El caso de 'la manada' y la sentencia que condena a sus miembros a nueve años de cárcel por abusar sexualmente de la joven que les denunció en los Sanfermines de 2016 ha puesto sobre la mesa lo que ella lleva años investigando. Bárbara Tardón, investigadora y experta en violencia sexual, ha plasmado en su tesis –La violencia sexual: desarrollos feministas, mitos y respuestas normativas globales (junio, 2017)– lo que, a su juicio, hace posible que sean dictados fallos como el que la Audiencia Provincial de Navarra leyó el pasado jueves. Una “ideología patriarcal” que, dice, “se cuela en todos los ámbitos” y que invisibiliza una violencia sexual “sistémica”.
¿Qué evidencia la sentencia a 'la manada'?
Lo que hace la sentencia es demostrar que todos los prejuicios y estereotipos de género que se dan en violencia sexual se reproducen en el sistema judicial. Esto quiere decir que hay una ideología detrás, una estructura, el sistema patriarcal, que se cuela en todos los espacios de socialización, incluso en aquellos en los que nos creemos que no existe ideología. Pensamos que las leyes y las normas son neutrales. Y al final, en quienes más repercute esto es principalmente en las mujeres, pero no solo en las víctimas, sino que tiene efectos para todas, también para las que no han sido agredidas.
¿De qué manera se articula este impacto?
El mensaje, al fin y al cabo, es perpetuar el mito que hay sobre las violencias sexuales: que solamente existe un tipo, que es lo que se denomina la violación genuina, y todo lo que sale de ahí no merece el mismo rechazo. Esta violación genuina es la que permanece en el imaginario colectivo como una agresión a manos de un desconocido, que implica altos niveles de fuerza o violencia y que se perpetra en un callejón o calle oscura y de noche.
La ideología patriarcal nos dice que solo existen esas víctimas, pero en realidad la mayoría de casos no se corresponden con ese prototipo. Esto impacta de forma global porque lo que está invisibilizando el sistema es lo que se da con mayor frecuencia, es decir, aquellos casos en los que no media el uso de la fuerza e intimidación.
El tipo de fuerza e intimidación que considera la justicia como tal...
Sí. En realidad, la clave es la concepción de consentimiento que tiene la justicia. Y es que se concibe de una manera patriarcal –tanto en cómo está plasmado en la ley como en cómo se interpreta– porque se corresponde con los mitos que se tienen de la violencia sexual. Es decir, se entiende únicamente el consentimiento en función de si media fuerza e intimidación, pero hay mujeres que no pueden decir 'no' ni 'sí' porque hay circunstancias que se lo impiden.
¿De qué manera debemos definir el consentimiento?
Está muy bien definido por por varios tribunales y estándares internacionales, por ejemplo el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia o para Ruanda. Todo el mundo está entrando ahora en que hay que definir el consentimiento, pero en este marco internacional de Derechos Humanos ya se entiende que solo hay consentimiento cuando existe plena autonomía sexual. Una autonomía que no se da cuando existen una serie de factores que hacen que ese consentimiento no sea libre, por ejemplo, la coacción, un entorno de poder, el uso de la fuerza, algún tipo de diversidad funcional, el uso de sustancias químicas...
Yo creo que es urgente politizar el consentimiento, es decir, entablar una discusión sobre sus márgenes. Hasta hace dos días hablábamos de violencia doméstica y en el momento en que empezamos a hablar de violencia de género conseguimos politizarla.
En las reflexiones feministas a veces se habla de dejar de hablar de consentimiento para pasar a hablar de deseo.
A mí me parece algo muy interesante y creo que es fundamental hablar de ello. El movimiento feminista adelanta conceptos y debates varias décadas...pero en términos jurídicos es muy complicado hablar de deseo. Sería dar un paso para el que creo que nuestro sistema judicial no está preparado. Yo apuesto por definir y desgranar qué es el consentimiento primero.
Estos días se habla mucho de reformar el Código Penal e incluso el Gobierno se ha mostrado dispuesto a modificarlo. ¿Lo ve algo necesario?
Creo que el Código Penal merece una modificación, no para aumentar las penas, sino para dejar de jerarquizar a las víctimas y supervivientes de la violencia sexual porque a través de sus tipos penales perpetúa los mitos de que merece mayor desaprobación cuando se produce el uso de la fuerza o cuando hay penetración que cuando no. Pero la clave es la interpretación, en base a estereotipos y prejuicios, que se hace de la ley. Me preocupa que nos estemos centrando tanto en el Código Penal que estemos obviando todo lo demás que no funciona. Da igual que tengamos la mejor norma del mundo si no tenemos políticas públicas, formación, protocolos de atención o educación afectivo sexual, entre otras cosas.
¿El Estado español asume sus responsabilidades en materia de violencia sexual?
El Estado tiene una serie de obligaciones que son innegociables, pero en el marco de la violencia sexual ha sido profundamente irresponsable y las incumple. Las víctimas se enfrentan a una tierra baldía, no tienen ningún tipo de apoyo por parte para ser asistidas y proteger sus derechos. Si hacemos una evaluación de lo que ha hecho el Estado español en los últimos 40 años, el panorama es desolador en todos los ámbitos: en el educativo, de prevención, asistencial, judicial y en el de la reparación integral de las víctimas. El Estado no ha hecho nada y la forma más clara de verlo es en la ausencia de políticas públicas.
En su tesis, hace un recorrido por la violencia sexual con una perspectiva histórica. ¿Cuáles han sido las conclusiones más importantes?
Si analizamos la historia de la violencia sexual como lo he hecho yo –de la Edad Antigua a la Edad Contemporánea–, se comprueban tres cosas fundamentales. Por un lado, que la violencia sexual ha sido invisible a lo largo de la historia. En segundo lugar, que su prevalencia es sistémica y, por último, que no se trata de un hecho ahistórico, como nos quieren hacer ver. Se comprueba que es intrínseca a las relaciones sociales y, por lo tanto, es profundamente política: su finalidad última es controlar el cuerpo de las mujeres y su sexualidad.
Afirma que el camino del acceso a la justicia para las víctimas de violencia sexual es “un camino tortuoso”. ¿Por qué?
Las víctimas o supervivientes que deciden dar el paso de denunciar o contar su historia a lo que se enfrentan es a un camino repleto de obstáculos. Cada paso que dan es como si se encontraran una puerta de acero que deben franquear. Lejos de ser un recorrido que debe llevar a una reparación, se enfrentan a un infierno. Por eso una amplia mayoría de mujeres que llegan a acceder al sistema dicen que si volvieran atrás y supieran lo que tenían que vivir, no denunciarían.