Una docena de expertos y la palabra final del ministro Illa, el grupo que decide qué provincia pasa de fase de desescalada

Las comunidades autónomas están de exámenes. Los gobiernos regionales han remitido, o están a punto de hacerlo, sus informes para pasar a la fase 1 de la desescalada. Una docena de técnicos del Ministerio de Sanidad tiene ahora que evaluar cada plan, aunque la decisión final corresponde al ministro Salvador Illa, como ha especificado este martes el director del Centro de Emergencias, Fernando Simón. “En todo caso se procurará que sea consensuada”, describe la orden de cogobernanza publicada el domingo pasado.

Según entran las solicitudes en Sanidad, pasan a la dirección general de Salud Pública, donde esos 12 técnicos pasan a estudiarlas “conjuntamente con las comunidades y las ciudades autónomas”, describe la orden ministerial. El trabajo está ya en marcha, ha contado Simón, que no ha querido explicitar los nombres de os integrantes del grupo: “Cada vez que ha aparecido un nombre, la presión ha hecho muy difícil trabajar con libertad”.

Durante este análisis es obligatoria al menos una reunión bilateral con los representantes de cada comunidad autónoma. “Si mandan documentos e información es que creen que pueden pasar o avanzar de fase. El objetivo no es enviar una solicitud para denegar”, ha contado este martes Fernando Simón. Con todo, aunque la primera fecha abierta para la etapa 1 de desescalada es el 11 de mayo, Simón ya ha contado que es perfectamente posible que haya solicitudes para arrancar “el 12, el 13 o el 14…”. Es decir, no hay que esperar los 15 días previstos para cada fase para iniciar la desescalada en diferentes “unidades territoriales”.

A la hora de evaluar las solicitudes, también se tienen que hacer consultas a los ministerios cuyos ámbitos de actuación se vean afectados por las medidas previstas en el plan de desescalada. Con todo, la decisión definitiva corresponde al ministro de Sanidad y esta potestad está sustentada en el decreto de Estado de Alarma cuya prórroga se ha estado negociando in extremis por el Gobierno. La prórroga, precisamente, abarca el periodo de desarrollo de la primera fase de desescalada que se evalúa.