Al menos tres diputados provida del PP –Lourdes Méndez, José Eugenio Azpiroz y Javier Puente– han decidido que no van a participar el próximo martes en la votación del Congreso sobre la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Popular de reforma puntual de la vigente ley del aborto para exigir el consentimiento paterno a las jóvenes de 16 y 17 años a la hora de interrumpir un embarazo.
Tras conocerse el jueves la voluntad del grupo popular de enmendar el texto para que el aborto no sea considerado un derecho, Méndez ha lamentado este viernes, en declaraciones a Efe, la “imposición” a todos los parlamentarios del Grupo Popular de votar una reforma de la ley del aborto “bajo pena de reprobación y sanción, y violentando voluntades y conciencias”. No obstante, consideran que no reconocer la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho es una “aproximación positiva” a su postura, aunque se mantienen a la espera de conocer el alcance de las enmiendas.
Aunque estén en el hemiciclo para el resto de votaciones de la jornada, estos diputados no emitirán voto ante la proposición de ley de su grupo, y de esa manera evitarán tanto votar a favor de una reforma que ven claramente “insuficiente” como rechazar la reforma de una ley socialista que deploran.
Y ante las “amenazas” de la dirección del Grupo Popular, según ha confesado a Europa Press uno de sus portavoces, si hay una sanción económica al respecto, la pagarán “con honor” y “gustosamente” porque será “en defensa de la vida y de los más débiles”. A su juicio, lo que debería hacer la dirección del Grupo Popular en el Congreso es recuperar las enmiendas que el PP presentó en 2010 a la ley de plazos impulsada por la entones ministra Bibiana Aído, ahora vigente.
Reunión con Hernando
Los diputados provida mantuvieron el pasado martes una reunión para tratar este asunto con la dirección del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados. Más concretamente con el portavoz del grupo en la Cámara Baja, Rafael Hernando, y con su número dos, José Antonio Bermúdez de Castro. A ella asistieron siete de los diputados 'populares' críticos con esta reforma que ven “insuficiente” por consagrar el aborto.
En el encuentro, que tuvo lugar horas después de la reunión de la Junta de Portavoces de los martes, desde la dirección del Grupo Popular se les anunció que la proposición de ley se adelantaba y se iba a debatir el martes 14, es decir, en el pleno de la próxima semana, a pesar de que estaba pendiente la sesión plenaria pospuesta por la tragedia del accidente de Germanwings.
Asimismo, se les informó de que debían votar con el grupo parlamentario porque, de no hacerlo, conllevaría una sanción económica, al romper la disciplina de voto, pese a que Hernando ha manifestado en varias conferencias de prensa que “siempre” en el grupo parlamentario existe la libertad de voto.
Concesiones
Además, y una vez tomada en consideración la proposición de ley en la Cámara el próximo martes, se les indicó también que existía la posibilidad en el trámite de enmiendas el hecho de “dejar claro” que “el aborto no es un derecho”. Es decir, que previsiblemente se iba a presentar una enmienda que “dejaría bien claro” que interrumpir de forma voluntaria un embarazo “no es un derecho”.
Ante estas manifestaciones, los provida agradecieron a la dirección del Grupo Popular ese “posible acercamiento”, si bien le recalcaron que éste debería haber consistido en conseguir la unanimidad en una reforma sustancial de la actual regulación y no simplemente en algo “nominativo”.
Según argumentan estos diputados, “mientras el aborto fuera libre y gratuito hasta las 14 semanas, en la práctica eso es un derecho”, se recoja o no la palabra, y por eso lo que habría que hacer es “suprimir el aborto en estas 14 primeras semanas”. Es más, creen que “lo coherente” con la carrera que ha seguido el PP en esta materia sería presentar las nueve enmiendas parciales que los 'populares' registraron para la Ley Aído.
“Mientras no exista la protección de la vida, que es el compromiso electoral, no lo puedo votar. Lo inexplicable es que no se dé libertad de voto, cuando encima Hernando lo dijo en rueda de prensa. Se demuestra de manera clara un cambio de nuestro proyecto ideológico sin haberlo debatido en el seno del partido ni del grupo”, señala otro de estos diputados.
A su vez, sostienen que tampoco se entiende que “se imponga de manera autoritaria” esta votación a todos los diputados, cuando ésta supone “el abandono de la defensa de la vida”, pudiendo aprovecharse la reforma para “ir más allá” y hacer “una reforma sustancial”. “Además se está violentando la voluntad y conciencia de cada uno amenazando con una sanción”, lamentan estas mismas fuentes.
A pesar de todas estas afirmaciones, otro de los parlamentarios críticos con la reforma reconoce que, el hecho de que el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, haya dicho que el aborto no es un derecho “es un paso sustancial”. “Hay una incomodidad en el grupo parlamentario por este asunto. Nosotros no queremos ser un quiste ni un grupo sino que representamos a la gran mayoría de los electores del PP y la posición de unos parlamentarios no tiene por qué considerar la legitimación de una iniciativa”, resaltan, al mismo tiempo que recuerdan la necesidad de presentar un plan de apoyo a la maternidad, como el emprendido en Castilla-La Mancha.
El PP asume que habrá fugas
La dirección del PP ya asume que el próximo martes va a haber fugas de voto en el Grupo Popular del Congreso, por lo que, según han indicado a Europa Press 'fuentes populares', se inclina por no introducir los cambios de redacción que había ofrecido a sus diputados provida, entre los que se había barajado eliminar la interrupción voluntaria el embarazo como un derecho.
En los últimos meses, la dirección del Grupo Popular ha intentado convencer a estos diputados para que no se desmarcasen, recordándoles que oponerse a cambiar la ley socialista supone avalarla, e incluso llegó a ofrecer enmiendas para ampliar la reforma puntual y suprimir la mención del artículo 3.2 donde se habla del “derecho” de la mujer a decidir la maternidad.
Tras el debate del martes se abrirá un plazo de presentación de enmiendas. El PP piensa pedir la tramitación de su reforma por el procedimiento de urgencia, lo que supone acortar los plazos a la mitad, pero no tiene intención de que la votación final en el Pleno del Congreso tenga lugar antes de las elecciones autonómicas y municipales del 24 de mayo.
Mientras tanto, grupos de la oposición como el PSOE e Izquierda Plural ya han dejado caer que piensan presentar una enmienda de totalidad contra la reforma, lo que exige la presentación de un texto alternativo. Ello implica un segundo debate en sesión plenaria antes de que se empiecen a discutir las enmiendas parciales en ponencia y comisión.
Tras la tramitación en el Congreso, el texto se remitirá en junio al Senado, donde también hay parlamentarios del PP contrarios a la reforma. La aprobación completa para su entrada en vigor se calcula antes del verano.