El Consejo Fiscal apoya la reforma del aborto y pide multas para las mujeres
El Consejo Fiscal apoya la reforma del aborto que impulsa el ministerio de Justicia que dirige Alberto Ruiz Gallardón, según informa la Cadena SER. En un informe firmado por el Fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, el órgano del ministerio público respalda la supresión del sistema de plazos actual al considerar que el aborto no es un derecho de la mujer y que la vida del nasciturus merece ser protegida.
El dictamen del Consejo va más allá, y solicita que la ley se endurezca en algunos aspectos. Por ejemplo, pide que se multe a las mujeres que aborten fuera de los supuestos establecidos por la reforma, ya que si no existe reproche penal “supone un recorte cualitativo de la protección penal de la vida del nasciturus y puede entenderse como incoherente con los principios de la norma y el marco constitucional”.
También insta a que se mantenga la eliminación del supuesto de anomalía fetal, al que se refiere como “opción legítima de política criminal”. A la vez, aconseja al Gobierno que recuerde las dos leyes anteriores y la regulación existente que se deriva de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Los médicos que emitan informes favorables al aborto son otro de los objetivos del Consejo Fiscal, al entender que no es garantía suficiente que se exija que ejerzan fuera del centro donde se realiza la interrupción del embarazo. Por ello, propone que los que decidan sean médicos de la sanidad pública sin vinculación alguna con los centros privados.
El aborto de las menores, único rechazo
El órgano consultivo, por otro lado, rechaza que en la reforma de Gallardón se contemple que sea un juez el que decida sobre el aborto de las menores de 16 y 17 años cuando haya conflicto con sus padres, como también recoge la Cadena SER. En este caso, entiende que se debe respetar la decisión de las jóvenes, y que “judicializar toda discrepancia con la mujer puede no ser recomendable en el caso de las menores emancipadas, o de 16 o 17 años, a quienes se debe reconocer un grado de autonomía superior”.
