La dependencia mejora sus listas de espera con la inyección del Gobierno y “un sistema low cost”

2021 ha sido un punto de inflexión para la inversión en dependencia. “Ha sido el año en el que ha cambiado la tendencia negativa de la dependencia en nuestro país desde los recortes de 2012”, apunta José Manuel Ramírez, presidente de la asociación de directoras y gerentes de Servicios Sociales. Aun así, y a pesar de los datos positivos de 2021, 46.300 personas fallecieron esperando una prestación por dependencia. Además, en enero de 2022 todavía había 317.942 afectados en lista de espera para obtener una ayuda. 

Los gerentes de la dependencia han celebrado la inyección económica del Gobierno central para reducir la lista de espera y los tiempos de tramitación. Según el Observatorio Anual de la Dependencia, presentado este martes, el plan de choque del Ministerio de Derechos Sociales –que ha supuesto una inversión de 600 millones– ha tenido en 2021 un impacto directo en el sistema. “Se incrementaron en 97.912 las personas atendidas y se generaron 27.453 nuevos empleos”, recoge el análisis de la asociación. Esta tendencia también es percibida desde la administración autonómica. Fuentes del Ministerio reconocen que “las medidas sobre la mesa son buenas, pero no todas pueden ser inmediatas”. “Lo no avanzado en 2021 se avanzará en 2022”, indican desde el equipo de Ione Belarra.

A pesar de estos resultados, desde la asociación de directoras y gerentes de Servicios Sociales realizan varias advertencias. “Se mantienen las desigualdades entre territorios, tanto en cobertura como en modelos de gestión”, añade el informe presentado. En este punto, Ramírez es contundente al destacar que “Catalunya y Canarias tienen un sistema en ruina”. “No han aprovechado la inyección económica para reducir la lista de espera”, incide. 

“Vamos en dirección contraria. En Catalunya hay nula sensibilidad en este tema”, sostiene María José Carcelén, presidenta de la coordinadora catalana de familiares de residencias 5+1. “No solo estamos a la cola en temas de lista de espera. A pesar de que en 2020 todo el mundo tenía claro que había que modificar las ratios, hemos avanzado muy poco. Hay una falta endémica de personal. No hay ningún proyecto de modificación de ratios”, añade.

Actualmente, las autonomías con mayor “limbo de la dependencia”, es decir, aquellas regiones que tienen la tasa más elevada de personas a las que se reconoce el derecho a la prestación, pero aún no se les ha concedido, son Catalunya (32%), La Rioja (31,5%) y Canarias (27%).

Ante estos datos, Ramírez considera que el Ministerio de Derechos Sociales debería “penalizar en el reparto de ayudas económicas” a aquellas comunidades que no cumplan con los objetivos expuestos en el plan de choque. Por su parte, los territorios donde el parámetro “limbo de la dependencia” es más reducido son Castilla y León (0,17%), Castilla La Mancha (4,5%) y Galicia (5,8%).

En la evaluación realizada los miembros de la asociación de directoras y gerentes de Servicios Sociales han celebrado los resultados obtenidos por la Comunidad Valenciana, que por primera vez en 15 años ha aprobado el dictamen de dependencia realizado por esta plataforma. Esta comunidad autónoma es una de las tres únicas regiones –junto a Baleares y Navarra– que ha recuperado plazas en atención residencial y en centros de día, tras el impacto que ha tenido la pandemia en estos servicios.

Asimismo, desde esta plataforma han destacado los resultados positivos de la Comunidad de Madrid. Según la información publicada por la asociación de directoras y gerentes de Servicios Sociales, en el último año el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso atendió a 19.244 nuevos dependientes, una cifra con la que mejora en 14 puntos porcentuales los datos de 2020. 

421 días: tiempo medio de tramitación de un expediente

A nivel nacional, a comienzos de año todavía había 396.787 personas a la espera de algún procedimiento vinculado a la dependencia, de ellas, 317.942 se encontraban en las listas de espera, otras 193.346 personas estaban en “el limbo de la dependencia” y 124.596 solicitantes continuaban a la espera de ser valorados.

Con estos datos, el tiempo medio de tramitación de un expediente es de 421 días, siempre según las estimaciones realizadas por la asociación de directoras y gerentes de Servicios Sociales. En relación a las listas de espera, apuntan que la previsión del plan de choque recogía que se tendrían que haber reducido en 60.000 personas, sin embargo no se ha alcanzado esa cifra y la disminución se ha limitado a 38.807 personas.

“El sistema de la dependencia está yendo a un sistema 'low cost”, lamenta Ramírez, que ha destacado que en 2021 “las prestaciones económicas por cuidados familiares tienen un importe medio mensual de 236 euros”. Además, en conversación con elDiario.es, reseña que con el paso de los años “la calidad de la atención” se ha ido reduciendo. Esta tendencia “a la baja” se mantiene en el “gasto por persona dependiente atendida”, de acuerdo a las cifras aportadas por la asociación. En 2021 este parámetro se redujo a 6.026 euros por afectado.

Los sindicatos coinciden con la descripción realizada por la asociación de gerentes. En esa línea, Jesús Cabrera, responsable de asuntos sociosanitarios en Comisiones Obreras, defiende que la pandemia “ha sacado a la luz pública la precariedad del sector”. Y alerta de que desde algunas comunidades autónomas, que tienen transferida la gestión de estos servicios, se apuesta por sustituir la oferta de plazas en residencias por horas de ayuda a domicilio porque esta asistencia es más barata. 

“En nuestro país el porcentaje del Producto Interior Bruto que se dedica a dependencia es muy bajo, es un 0,9% frente al 1,5% de la Unión Europea”, añade. Más allá de la inversión económica Cabrera apuesta por incrementar las ratios y mejorar las condiciones laborales para fortalecer el sistema de dependencia estatal. “Si la plantilla es escasa, eso repercute a los usuarios”, apunta el portavoz de CCOO.

En esa precarización del servicio advertida por Ramírez, también indica que la ayuda a domicilio presenta “unas intensidades horarias medias de 33,6 horas al mes”. Estas cifras representan una asistencia media de una hora y media diaria de lunes a viernes. Otro de los factores que desde la plataforma temen que deriven en un empeoramiento de la atención a personas dependientes es la proliferación de la teleasistencia. 

Además, en este informe abordan las ayudas para las cuidadoras. “Esta prestación nació un poco pervertida porque tiene un fallo muy grande, no permite compatibilizarlo con el trabajo”, apunta Paloma Pastor, presidenta de la Fundación Sin Daño y madre de un joven con un daño cerebral adquirido. Asimismo, defiende que este complemento económico no “funciona bien” porque las familias con personas dependientes “lo que buscan es incorporarse al mercado laboral” y “no ser cuidadoras de por vida”. Por lo tanto aboga por una revisión del modelo para que sea compatible con una situación laboral activa.

Con la inyección económica del Gobierno central, la aportación de la Administración General del Estado “registró en 2021 un porcentaje de financiación como en 2012, mientras que las comunidades autónomas han disminuido sensiblemente” su aportación porcentual, apunta el informe. El año pasado “la Administración General del Estado soportó el 21,5% del coste global [del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia], las personas usuarias un 21,3% y las administraciones autonómicas el restante 57,2%”. 

Ante el empuje estatal a la Ley de Dependencia, Ramírez también señala que su plataforma confía “en que el esfuerzo económico del Ministerio no sirva para que algunas comunidades autónomas lo utilicen para ahorrarse ellas el dinero”. A su vez, lamenta que el Gobierno central haya dejado sin gastar 75 millones de euros presupuestados por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en el “nivel mínimo”, una vía de financiación que se aporta a cada región en función de diferentes indicadores, como el número de dependientes efectivamente reconocidos y atendidos. . 

Sobre esta cantidad, desde el Ministerio de Derechos Sociales aseguran que “la ejecución depende de la gestión de las comunidades” y “no todas han acelerado a la vez, ya que cada una aborda sus problemas particulares con sus propias medidas”. Más allá de los 75 millones señalados por la asociación, hay que tener en cuenta que de los 1.746 millones presupuestados en el “nivel mínimo” se ejecutó el 95,6% de esa partida.