Son decisiones que se toman en despachos pero que tienen, a muchos kilómetros de distancia, consecuencias reales, palpables, desoladoras. Si los recortes se han llevado por delante becas y servicios públicos en España, fuera de ella se ensañan aún más con los débiles: niños que pierden la posibilidad de ir a la escuela en Centroamérica, familias que ven desaparecer bolsas de comida en el Sahel o empleos rurales que se evaporan Haití. La drástica reducción de las partidas de ayuda al desarrollo han obligado este año a muchas ONG a suspender proyectos humanitarios. Y 2013 será aún peor.
El último Eurobarómetro (pdf) demuestra que la opinión de los españoles sobre los esfuerzos para la Cooperación que deben hacerse en época de crisis está muy dividida. Un 48% piensa que se debería mantener o incluso incrementar la ayuda humanitaria, cuando la media europea asciende al 61%. Por contra, otro 48% está en contra de mantener o incrementar esos fondos al desarrollo. Entre ese grupo, un 23% considera que deberían reducirse las ayudas porque “no podemos permitírnoslo”, cuando la media europea es del 18%. España es el país de la Unión Europea donde más crece el rechazo a un aumento en las ayudas, independientemente de los compromisos adquiridos: un 26%, 9 puntos más que hace un año.
En el plano de lo político, España está cada vez más lejos de aquel compromiso de alcanzar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta (RNB): el presupuesto para cooperación ha bajado un 70% desde 2010. Y en los presupuestos para 2013 se prevé una nueva reducción, de 300 millones. La aportación española para garantizar y defender los derechos humanos se queda por debajo del 0,2% de la RNB. Una política que, señalan en la Coordinadora de ONG para el Desarrollo (CONGD), acaba con 32 años de trabajo en cooperación.
Así, mientras el presidente Mariano Rajoy hablaba a finales de septiembre ante la ONU de su preocupación por la hambruna en el Sahel y reiteraba el compromiso de España con Los Objetivos del Milenio -en la última sesión de control en el Congreso volvió a enorgullecerse de la cooperación española- las cuentas públicas retrocedían la ayuda humanitaria de nuestro país a niveles de los años '90.
Con las nuevos presupuestos la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), encargada de coordinar las acciones humanitarias, se queda prácticamente reducida a la nada. “Sin embargo, crecen un 52% partidas como la de acción exterior, destinada a la presencia y representación de España en el extranjero”, apunta Mercedes Ruiz-Giménez, presidenta de la CONGD. “Entendemos que haya recortes, pero no son proporcionales ni a la media de los ajustes ni a la reducción de la renta per cápita”, asegura.
“El dinero que recibimos no es estatal, es público”, remarca. ¿Estamos todos de acuerdo en eliminar casi por completo ayudas de las que depende un plato de comida o un poco de agua potable en un mundo en el que más de 2,5 millones de niños mueren al año de hambre?, se pregunta.
“No competimos con las organizaciones que trabajan dentro de España, porque siempre hemos trabajado codo a codo con ellas”, aclara Ruiz-Giménez. Se trata de nuestros compromisos como país industrializado, categoría en la que España fue incluida por el FMI en 1980. Hasta 1983 nosotros éramos beneficiarios de esas ayudas internacionales.
Proyectos paralizados, deudas y despidos
La tijera no sólo es estatal. La semana pasada la Comunidad de Madrid decidió eliminar por completo las ayudas, “salvo casos de emergencia”. Cataluña las redujo ya a su mínima expresión, dejando a ONG como Educación sin Fronteras sin 20 de sus 64 programas, como denunció en julio su director general, Xavier Masllorens. El presupuesto de la entidad pasó de golpe de 6,3 millones a 3,8.
La situación se repite también en grandes ONG. Intermón Oxfam ha despedido a casi el 20% de sus 500 empleados, y Ayuda en Acción al 25%. Para Intermón las reducciones han significado, según sus propios datos, una caída en la financiación de unos seis millones de euros anuales. Esto ha dejado en el aire la formación de 1.300 maestros en Mozambique o las ayudas a más de 5.000 mujeres trabajadoras en Marruecos.
Los casos se multiplican. El apoyo a programas que llevaban años en marcha ha desaparecido de los presupuestos. Incluso algunas convocatorias que ya habían sido aprobadas después han sido anuladas por decreto. Y en muchos casos proyectos que ya estaban en marcha se han quedado sin dinero.
La CONGD, que congrega a más de 450 entidades, denunció hace unas semanas ante la Defensora del Pueblo una deuda de 70 millones de euros de las administraciones autonómicas. De ellos, unos 30 millones ya fueron desembolsados por las ONG, que debieron recurrir a la financiación de los bancos para continuar con los proyectos sobre el terreno, lo cual deja a muchas endeudadas e incluso al borde de la desaparición.
Aunque no hay cifras oficiales, un estudio de ESADE y PWC calcula que entre un 20 y un 30% de las ONG han desaparecido. Y las que no cierran sus puertas dejan en la calle a buena parte de sus trabajadores: dos de cada tres, en las 100 principales organizaciones dedicadas a la ayuda exterior, según un estudio de la ONGD. Muchos de ellos, sin embargo, siguen trabajando en las organizaciones como voluntarios.
Las críticas señalan una excesiva dependencia de los fondos públicos. Y el Gobierno recomienda a las ONG que hagan alianzas con empresas privadas. “Hay que tener cuidado con eso, porque tendríamos que exigir un nivel de transparencia y buenas prácticas que no todas las compañías están dispuestas a aceptar”, explica Ruiz-Giménez. Lo cierto es que las aportaciones privadas también han descendido. “Muchos socios siguen pagando sus cuotas, pero han pedido reducirlas porque tienen menos ingresos”, explica.
Con los Presupuestos en trámite en el Congreso, las ONG han lanzado una campaña para juntar firmas y pedir que no se recorte en cooperación. Piden que se busquen nuevas fuentes de financiación como la tasa Tobin o que al menos los tijeretazos no se ceben con los más débiles.