El Congreso vota hoy la toma en consideración de la proposición de ley contra la discriminación de gais, lesbianas y transexuales (LGTBI), promovida por Unidos Podemos, que servirá para conseguir que la “igualdad legal del colectivo sea también real”.
Así lo ha manifestado a Efe el presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELTGTB), Jesús Generelo, que ha expresado su confianza en que los grupos parlamentarios “cumplan sus compromisos” y aprueben el paso a trámite de esta ley “fundamental para ayudar a un colectivo de más de cuatro millones de personas a ser más felices en su día a día”.
Generelo ha recordado que la Ley de Igualdad LGTBI se presentó el pasado 4 de mayo en el Congreso de los Diputados y contó con el respaldo de todos los grupos parlamentarios a excepción del popular.
Sin embargo, ha destacado que “durante la celebración del Orgullo Mundial también el PP anunció su apoyo al paso a trámite de esta Ley”.
En este sentido, hace unos días, la portavoz del grupo, Irene Montero, también se mostró confiada en que nadie se oponga a la tramitación de la iniciativa y avanzó que durante el proceso de enmiendas se puedan “cambiar algunas cuestiones” de la propuesta que, de ser aprobada, -dijo- “cambiará la vida a millones de personas igualándolas en derechos”.
La proposición de ley pide también la “despatologización de la transexualidad” y la creación de un Centro de Memoria Histórica LGTBI, según Montero, para quien la iniciativa es “pionera” en materia de derechos de gais, lesbianas y transexuales.
Entre las modificaciones que introducirá Unidos Podemos a su propuesta de ley figura una posible corrección para excluir las sanciones administrativas por delitos penales que prevé el texto inicial.
La propuesta inicial prevé multas administrativas de entre los 3.000 y los 20.000 euros por publicar en internet o en las redes sociales contenidos ofensivos o vejatorios contra las personas LGTBI o sus familias.
Este aspecto recibió numerosas críticas, entre las que destacan las de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), que consideró la iniciativa una “amenaza a la libertad de expresión” que “permite la censura y es inconstitucional”.