángulo, José María Núñez, en referencia a las elecciones madrileñas. Por eso, “le decimos al Gobierno de España que necesitamos hechos que nos protejan, necesitamos leyes, no retórica política” y “le exigimos que demuestre su compromiso con los derechos humanos de las personas trans”, ha añadido.