España tiene deberes pendientes con los derechos humanos de las personas con discapacidad. Nuestro país suspende en la aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, según el análisis del informe anual del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) para evaluar la aplicación que se hace de un texto asumido por España en 2008 y que debería regir todo el ordenamiento jurídico sobre la cuestión, solo por debajo de la propia Constitución.
Accesibilidad universal, inclusión educativa y la protección contra la violencia, la explotación y el abuso de las personas con discapacidad son las tres áreas en las que más incumplimientos se registran, según el Cermi. Preocupa en especial el último apartado, con 22 casos de violencia y delitos de odio registrados durante 2018. Pero no son las únicas áreas por mejorar. Las obligaciones generales, la salud y un adecuado nivel de vida y protección social les siguen de cerca.
“España avanza en materia de discapacidad pero, como un mal estudiante, se conforma con aprobar algunas asignaturas mientras deja pendientes el resto”, valora Jesús Martín, delegado de Derechos Humanos y para la Convención del Cermi y responsables de la evaluación. “Existe un tibio compromiso a la hora de que la Convención permee las políticas públicas. El Gobierno central lo tiene más claro, pero las comunidades autónomas y ayuntamientos la ven muy lejana”, explica.
Pero no todo son tirones de orejas. Aunque es cierto que el informe incluye 370 denuncias, también reseña 76 avances y 48 propuestas de mejora. Las denuncias (67% de los casos) siguen duplicando a la suma de avances (20%) y propuestas de mejora (13%), pero “la mirada va cambiando”, afirma Martín. Entre los avances, el delegado del Cermi destaca que en este último ciclo electoral hayan podido votar unas 100.000 personas con discapacidad a las que se había retirado el derecho a voto.
Un país de barreras
La accesibilidad universal, recogida en el artículo 9 de la Convención, es un buen ejemplo del camino que falta por recorrer en cuestión de cumplimiento de la legalidad vigente. Este área recoge el 10% de las denuncias registradas por el Cermi. Más allá de lo que dice el texto de la ONU, ya de obligado cumplimiento por sí mismo, España desarrolló su propia ley que establecía que el 4 de diciembre de 2017 expiraba el límite temporal para alcanzar la accesibilidad universal de todos los productos, servicios y entornos. No se ha cumplido.
“Es el gran fracaso de las políticas públicas. Nuestro país sigue lleno de muros, barreras, obstáculos. Podemos decir que la inaccesibilidad es aún el paisaje habitual en España”, sostiene Martín. Algunos ejemplos básicos: gasolineras desatendidas (piense en una persona en silla de ruedas intentando echar gasolina), infraestructuras ferroviarias impracticables o “la invasión anárquica de las aceras por patinetes y otros elementos de movilidad urbana”.
La educación es otro de los principales campos de batalla de las asociaciones en favor de los derechos de las personas con discapacidad. Comparte, junto a la accesibilidad, el mayor número de denuncias registradas (un 10% del total). Y en este caso es la propia ONU la que le ha sacado los colores a la administración.
El comité de Naciones Unidas encargado de velar por el cumplimiento del artículo 24 de la Convención determinó en 2018, tras estudiar el sistema español, que se viola el texto legal al no asegurar ni en su legislación ni en sus políticas ni prácticas educativas el derecho a la inclusión, a que todo el alumnado se matricule en centros ordinarios.
Y no es solo cosa de la ONU. Hasta el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre la cuestión en una sentencia que condenaba al Gobierno de La Rioja por no hacer todo lo posible por escolarizan a un niño en el sistema ordinario. El TS estableció que son los recursos los que deben ir a los niños y no al revés salvo muy contadas excepciones. En España, el 20% de los niños con alguna discapacidad están matriculados en centros de educación especial, cifra que parece distar de los casos excepcionales a los que aludía el Alto Tribunal.
Violencias
La violencia, acoso y explotación sobre personas con discapacidad es otro de los temas en los que pone el foco el Cermi. En 2018 se registraron 22 casos de “palizas, agresiones, abusos sexuales y vejaciones”, recoge el informe. Es un paso atrás respecto a 2017, cuando se registraron tres.
En este apartado, un poco en todos en realidad, el Cermi destaca lo positivo de que cada vez más personas se animen a denunciar. “Se ha hecho un esfuerzo en empoderar a las personas, sobre todo a las que tienen alguna discapacidad intelectual, porque a veces ni siquiera son conscientes de que se están vulnerando sus derechos o su integridad física o libertad sexual”, valora.
Además de las áreas y artículos mencionados, el mayor número de denuncias por incumplimiento de la Convención se dan en temas relacionados con la igualdad y no discriminación, la salud o el nivel de vida adecuado y la protección social, cada una de ellas con un 8% de las quejas presentadas.
Con menor valor cuantitativo, pero más cualitativo por la gravedad de lo que supone, el Cermi destaca la “discriminación sistémica contras las mujeres en relación al acceso y derecho al trabajo digno. La representación de las mujeres con discapacidad en el mercado de trabajo es alarmantemente baja y existe una brecha salarial”.
Cambiar la Constitución
En la otra cara de la moneda, el Cermi destaca algunos avances que se han logrado. El año pasado se avanzó principalmente en las condiciones generales de vida de las personas con discapacidad como consecuencia de esa labor de hormiguita que van haciendo las ONG. Aunque quede camino por recorrer, la Convención se va conociendo y teniendo en cuenta.
También destaca, por las mismas razones que para mal, la accesibilidad: es donde más margen de mejora había. Entre estas dos áreas acumulan el 28% de los avances registrados.
Entre las mejoras del último año el Cermi destaca sobremanera la recuperación para 100.000 personas del derecho al voto, como se ha comentado. Pero hay otro proyecto legal que ocupa ahora al tercer sector, aunque se haya paralizado: el cambio del artículo 49 de la Constitución, que contaba con un gran respaldo político en la anterior legislatura pero cayó en el cajón del olvido al convocarse elecciones.
Dice dicho artículo: “Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”.
Para el Cermi tiene dos problemas. Por un lado, explica Martín, el término “disminuidos”. Por otro, el espíritu asistencial del texto. “Es una actualización terminológica, sí, pero va más allá por la nueva redacción de mucho mayor alcance y ambición: más garantista y promotora de derechos”, explican desde el Cermi.
Por último, otro de los logros conseguidos el pasado año es la llamada “X solidaria”, un mecanismo “impulsado e ideado desde la discapacidad organizada” por el que las empresas pueden dedicar el 0,7% del Impuesto de Sociedades a financiar programas sociales sin coste para ellas. Está pendiente del desarrollo reglamentario, pero será una realidad en breve, espera el Cermi.