El Congreso aprueba por unanimidad erradicar las esterilizaciones forzosas de las mujeres con discapacidad

El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves por unanimidad erradicar las esterilizaciones forzosas –ordenadas por un juez– a mujeres con discapacidad bajo tutela, una práctica aún vigente en España.

Más de una década después de la entrada en vigor de la Convención de de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad –que España ratificó en 2008, es de obligado cumplimiento y prohíbe expresamente esta práctica–, el ordenamiento jurídico español todavía acepta como válida la esterilización forzosa en el artículo 156 del Código Penal, aunque sustituye el término “forzosa” por “acordada” (acordada por los responsables legales de la mujer en cuestión y el juez de turno, no por la afectada): “No será punible la esterilización acordada por órgano judicial en el caso de personas que de forma permanente no puedan prestar en modo alguno el consentimiento” libre y consciente que tal cuestión merecería, se lee.

Este 15 de octubre de 2020 empieza el principio del fin de esta “grave anomalía en términos de derechos humanos”, según se lee en la proposición de ley (PL) aprobada por el Congreso. El cambio legislativo aún tardará un tiempo en entrar en vigor. La PL, que básicamente elimina el citado párrafo del artículo 156, aún tiene que completar su viaje y volver al Senado, de donde salió en origen y donde concluirá su periplo parlamentario si no hay cambios en el texto, como se prevé suceda dada la unanimidad en los grupos. Si hubiera alguna modificación del texto, este volvería al Congreso para su aprobación definitiva.

La derogación de esta práctica ahonda en la ampliación de derechos (o equiparación, para ser más exactos) de las personas con discapacidad en los últimos años: en 2018 se modificó la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) para devolver el derecho al voto a unas 100.000 personas a las que la justicia había quitado la capacidad de votar; actualmente el Congreso también tramita una reforma para sustituir la incapacitación judicial por la tutela. Y lo hace poniendo énfasis en las mujeres, quienes sufren mayoritariamente esta práctica.

El debate ha sido rápido porque el trabajo ya estaba hecho. Todos los grupos han apoyado la reforma legislativa bajo argumentos como que “hoy es un día de los que España cambia a mejor”, “se corrige una anomalía”, “es una forma de mutilación” o “ha habido una infantilización de la mujer con discapacidad”.

“Con la derogación de la esterilización forzosa de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente, promovida desde el Cermi, terminaría una de las violaciones más lacerantes de los derechos humanos de esta parte de la población que tenían amparo legal”, valora Jesús Martín, delegado de Derechos Humanos en el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi). Martín destaca además que el proyecto no nace del Gobierno, “sino de la sociedad civil y del legislador”, en este caso el Senado, donde Ciudadanos registró la proposición por primera vez.

El cambio legal no se limita a prohibir la esterilización forzosa, también incluye salvaguardas a este tipo de consentimiento, para que las mujeres “tengan toda la información”, explica Martín. Así, la ley establecerá que “las personas con discapacidad que precisen de apoyos humanos y materiales, incluidos los tecnológicos, para la toma de decisiones recibirán los mismos siempre en formatos, canales y soportes accesibles para que la decisión que adopten en su calidad de pacientes sea libre, voluntaria, madura e informada”.

Con esta medida, el Estado responde también al reproche de Naciones Unidas, que cuando evaluó el cumplimiento que España hace de la Convención le afeó que no hubiera abolido las esterilizaciones forzosas, una práctica que sobre el papel no distingue de géneros pero que en la realidad la sufren básicamente las mujeres, que al final son las que se quedan embarazadas, recuerdan desde el CERMI.

Así lo recoge la PL presentada. “La esterilización forzada es una práctica más extendida de lo que la opinión pública considera. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, en la última década se han practicado en España más de un millar de esterilizaciones forzadas, la mayoría de ellas en mujeres. Solo en el año 2016 el CERMI, basándose en datos oficiales, señala que hubo 140 casos, dándose 865 casos más entre los años 2005-2013”. Calculado de otra manera, si en una década se han practicado “más de mil” esterilizaciones forzosas, esto querría decir que de media se realiza una cada cuatro días en el mejor escenario. Durante diez años.