Los casos máster de Casado y Cifuentes tienen cierto carácter de vasos comunicantes. La dimisión final de la expresidenta de Madrid, el pasado 25 de abril tras un mes de resistencia numantina, coloca al actual líder del PP frente al espejo de las responsabilidades políticas. Ambos asuntos tienen similitudes, pero también algunas diferencias.
Los mismos padrinos
Lo primero que une a los dos políticos es el Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos donde se matricularon. Su director, Enrique Álvarez Conde, ha sido considerado el “urdidor” de una red de concesión fraudulenta de títulos por la magistrada Rodríguez-Medel. El instituto ha sido el vehículo académico para desarrollar ese sistema del que supuestamente se beneficiaron Cristina Cifuentes y Pablo Casado.
El catedrático fue el tutor oficial de la expresidenta madrileña y también el interlocutor del político, según han contado ellos mismos. En el caso de Cifuentes, el catedrático aseguró que no recordaba qué método utilizaron para que le llegaran sus trabajos y fuera corrigiéndolos: “No era por correo electrónico”, llegó a decir. Pablo Casado explicó que Álvarez Conde fue quien le indicó qué debía hacer y a quien remitió sus trabajos. “A la hora de entregar los trabajos de investigación se hacía a través de él”, afirmó.
Fueron alumnos VIP
Ambos dirigentes eran diputados autonómicos en Madrid en el momento de matricularse. Pertenecían así al grupo de “alumnos escogidos”, como los ha llamado la instructora. Estudiantes VIP que disfrutaban de un tratamiento de privilegio para cursar el máster. Ninguno tuvo que asistir a las clases para superar el postgrado a pesar de ser de carácter presencial (en contraposición a sus compañeros de promoción ordinarios que sí debieron ir a las clases).
Casado accedió a una convalidación múltiple que le libró de dos tercios de las materias. Cifuentes también gozó de convalidaciones. En su caso, certificadas por los encargados de su máster: Álvarez Conde o Cecilia Rosado (los dos están imputados), pero con actas con firmas presuntamente falsificadas de otras catedráticas. Una de ellas, Ángela Figueruelo, denunció el asunto. El caso cayó en el juzgado de Rodríguez-Medel.
Comparten estrategia
Ante las revelaciones y hechos que se han ido conociendo, los argumentos de defensa de los dos implicados también se han asemejado bastante. Siguen un patrón parecido en el que se presentan como víctimas y despejan la responsabilidad a la Universidad.
“No es un ataque político, es un ataque personal”, espetó Cristina Cifuentes en su única respuesta pública (en Onda Cero) el día que eldiario.es desveló el retoque de sus notas de máster. Luego insistió en que todo era una “cacería política y personal” cuando habló para el PP y retransmitió sus palabas vía plasma. Ahora, Casado y el argumentario del PP repiten: “Está curtido ya en lidiar con acusaciones falsas y persecuciones injustificadas, pero esta, que afecta a su Presidente, está siendo muy dura y particularmente injusta”.
Además, ambos han decidido que la culpa de todo está en la Universidad. Los dos han sostenido que se han limitado a cumplir las instrucciones que les daba Álvarez Conde para obtener el título. Y que si hay algo irregular se debe buscar en los procedimientos de la Universidad.
Las mentiras
Tanto Cristina Cifuentes como Pablo Casado han compartido un denominador común en sus explicaciones: han dicho mentiras y han caído en contradicciones a medida que se iban desgranando más detalles sobre su periplo académico. El presidente del PP arrancó diciendo que no recordaba si había ido a clase para luego virar y admitir que no acudía. En la fase actual, tras la petición para que le impute el Supremo, repite que la ANECA ha dejado claro que no necesitaba un trabajo de fin de máster –la agencia especifica que la ley no lo exigía ni excluía– y que sobre él “no recae ningún indicio de culpabilidad” cuando, justamente, los indicios de que pueda haber cometido un delito es lo que ha hecho que la jueza Rodríguez-Medel eleve la causa al alto tribunal.
Cifuentes por su parte, una vez arrinconada y admitido que no asistía a las lecciones obligatorias, aseguró con aplomo que había “defendido presencialmente”, su trabajo final. “En el campus de Vicálvaro” y el 2 de julio de 2012, detalló. Justo los datos del acta que distribuyó entre los periodistas y mostró en el Parlamento madrileño. Un acta falsificada para que pudiera enseñarla, según se ha revelado en la instrucción del caso.
Confesión de implicados
Estos dos casos han contado con partes implicadas que han confesado. La profesora Alicia López de los Mozos dinamitó la coartada de Cifuentes al destapar que el acta de TFM exhibida por la política había sido fabricada para ella y que nunca estuvo en un tribunal que calificara ese supuesto trabajo. María Dolores Cancio, una de las compañeras de promoción de Pablo Casado, del grupo VIP, confesó que no había hecho nada más, aparte de matricularse, para ganarse el postgrado en derecho autonómico, arrojando luz sobre el sistema de regalos académicos del IDP.
Casado sí ha comparecido
Sin embargo, pueden observarse algunas diferencias. Si la ya expolítica se escondió durante días y días (solo habló en Onda Cero, 13TV y esa misma noche publicó su famoso vídeo: “No me voy. Me quedo”), el líder del PP convocó a los periodistas para intentar de aplacar el caso. También ha contestado en ruedas de prensa y accedido a entrevistas en radio y televisión según ha avanzado su caso.
Cifuentes y las notas retocadas
El embrollo con Cifuentes surgió del retoque de calificaciones a posteriori para que ella pudiera retirar el título: una funcionaria, Amalia Calonge, entró en el sistema informático para mutar dos no presentados por sendos notables. Luego, además, se descubrió que en ese curso, las actas de certificación de convalidaciones de asignaturas de Cifuentes tenían firmas falsas. Y como colofón, se fabricó un acta de TFM para cubrir la versión que salvaba a la entonces dirigente de la Comunidad de Madrid.
Los recibos de las convalidaciones
Sobre las convalidaciones. La normativa establece que deben hacerse por petición del alumno, no de oficio por parte de la Universidad. El estudiante solicita que le convaliden una serie de materias en virtud de sus estudios anteriores. Mientras Casado, al menos ha podido mostrar el recibo de color rosa del procedimiento administrativo que la jueza considera legal en su cantidad aunque irregular en el procedimiento, Cifuentes no ha podido enseñar nada: ni eso ni el famoso trabajo fin de máster.
Las maniobras para retirar el diploma de Cifuentes
Casado se ha defendido argumentando que él nunca ha hecho uso del título de máster (aunque sí lo ha colocado en su currículo oficial del Congreso). Que ni siquiera lo ha retirado de la secretaria de la Universidad. En ese sentido, Cristina Cifuentes no solo sí reclamó el diploma, sino que intentó saltarse el procedimiento reglado para su retirada: quiso que lo reclamara la funcionaria que retocó su expediente. Como no era legalmente viable, al final acudió ella misma, pero acompañada de esa trabajadora. Y se llevó el título al que, luego, ya acorralada, deseó renunciar por carta.
La presidenta sí dimitió
Con todo, la principal diferencia está en que Cristina Cifuentes, finalmente, rompió su enroque y optó por dimitir y abandonar la presidencia de Madrid 35 días después, ante la acumulación de detalles que ilustraban cómo le habían puesto alfombra roja para hacerse con un título universitario. Renunció tras la publicación de los vídeos de las cremas y cuando la instrucción del caso no había comenzado judicialmente. El tratamiento privilegiado que, según ha descrito la magistrada Rodríguez-Medel, también dispensaron a Pablo Casado, que ha declarado que no piensa dimitir mientras su caso espera la resolución del Tribunal Supremo.