Un informe de la Comunidad de Madrid sobre los desastrosos resultados de una prueba de aspirantes a maestros interinos de Primaria ha sembrado la duda sobre el nivel de formación de los docentes y ha reabierto el debate sobre la calidad de la escuela pública.
El gobierno de Ignacio González ha apostado por cambiar unilateralmente los criterios de selección, mientras que los profesores aseguran sentirse difamados y critican lo que llaman doble discurso oficial: hablar de perseguir la excelencia mientras se recortan empleos y se empeoran las condiciones de trabajo en las aulas. Las comunidades autónomas han reducido conjuntamente el gasto en profesorado interino no universitario en cerca de 1.800 millones de euros entre 2009 y 2013. ¿Se puede apostar por una educación de calidad y ahorrar a la vez? ¿La clave está en endurecer los requisitos para ejercer como educadores?
Sobre este punto hay puntos de encuentro incluso entre PP y PSOE. La consejera de Educación madrileña, Lucía Figar, pidió públicamente al ministro José Ignacio Wert que modificara la formación de los docentes porque tienen “lagunas importantes”, pero antes Alfredo Pérez Rubalcaba ya había propuesto que los profesores pasaran obligatoriamente un MIR parecido al de los médicos.
Figar sostiene que la clave está en “garantizar que los mejores lleguen a las aulas”. Para ello, y tras no llegar a un acuerdo en la mesa sectorial, acaba de establecer por decreto una modificación en los baremos para acceder a los puestos vacantes. A partir de ahora la nota del examen pesará un 80% en la calificación final, y dejará la antigüedad y los méritos académicos en un 15% y un 5%, respectivamente. Antes la proporción era de 36,1%, 46,8% y 16,1%, respectivamente. Los sindicatos han rechazado de plano esta decisión, y han anunciado acciones legales y movilizaciones. El martes los interinos se reunirán para decidir si van a la huelga.
Pública versus concertada
“Buscan que la sociedad, los alumnos y los padres estén contra los docentes”, asegura Antonio Martínez, presidente de Enseñanza en CSI-F Madrid. “La Consejería no justificó este cambio con datos en ninguna de las reuniones que mantuvimos. Y casualmente el día que lo anuncian presentan un informe, sobre el que pesan serias dudas, en el que los docentes aparecen casi como analfabetos”, resume Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid. “Es claramente una difamación contra quienes sí pasan un examen para trabajar, algo que no ocurre en la escuela privada y concertada”, afirma.
La referencia al modelo público versus privado-concertado tiene, al menos en Madrid, un trasfondo de debate ideológico. Hace unos días, en un foro organizado por un grupo cercano al Opus Dei, la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre aseguró que los resultados educativos en Madrid están “bastante mejor que la media europea” porque “casi un 50% de los colegios de la región son concertados”.
Los sindicatos argumentan que lo que persigue la Administración con dar menor valor a la antigüedad en los concursos de acceso a las aulas es abaratar el gasto en salarios, ya que se deja fuera a docentes con derecho a trienios y sexenios. “Pero también se resta el aporte de la experiencia”, aseguran. “Es falso que se persiga la excelencia. La reforma menosprecia los méritos académicos y circunscribe la valía de un profesional a la nota de un examen. Así los cursos, masters o carreras que pueda tener un docente, o los idiomas que maneje, sólo suman medio punto”, explica Galvín.
Errores inaceptables
“No estamos contra la exigencia, todo lo contrario”, esgrime Galvín, que reconoce que algunos de los errores señalados en los exámenes, como los de ortografía, son “inaceptables”. Pero apunta a que es un problema general y no sólo del sector. “Los profesores tienen errores de ortografía. ¿Y los periodistas? ¿Y los médicos? ¿Y los políticos? Esto precisa de una solución integral y profunda. No se arregla sacando de la ecuación a los docentes con más experiencia”, reflexiona.
“Quieren menos interinos y poder elegirlos con los criterios que más les convengan en cada momento”, asegura Eduardo Sabina, de UGT. Una sospecha que complica aún más la situación para miles de docentes, en un contexto en el que las comunidades autónomas han reducido de media el gasto en interinos un 7,9%.
Según una estimación del gabinete de estudios de la Federación de Enseñanza de CCOO, sólo en Madrid se han perdido en los últimos cuatro años unos 6.000 puestos de trabajo, lo que se traduce en más estudiantes por clase, maestros con más horas en clase y menos preparando los temas, menos docentes dedicados al apoyo a alumnos con dificultades o inmigrantes y también menos profesores de especialidades como plástica o música.
Este “ajuste necesario” no va en detrimento de la calidad de la Educación, según palabras del ministro Wert. Los sindicatos sostienen lo contrario, y aseguran que se les quiere hacer responsables de los problemas de la enseñanza. Ya está en el Congreso el anteproyecto de la futura Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que la oposición rechaza de plano. Una vez tramitada, se comenzará a analizar el estatuto docente. La polémica acaba de comenzar.