“No es necesario que la población use mascarillas. Su uso sí es interesante en los pacientes con síntomas. No tiene sentido que la población esté preocupada por si tiene o no mascarillas”. Estas palabras las pronunciaba Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) ,a finales de febrero de 2020. España registraba su primer caso local de un nuevo coronavirus y la pandemia de Covid-19 estaba incubándose.
No se sabía que ese pedazo de tela de unos 18 centímetros sobre la cara iba a marcar la vida de los ciudadanos durante más de dos años. Un periplo en el que la mascarilla pasó de ser un bien preciado y escaso a un nicho de negocio, especulación y fraude, hasta recibir el título de salvavidas. Este martes, el Consejo de Ministros levanta su uso obligatorio en el transporte. Casi la última frontera. Pero el declive empezó mucho antes. Hace tiempo que su uso decaía en el transporte y que las colas y listas de espera en las farmacias habían mutado en creciente desinterés. “Se nota que estamos ya en el final y con él ha venido un gran descenso en las ventas”, confirma María detrás del mostrador de una botica en el centro de Madrid. “A no ser que haya una excepción de grave contagio, no creo que se sigan demandando”, explica Javier Morales, responsable de una oficina cercana, dando por hecho su desaparición como producto de primera necesidad, informa Marta Pastrano. Lejos quedan los días en que se peregrinaba para conseguirlas o se explicaba cómo reutilizarlas.
La transmisión y la escasez
Pero volvamos al principio. Aquel febrero, Simón no hacía otra cosa que seguir el criterio general expresado por la Organización Mundial de la Salud. Su director de Emergencias, Mike Ryan, informaba el 31 de marzo: “No hay evidencia de que usarla de manera masiva ofrezca un beneficio potencial. Y sí perjuicios su mal uso. Además, estamos en una escasez global”. Y dejaba caer así la clave de estas apreciaciones públicas: mascarillas había, pero pocas. No había margen para el uso generalizado inmediato de un elemento de protección que prácticamente se circunscribía al territorio de los quirófanos. Así, cuando la enfermedad explotó en España –y seguiría así durante algún tiempo– utilizar una mascarilla era cosa de enfermos y sanitarios.
Al iniciar el confinamiento, el 15 de marzo de 2020, las mascarillas no formaban parte de la ecuación pandémica. En las contadas ocasiones en las que se podía salir a la calle –ir a comprar, sacar la basura o pasear el perro– no era necesario cubrirse. ¿Por qué? Porque las autoridades sanitarias consideraban que el SARS-CoV-2 se transmitía solo por las partículas expulsadas a corta distancia al hablar o toser. Por tanto, lo importante era la distancia de seguridad. Pero estas partículas que podían pasarse –indicaban entonces– al tocar superficies contaminadas. El contagio por fómites alimentaba estudios de urgencia e informaciones sobre cuánto tiempo podía sobrevivir el virus en plástico, en vidrio o en cartón. Por eso al llegar a casa se limpiaba la compra con lejía e íbamos al súper con guantes y a cara descubierta. Error.
Reinaba el desconocimiento sobre el nuevo coronavirus. Pero había otro elemento de mayor peso: aunque se hubiera querido generalizar el uso de las mascarillas desde el principio, no hubiera sido posible: sencillamente, no había suficientes. Solo la demanda para cubrir las necesidades de los sanitarios agotaba las existencias a toda mecha. Tanto como para que el gerente de la Sanidad de Aragón, Javier Marión, llorase en cámara ante la “escasez” de material. Por entonces no se podía garantizar ni siquiera la protección de los trabajadores sanitarios.
Un tiempo después, Fernando Simón confesaba que “en una situación de escasez en el mercado de mascarillas quisimos ser muy prudentes a la hora de hacer recomendaciones que no se pudieran aplicar”.
El negocio
Tan pocas había como para generar una loca carrera por parte de las gestores sanitarios en busca de existencias. Brotó el “mercado persa”. Y en ese mercado, algunos aprovecharon para hacer pingües beneficios. La mascarilla generó un negocio estratosférico. Su precio pasó de céntimos a tocar los ocho euros por unidad. Escasez, más demanda, más intermediarios generaron una inflación desbocada. Y mucho dinero público gastado en ese nicho.
A no ser que haya una excepción de grave contagio, no creo que se sigan demandando
Entre los casos más conocidos, el del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Tomás, cuya intermediación en lo peor de la pandemia con la empresa Helianthus Medical, le reportó muchos miles de euros.
O el de los comisionistas Alberto Luceño y Luis Medina –relacionados con el supuesto empresario San Chin Choon– que ahora investiga la Justicia. Su intermediación por un material de baja calidad comprado por el Ayuntamiento de Madrid les supuso una comisión de seis millones de euros.
También surgieron empresas que vendían certificados de calidad de mascarillas que ni existían y ni eran precisos para comercializarlas. Todo servía para hacer negocio. El asunto de la calidad era un tema en sí mismo. El Gobierno central debió descartar algunos lotes que compró para personal sanitario porque no cumplían con los requisitos mínimos y las mascarillas que el Gobierno de Madrid repartió gratis a los ciudadanos –y por las que había pagado 32 millones de euros–, sencillamente no filtraban hasta el 40% de las microgotas. Aunque muchos ciudadanos las donaron a sanitarios para paliar la falta de material, no fueron pocos los profesionales que las guardaron en un cajón al ver su pobre calidad.
Con una demanda exorbitante –saltó un 10.000%–, el Gobierno terminó por marcar un precio fijo: 0,96 euros por unidad. ¿El objetivo? Directamente “evitar abusos”, justificó.
Elige tu propia mascarilla
Con el correr de las semanas aprendimos que mascarilla no había una sino muchas. Y que no todas servían para lo mismo. Pero en el camino de la desesperación se agotaron incluso las protecciones que utilizaban los trabajadores de la construcción. Ante la falta de producto, saltaron iniciativas de 'hazlo tú mismo', incluso algunas tan exóticas como aprender a hacer mascarillas con servilletas de papel: ni filtro FPP2, ni KN95, ni variedades quirúrgicas o higiénicas. Un trozo de papel doblado. También se extendió el lavado de unidades reutilizables para alargar la vida de la mascarilla. Ante la falta del material filtrante con el que se fabrican los barbijos sanitarios, se imponían los modelos fabricados en tela, y se multiplicaban los tutoriales sobre cómo esterilizarlos. Sin embargo, detrás de la parafernalia informativa sobre materiales y formatos sobrevolaba una insoslayable realidad: la mayoría de las personas no sabía cómo utilizarlas correctamente.
Si por un lado asistíamos –y participábamos– en un raid para hacerse con el preciado tapabocas, por el otro crecía en algunos la resistencia a su uso (y el aprovechamiento político de ese rechazo): en mayo de 2020, el partido ultraderechista Vox se puso al frente de lo que ellos mismos llamaron revuelta de las mascarillas. La formación organizó una marcha de protesta en coche que acabó por incumplir las medidas de prevención.
Más adelante, y en ese caldo de cultivo, unas 2.500 personas antimascarilla se manifestaron contra el Gobierno en la plaza de Colón de Madrid cuando la llamada nueva normalidad hizo perentorio ajustarse un tapabocas en la calle.
Y se hicieron obligatorias
Al inicio de la desescalada del confinamiento por fases –mayo de 2020– la mascarilla se hizo obligatoria en casi cualquier sitio “siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos dos metros”.
Sin embargo, a medida que avanzaba la primavera y el verano, su uso aflojó acompasado con la bajada de transmisión. Pero sería por poco tiempo. El virus iba a contraatacar con fuerza. A principios de julio de 2020, la OMS admitió por primera vez que el nuevo coronavirus se contagiaba por el aire. Un cambio radical en el manejo de la enfermedad.
La incidencia acumulada comenzó a pegar saltos. La primera comunidad autónoma que decretó el uso obligatorio casi en cualquier circunstancia fue Catalunya el 8 de julio. Para finales de mes, todas las comunidades habían replicado la medida: comenzaba la era de la mascarilla omnipresente. Había que usarla en todas partes.
Desde ese momento, la vida quedó unida a la mascarilla. En la calle, en un local, en el transporte, en el coche... Y así se mantendría hasta el 26 de junio de 2021. En esa fecha se levantó la obligación en exteriores. El debate se trasladó entonces a la seguridad en interiores y a una nueva necesidad perentoria: que corra el aire, es decir, la importancia de la ventilación cruzada.
La vuelta a las aulas hizo estallar la polémica en un embrollo de niños, barbijos y ventanas, que resultó a fin de cuentas bastante innecesaria: los menores fueron los que mejor respetaron el uso de la mascarilla y las distancias y los contagios en el ámbito escolar fueron muy pocos. Pero el tiempo iba refrescando y se acercaban unas fiestas aguadas por un nuevo estado de alarma y un invitado de piedra: ómicron.
Así que los estudios sobre la eficiencia de las mascarillas dejaron paso a los cálculos sobre cuánto tiempo tardaríamos en contagiarnos en un espacio cerrado dependiendo del uso de la mascarilla y el tamaño de las ventanas.
En diciembre de ese año, la barrera regresó incluso al aire libre. Una obligación que se extendió hasta el 20 de abril de 2022. Entonces, la mascarilla quedó como obligación en centros sanitarios, farmacias...y el transporte.
Basura, vergüenza...
Los tapabocas se convirtieron en un elemento tan cotidiano, tan normalizado durante meses que pasaron a ser una nueva fuente de basura en grandes cantidades o una prenda irrenunciable. Nuevas realidades.
La pandemia de COVID-19 ha multiplicado por mucho la producción y uso de mascarillas. Solo China, al inicio, importó en un mes 2.000 millones de unidades. El gran fabricante necesitaba más. Solo entre febrero y abril de 2020 se pasó de 867 productores chinos a más de 100.000.
La Agencia Europea de Medio Ambiente calculó que ,durante el primer semestre de la pandemia, se importaron a la UE unas 170.000 toneladas adicionales de mascarillas, aproximadamente 0,75 unidades por persona y día.
Todo ese material se convirtió en residuo. La propia Agencia tuvo que alertar sobre cómo se había disparado esta basura de un solo uso. Gran parte ha acabado en los océanos. Las mascarillas se convirtieron, también, en una nueva fuente de contaminación ambiental.
Mientras, los alumnos y alumnas se acostumbraron a verse todos los días enmascarados. Esta tela se fundió tanto con la vida cotidiana y cambió de tal manera la forma de relacionarse en las aulas que cuando llegó el momento de quitársela muchos adolescentes lo vieron con temor. Tras dos años parapetados detrás de ella, muchos de estos adolescentes se sintieron desnudos sin la mascarilla. Vergüenza ante supuestas imperfecciones, rastros del desarrollo hormonal... una vez escondidos y acostumbrados a verse así, renunciar a esa barrera causó une efecto que pocos habían previsto.
Salvavidas
Más allá de su periplo legal, su figura de objeto del deseo o los impactos colaterales de su uso masivo, las mascarillas “han salvado vidas”. “Llevar la máscarilla ha reducido la incidencia de la Covid-19, la transmisión del SARS-CoV-2 y la mortalidad de la enfermedad”, concluyó una revisión sobre 200 países publicada en el British Journal of Medicine ya en junio de 2021. “Ha mostrado un 45,7% menos de mortalidad en los países donde llevar mascarilla fue obligatorio”.
A medida que ha avanzado la pandemia y el estudio de la enfermedad, solo se han acumulado evidencias sobre los beneficios que ha generado una medida tan simple como ajustarse la mascarilla: estudio tras estudio se ha ido confirmando que han evitado millones de contagios. Y eso termina por reducir los casos graves y la presión asistencial para tratar a los pacientes con peor situación. Al final de la cadena, el efecto positivo salva, directa o indirectamente, muchas vidas. 18 centímetros que contribuyeron a cambiar el curso de esta historia.