Algunas de las empresas más contaminantes del planeta, entre ellas algunas grandes compañías petroleras, presumen de haber conseguido ser neutras en emisiones de carbono gracias a los bonos de compensación de CO2 que pagan en el mercado privado. Es decir, sus combustibles fósiles emiten millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, pero como participan en proyectos de recuperación de bosques y otros espacios naturales, la cuenta les sale a cero.
Los mecanismos de validación de este sistema llevan tiempo siendo cuestionados por diferentes informes e investigaciones periodísticas, y un análisis publicado este jueves la revista Science refuerza esta visión con datos contundentes. En este nuevo trabajo, un equipo de la Universidad de Cambridge aporta nuevos datos que confirman que muchos de los “créditos de carbono” que compran las empresas para equilibrar las emisiones no están vinculados a la preservación de los bosques en el mundo real. Y que millones de créditos de carbono se basan en cálculos toscos que inflan los éxitos de conservación de estos proyectos voluntarios.
Deforestación “evitada”
Para el trabajo, los autores usaron los datos de 26 proyectos REDD+ en seis países de tres continentes, pero para el análisis del impacto de las emisiones se centraron específicamente en 18 proyectos en cinco países tropicales: Perú, Colombia, Camboya, Tanzania y la República Democrática del Congo. REDD es un acrónimo en inglés de “Programa de las Naciones Unidas para la Reducción de Emisiones causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques”. El programa trata de reducir el impacto en emisiones que tiene la tala de bosques mediante diferentes estrategias que incluyen el desarrollo de actividades de gestión sostenible de los bosques. Una parte de estas acciones son las que afectan a la “deforestación evitada” y a los créditos de proyectos voluntarios que se emiten en función de las predicciones de pérdida de árboles que habrían ocurrido sin el esquema REDD+ y los estándares de medición se certifican por la empresa Verra.
Pero, ¿están bien ajustadas con la realidad estas predicciones con las que se otorgan los créditos? El equipo de Centro de Cambridge para la Gobernanza del Medio Ambiente, la Energía y los Recursos Naturales (C-EENRG) ha adoptado un enfoque “contrafactual”, es decir, han identificado áreas existentes de bosque lo más parecidas posible a las áreas de cada proyecto REDD+ para comparar su evolución con lo que el proyecto de compensación aseguraba haber conseguido o evitado.
Lo que vieron fue que, de los 18 proyectos, solo uno había subestimado sus tasas de deforestación y otro había pronosticado niveles de deforestación similares a los de su sitio de comparación. Los otros 16 proyectos afirmaron que se habría producido mucha más deforestación de lo que sugirieron los bosques homólogos elegidos para la comparación.
Al analizar cuántos créditos de carbono habían sido útiles de verdad, los autores estimaron que solo el 6% del total de créditos de carbono producidos por los 18 proyectos REDD+ en 2020 son válidos y que han utilizado para compensar casi tres veces más carbono del que realmente han mitigado a través de la conservación de los bosques. En casos como el de Perú, la deforestación observada en los homólogos de los proyectos fue un tercio de la que predijeron los gestores para las áreas protegidas, lo que significa que, al definir mal los criterios, se está vendiendo un beneficio ficticio para un riesgo de deforestación que estaba inflado.
Vender “palabrería”
“Los créditos de carbono brindan a los principales contaminadores una apariencia de credenciales climáticas” asegura Andreas Kontoleon, profesor del Departamento de Economía de la Tierra de Cambridge y coautor del trabajo. “Sin embargo, podemos ver que las afirmaciones de salvar grandes extensiones de bosque de la motosierra para equilibrar las emisiones son exageradas”.
Los mercados de créditos de carbono se han disparado en los últimos años. Más de 150 millones de créditos se originaron a partir de proyectos voluntarios de REDD+ en 2021, con un valor de 1.300 millones de dólares. “Estos créditos de carbono esencialmente predicen si alguien cortará un árbol y venden esa predicción”, destaca Kontoleon. “Si exageras o te equivocas, intencionalmente o no, estás vendiendo palabrería”. Estas sobreestimaciones de la conservación de los bosques son las que han permitido, según los autores, que la cantidad de créditos de carbono en el mercado siga aumentando, lo que a su vez reduce los precios.
Los autores del estudio creen que estamos ante lo que se conoce como un “mercado de limones”, es decir, un sistema en el que los compradores no tienen forma de distinguir la calidad, por lo que algunos vendedores inundan el mercado con productos malos y lo colapsan. “Los compradores potenciales se benefician de los precios constantemente bajos creados por la avalancha de créditos. Significa que las empresas pueden marcar su casilla de cero neto al menor costo posible”, dice el experto.
Entre los males del sistema, los investigadores señalan que los proyectos pueden ubicarse donde sea más probable que la conservación tenga éxito independientemente de la intervención y que los métodos de predicción de la deforestación pueden “inflarse de manera oportunista” para maximizar los ingresos de las ventas a crédito. “Existen incentivos perversos para generar una gran cantidad de créditos de carbono y, en este momento, el mercado esencialmente no está regulado”, explica Kontoleon. “Se están creando agencias de vigilancia, pero muchos de los involucrados también están vinculados a agencias de certificación de créditos de carbono, por lo que marcarán su propia tarea”.
Confianza “quebrada”
Para entender el impacto de este nuevo trabajo hay que poner un poco de contexto. En 2019 un especial de ProPublica denunció los tejemanejes de algunas de estas empresas en los bosques de Brasil, obteniendo créditos por compensaciones de emisiones de CO2 que nunca llegaron o mediante actuaciones que perjudicaron a las poblaciones locales. Y en enero de este año, el diario The Guardian denunciaba que más del 90% de las compensaciones de carbono de la selva tropical realizadas por el certificador Verra no se ajustan a los valores reales. Parte de sus conclusiones se basaban en un trabajo metodológico publicado por el investigador Alejandro Guizar-Coutiño y su equipo de la Universidad de Cambridge, quienes tras analizar 40 proyectos REDD+ voluntarios en nueve países mostraban grandes desajustes entre lo que se había certificado y las emisiones que se habían evitado en el mundo real.
El sistema no se creó para mejorar la imagen de las empresas, sino para proteger los bosques
“Este nuevo estudio destaca uno de los problemas principales que causa la falta de confianza en los mercados de carbono forestal: la generación de líneas base”, explica Guizar-Coutiño a elDiario.es. “Sin embargo, con los avances metodológicos recientes y lo que hemos aprendido en la última década sobre implementación de proyectos REDD+, actualmente contamos con herramientas para implementar soluciones que contribuyan genuinamente a combatir el cambio climático y la pérdida de biodiversidad”.
Restablecer los criterios
En un artículo de análisis publicado simultáneamente este jueves en la revista Science, los especialistas en conservación Julia Jones y Simon Lewis se manifiestan en el mismo sentido. “Las compensaciones engañosas”, escriben, “tienen consecuencias negativas para el clima porque no compensan la liberación de emisiones, para la conservación de los bosques porque no reducen la deforestación tanto como se afirma, y para la financiación futura de la conservación de los bosques porque los riesgos de reputación de verse manchado por acusaciones de lavado verde pueden disuadir futuras inversiones”. En otras palabras, se ha roto la confianza en el sistema y de alguna manera debe ser establecida, porque la reducción de emisiones es más necesaria que nunca.
Para quienes trabajan en el sector, es vital que se restablezca esta confianza. “Es importante recordar que hay gente que sí lo está haciendo bien y ayudan a disminuir la deforestación”, asegura el responsable de una empresa que se dedica al asesoramiento para este tipo de acciones y que prefiere no ser identificado. A su juicio, si hay problemas en algunos de estos casos es, en buena parte, porque están mal definidos los estándares, por lo que no cree que haya que tirar todo el sistema de REDD+ a la basura. “Lo que hay que hacer es mejorar los elementos que no están funcionando y aplicar mucho más rigor, pero no tirar todo, porque se corre el riesgo de volver a una situación en la que no se combata la reforestación”. Y no hay que perder de vista, recuerda, que “el sistema no se creó para mejorar la imagen de las empresas, sino para proteger los bosques”.
Los propios autores del nuevo estudio recalcan este aspecto constructivo en sus conclusiones. “Es fundamental desarrollar métodos nuevos y rigurosos para la construcción de líneas de base de deforestación creíbles para las intervenciones voluntarias de REDD+ y evaluar adecuada y periódicamente su contribución a la mitigación del cambio climático”, escriben. “A partir de este conocimiento, académicos, profesionales y formuladores de políticas deben formar asociaciones efectivas para ayudar a REDD+ a cumplir su promesa original”.