Miles de familias han perdido su casa desde 2007 en España. ¿Pasó lo mismo en otros países europeos? ¿Las proporciones de drama humano han sido las mismas? ¿Se salvan las zonas más ricas con un Estado social más fuerte?
28 expertos de los 28 estados miembros tenían muchas preguntas que responder cuando recibieron el encargo de la Comisión Europea de elaborar el primer estudio sobre desahucios y sin hogarismo en Europa. Tras dos años y medio de trabajo, el grupo ha presentado un primer proyecto piloto que revela “la limitación de los datos públicos” en este ámbito. “Hay una clara necesidad de mejorar la recogida de datos de desahucios a nivel nacional en la mayoría de los países”, dice el informe, que reconoce que hasta que no haya un avance en este sentido no será posible hacer una comparación entre los países comunitarios.
El estudio establece una triple clasificación para dividir a los países, teniendo en cuenta datos de 2010 a 2013: las zonas en las que el número de desahucios se mantuvieron estables (con una horquilla de variación inferior al 10%); los lugares en los que aumentaron (más de un 10%, como Irlanda o Países Bajos) y aquellos en los que se redujeron (más de un 10%, es el caso de Dinamarca, Suecia, Portugal y Francia).
Fuera de estos cajones están los países como España cuyos datos registrados –basados en proyecciones en los años 2010 y 2011– han fluctuado sin una tendencia constante. El esquema español traza una tendencia también visible en otros lugares –como Polonia, Eslovenia o Reino Unido– y que tiene dos vertientes: el aumento de los desahucios por alquiler y la disminución de los relacionados con una hipoteca. España sube más que el resto en las expulsiones de casas arrendadas. Los desahucios de propietarios que no pudieron seguir pagando han caído un 2,5%.
La dificultad de comparar
Las tablas comparativas incluidas en el informe demuestran la heterogeneidad de los datos: algunas zonas solo cuentan con cifras en sus capitales y otros lugares tienen únicamente contabilizadas las expulsiones de pisos de renta social. “Es muy difícil establecer una comparación porque nos encontramos con indicadores muy diversos: teníamos países que contaban las ejecuciones iniciadas y de otros, por poner un ejemplo, los lanzamientos”, explica Sergio Nasarrel, investigador español involucrado en el proyecto.
El experto sostiene que, estimando, proyectando y haciendo las comparaciones pertinentes con el total de la población, el impacto de los desahucios en España no es mayor al de otros países. “Creo que tenemos que hacer aquí un trabajo de derribar tópicos. No somos la excepción en el conjunto. En 2012, había según el INE 23.000 personas sin hogar, de las cuales el 20% achacaba su situación a un desahucio. El número de desahucios ese año alcanzó casi los 90.000, entre hipotecas y alquileres. ¿Dónde están todos los demás?”.
Nasarre interpreta parcialmente los datos echando mano del régimen de tenencia predominante en España: la propiedad. “Esta estructura en la que el 90% de los jubilados son propietarios posibilita que la familia funcione como una red de contención. El 25% de las personas mayores ayuda a sus familiares acogiéndolos en sus casas y el 40% económica o materialmente”, desgrana.
Los países, según la tesis del experto, cuyos ciudadanos viven sobre todo en viviendas alquiladas –la mayor parte de la UE– requieren un “Estado social mucho más fuerte” y “llevan aparejada una mayor carga fiscal”. “Si hay una mayor movilidad entre viviendas es muy probable que, según la unidad familiar se va reduciendo por la marcha de los hijos e hijas, el tamaño de la casa lo vaya haciendo a la par, especialmente en una época de crisis con pensiones reducidas. Y esto implica problemas si tienen que regresar”, explica.
Desahucios en solo días
Sergio Nasarre relaciona directamente mayor carga fiscal a mayor celeridad en la ejecución de los desahucios. En Suecia, por ejemplo, basta con una semana de impago en el alquiler para poder denunciar al inquilino y, una vez recibida notificación informativa del juzgado, pueden desahuciarte inmediatamente. El caso de Dinamarca –con un 20% de vivienda social frente al escaso 2% de España– es similar: el proceso judicial por impago de alquiler dura de media solo nueve días frente a los tres meses que se prolonga en España.
“Los tiempos se dilatan más, en general en todas partes, si hablamos de deudas hipotecarias”, sostiene el experto. Basta con un mes de impago para que un banco ponga en manos de la justicia la cuestión en Dinamarca, Grecia, Finlandia, Portugal o Irlanda; aunque el transcurso de ese proceso judicial, si llega a su fin, fluctúa entre 84 días en Dinamarca y 90 meses en Italia. “España está más o menos en una media de 10 meses y hasta el tercer mes de incumplimiento con el banco no se judicializa el proceso”, explica Nasarre, que concreta que antes de la reforma para facilitar el desahucio exprés del PSOE para alquileres se situaba entre los países más tardíos.
Una vez que se notifica a la familia deudora, el lanzamiento se echa encima con solo tres días de margen en Grecia, por ejemplo. En nuestro país, este impasse dura entre un mes y medio y tres; y hasta cuatro si intervienen los servicios sociales. La decisión de los juzgados de Eslovenia (8 días) y Letonia (10) corre más deprisa.
El indicador: la alternativa habitacional
“No importa tanto si se desahucia con más o menos rapidez como el hecho de que las personas puedan acceder a un realojo inmediato”, dice el antropólogo y experto en vivienda Fernando Caballero Baruque. Es este indicador, según Caballero, el que marca la protección social del Estado a sus ciudadanos. “La gente debería salir de su casa con la garantía de que podrán alojarse inmediatamente en otra, lo que no está pasando en España”, desarrolla.
El Tribunal Constitucional de Polonia decidió a través de una sentencia en 2001 que los desahucios sin alternativa habitacional eran inconstitucionales. Y en Rumanía, están prohibidos los desalojos en invierno cuando las personas no tienen adónde ir. Son dos ejemplos de blindaje recogidos por el estudio, que también contabiliza el número de países con menciones específicas en sus constituciones a la vivienda: son 11 de 28. Esto no significa que desarrollen en sus legislaciones este derecho, de hecho solo siete países lo hacen (Chipre, República Checa, Francia, Dinamarca, Holanda, Polonia y Reino Unido).
Los perfiles de las personas que viven estas situaciones límite –desencadenadas en la mayor parte de los casos por una “mezcla de factores estructurales como la pobreza, el desempleo y la falta de vivienda de coste asumible con otros de vulnerabilidad individual”– era otra de las preguntas de los investigadores, que terminan concluyendo que “hay pocos datos” e “información muy vaga”. El estudio subraya en positivo los datos recopilados en España en este sentido, junto a Francia, Suecia, Finlandia y Dinamarca. También reconoce expresamente el trabajo de la PAH –análogo al que han hecho otras plataformas de la sociedad civil como Habita (Portugal) o Droit au Logement (Francia)– en este cometido con la publicación de un informe basado en 11.600 entrevistas.
La Convención Europea de Derechos Humanos, ratificada por todos los estados miembros, obliga al respeto del derecho a una casa en su artículo 8. “Tiene que haber una justificación apropiada y una necesidad social lo suficientemente importante para que se produzca un desahucio”, destaca el informe, que recuerda a los países que “deben evitar los desahucios que impactan en la dignidad de las personas y causan trato inhumano y degradante”.
La estadística de Eurostat sobre ingresos y condiciones cifra en 700.000 las unidades familiares de la Unión Europea que han tenido que cambiar de vivienda debido a un proceso de desahucio entre 2007 y 2012. El estudio mismo admite que la “dimensión real es en realidad mucho mayor”.