Los colectivos LGTBI recogen 154.000 firmas en dos semanas contra el “pin parental”

Los colectivos de personas homosexuales Asfagalem y No Te Prives han reunido en apenas dos semanas más de 154.000 firmas para pedir la retirada del denominado “pin parental” implantado en la Región de Murcia desde el pasado septiembre y que consideran que atenta contra los derechos de los niños al tiempo que contradice la constitución y leyes educativas.

Representantes de ambos colectivos han entregado este jueves en el Palacio de San Esteban esas firmas, recopiladas a través de la plataforma “Change.org” desde el pasado 16 de enero con una petición en la que consideran las autorizaciones un “atropello constitucional”.

“Nadie tiene derecho a educar a sus hijos en el odio hacia la diversidad, en el machismo, la xenofobia y en multitud de lacras sociales que se intentan combatir mediante la educación. Nuestras leyes establecen unos valores comunes para la convivencia que no son objetables”, apunta el texto de la petición, que exige al Ejecutivo murciano la retirada de la medida.

En paralelo a la entrega de las firmas, ambos colectivos han hecho público un manifiesto en contra tanto de las instrucciones dictadas por la Consejería de Educación para reclamar las autorizaciones, como del anuncio hecho ayer de que el veto parental se introducirá en los decretos currículares con algunas modificaciones.

Para las asociaciones, las novedades planteadas (no será necesario autorizar actividades impartidas por funcionarios y el silencio se interpretará como una autorización) “siguen siendo un veto a colectivos y asociaciones que tanto tienen que aportar a la educación de los más jóvenes y un atentado contra la libertad pedagógica del profesorado”.

El Gobierno regional, han lamentado, “está intentando contentar a Vox” y, al mismo tiempo, “a la mayoría social que rechaza este veto”, como ponen de manifiesto las firmas recabadas.

Por último, han recordado que las actividades complementarias “son curriculares” y, por lo tanto, “obligatorias y evaluables”, por lo que “no son objetables en ningún caso y dar esta oportunidad de objeción a las familias priva de sus derechos más fundamentales a sus hijos”.