España registra 20.000 desapariciones de media al año pero solo el 7% se consideran de alto riesgo

Especialistas de la Policía de Guías Caninos, Medios Aéreos, Policía Judicial, GEO, Caballería, UIP, Telecomunicaciones, siete drones. En total, 300 profesionales y un centenar de voluntarios se suman estos días a las labores de búsqueda de Blanca Fernández Ochoa, la medallista olímpica desaparecida en Cercedilla (Madrid) el pasado 23 de agosto. Tras once días desde su desaparición, la Policía Nacional sigue barajando como principal hipótesis la desaparición voluntaria de la exdeportista. 

La de Blanca Fernández es una de las 20.000 denuncias por desaparición que de media se interponen cada año en España. Sin embargo, de esta abultada cifra, solo el 5% se mantienen en situación activa. Y, de ellas, menos del 7% se consideran de alto riesgo. Estas cifras se corresponden con la media de los registros de 2010 a 2018, recogidos en el último informe sobre personas desaparecidas en España elaborado por el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES).

Una media de 20.000 denuncias al año

Según los datos del citado informe, el número de denuncias por desaparición no ha parado de aumentar. En 2010 se denunciaron algo más de 3.000 casos (una media de 9 denuncias al día). Ocho años más tarde, esta cifra se ha disparado hasta las casi 30.000, una media de 81 denuncias por desaparición diarias.

Touris explica a eldiario.es que la gran diferencia en los registros en menos de una década se debe a que “la base de datos, en la que introducen información todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, se pone en funcionamiento en el año 2010. La puesta en marcha de determinados mecanismos requiere un cierto periodo de adaptación”.

Por otro lado, apunta la experta, desde la puesta en marcha del CNDES se llevan a cabo campañas de sensibilización para animar a denunciar las desapariciones lo antes posible: “Hay una especie de 'leyenda' en la sociedad, por la que para denunciar hay que esperar a las primeras 24 o 48 horas de la desaparición, y nosotros trabajamos en concienciar a la población para que esto no sea así: hay que denunciar cuanto antes para que los cuerpos y fuerzas de seguridad podamos actuar cuanto antes”. 

A pesar de lo alarmante de la cifra, la mayor parte de estas denuncias terminan rápidamente: “La mayoría de los casos se resuelven en las primeras 24, 48 o 72 horas”, explica Rosa María Touris, jefa de servicios del CNDES. Así, el número de denuncias que permanecen en situación activa se va reduciendo a medida que transcurre el paso del tiempo.

Más de la mitad de los desaparecidos, menores

El Protocolo de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad ante caso de personas desaparecidas considera como desapariciones voluntarias aquellas en las que “la persona que desaparece lo hace sin ningún tipo de condicionante externo que le obligue a tomar esta decisión”. Por ejemplo, “un cambio de domicilio sin dejar noticia o un alejamiento voluntario del entorno que le rodeaba hasta el momento”. También las “fugas de menores” de edad de centros acogida o “huidas de personas sobre las que pesa alguna reclamación u otras razones” entran en esta categoría.

Y precisamente, más de la mitad de las 176.000 denuncias interpuestas desde que hay registros, el 67% han sido desapariciones de menores de edad. En concreto, 117.311 fueron desapariciones de menores, y las 58.752 restantes, de adultos.

El 1% de las denuncias fueron de alto riesgo en 2018

El coche de Blanca Fernández fue localizado cerrado y en buen estado el pasado 1 de septiembre en el aparcamiento de Las Dehesas, en el municipio madrileño de Cercedilla. “El abandono del vehículo sin razón aparente” es uno de los factores que la Instrucción tiene en cuenta a la hora de valorar “el carácter forzado de la desaparición o la existencia de riesgo para la vida o integridad física de la persona desaparecida”, explica el informe en su metodología.

Menos del 1% de las desapariciones que se denunciaron en nuestro país el año pasado fueron de alto riesgo, según los datos del informe del Centro Nacional de Desaparecidos. De las 7.138 denuncias activas en 2018, solo 49 (el 0,7%) se clasificaron como tal. Las 7.134 restantes (el 99,3%) fueron de riesgo limitado.

“El hecho de que una desaparición sea voluntaria no quiere decir que no pueda ser de alto riesgo”, explica la jefa de servicios del CNDES. “Una persona adulta puede tomar la decisión voluntaria de desaparecer, pero si concurre alguna circunstancia que pueda poner en peligro su vida, se considera de alto riesgo. Eso es una valoración que hacen los investigadores en función de la casuística y las características específicas de cada caso”. 

Desapariciones voluntarias, involuntarias y forzosas 

Hay que señalar que la clasificación de desapariciones de “alto riesgo” y de “riesgo limitado” que emplea el informe del año pasado dejó de usarse en marzo de 2019. “Esta clasificación podía dar lugar a interpretaciones erróneas, por lo que el CNDES ha elaborado una nueva casuística: desapariciones voluntarias, involuntarias y forzosas”, explica la jefa de servicios del CNDES. 

Si una persona adulta toma libremente la decisión de “perderse” unos días en el monte, aislarse y desconectar para estar en contacto con la naturaleza, por ejemplo, de acuerdo con la nueva clasificación se trataría de una desaparición voluntaria. Si en este contexto la persona sufre algún tipo de accidente (por ejemplo, se fractura una pierna), pasaría a considerarse una desaparición involuntaria. Las desapariciones forzosas, por el contrario, son aquellas que “están basadas en un hecho delictivo o una actividad criminal”.

Aunque no existen cifras sobre cuántas de las desapariciones que se denuncian cada año en España son voluntarias (hasta ahora no era un dato obligatorio y no se recogía estadísticamente, con la nueva clasificación sí lo será), Touris asegura que la proporción de desapariciones forzosas en nuestro país es muy reducida.