Los árboles juegan un papel crítico en la mitigación de las emisiones globales de carbono, por lo que frenar la pérdida de árboles en los países de bajos ingresos, donde se produce la mayor parte de la deforestación hoy en día, es visto como una de las formas más rentables de reducir las emisiones globales de dióxido de carbono.
Ahora, un programa de incentivos llevado a cabo en Uganda ha demostrado que pagar a los propietarios de los bosques una pequeña tarifa para que dejen de cortar árboles resulta rentable en la lucha contra el cambio climático.
La deforestación ha sido la responsable del 9% de las emisiones globales de carbono antropogénico en los últimos diez años, lo que la convierte en la segunda fuente de emisiones de carbono después de la quema de combustibles fósiles. Los árboles absorben dióxido de carbono (CO) a través de la fotosíntesis y almacenan el carbono en su biomasa, por lo que cuando se corta un árbol se detiene esta absorción y cuando éste descompone o se quema, el carbono capturado vuelve a la atmósfera.
Por este motivo, un grupo de investigadores puso en marcha en el año 2012 un programa de incentivos para los dueños de tierras boscosas del oeste de Uganda, ofreciendo una cantidad aproximada de unos 20 euros por cada hectárea de bosque que permaneciera intacta.
Tras analizar los resultados, los investigadores concluyeron que “el beneficio por cada individuo que mantiene intacta su parcela de bosque es de aproximadamente unos 410 euros, mientras que los costos del programa son de poco más de 170”, según ha explicado a eldiario.es Seema Jayachandran, investigador de la Universidad Northwestern y autor principal del estudio.
“Para cuantificar este beneficio”, explica este investigador, “primero convertimos las hectáreas de bosque en toneladas de dióxido de carbono que de otro modo se habrían liberado a la atmósfera” y luego se da un valor monetario a esas emisiones “lo que se denomina el 'costo social del carbono', que es una estimación sobre el daño económico que causa cada tonelada de CO que se emite”.
Una propuesta polémica
Tras obtener estos resultados, los autores del estudio concluyen que “la reducción de la deforestación en países de bajos ingresos es una de las maneras más rentables de mitigar las emisiones globales de CO” y que “el hecho de que los países ricos financien proyectos de conservación forestal en países pobres es una forma prometedora de abordar el cambio climático”.
Según aseguran estos investigadores en su estudio, que ha sido publicado en la revista Science, “el costo de intensificar la agricultura y adoptar combustibles no madereros […] es mucho menor que el costo de los cambios tecnológicos que habría que implementar en los países de altos ingresos para que reduzcan las emisiones la misma cantidad”.
Sin embargo, la afirmación realizada por estos investigadores no está exenta de polémica y es objeto de debate a nivel internacional. “Obviamente hay un dilema ético en pagar a los países empobrecidos para que no corten sus bosques porque nos sale más rentable que aplicar medidas más estrictas para reducir las emisiones”, explica a eldiario.es Sergio de Miguel, investigador de la Universidad de Lleida y miembro del comité directivo de la Global Forest Biodiversity Initiative.
Según de Miguel, “está claro que estamos en un mundo en el que debemos promover un desarrollo sostenible basado en el uso responsable y la protección de los bosques, pero no deja de ser un poco injusto que se le exija a ciertos países pobres que no exploten sus recursos forestales para evitar el calentamiento global, cuando los países desarrollados se han enriquecido mediante la explotación de estos recursos y, además, hoy en día son los principales emisores de dióxido de carbono”.
Cuidar los bosques no es suficiente
De Miguel recuerda que aunque el almacenamiento de carbono en los bosques es muy importante, “por sí mismos no serán capaces de revertir el proceso de calentamiento global”. Según este investigador, “se debe tener en cuenta el papel de los bosques para mitigar el cambio climático, pero esto no puede ser excusa para que no se desarrollen también otras políticas ambiciosas de reducción de emisiones en los países más desarrollados”.
Aun así, de Miguel considera que los programas de pago por servicios ambientales son “una herramienta más a la hora de gestionar ciertos ecosistemas para garantizar la provisión de determinados servicios ecosistémicos” y los considera “útiles siempre y cuando sean sostenibles y se alcancen los objetivos para los que hayan sido diseñados, ya sean de conservación, de captura de carbono, de belleza escénica o cualquier otro servicio ecosistémico”.
Los bosques de Uganda cubren una octava parte de su superficie terrestre y su tasa de deforestación entre 2005 y 2010 fue del 2,7% anual, la tercera más alta del mundo. El ritmo de la deforestación es aún más rápido en las tierras de propiedad privada, que representan alrededor del 70% de los bosques del país. “Gran parte del bosque pertenece a pequeños propietarios, que en general son bastante pobres y que suelen vender los árboles a comerciantes de madera o carbón”, explica Jayachandran.
Además de reducir el CO atmosférico, los bosques también representan un hábitat fundamental para muchas especies que hoy en día están amenazadas por la deforestación en el oeste de Uganda, especialmente los chimpancés. Según Jayachandran, “el gobierno de Uganda está muy interesado en preservar sus bosques occidentales, en gran parte porque son el hábitat principal de los chimpancés, una especie en peligro de extinción y que es un importante reclamo turístico para el país”.