No hay casi información pública sobre ella, apenas se ha rastreado oficialmente, pero todo apunta a que los restos de varios represaliados en la Guerra Civil yacen en una fosa común situada en un lugar nada corriente: dentro del perímetro fuertemente vigilado y vallado de la Base Naval de Rota. En concreto, en una zona conocida como 'El Pinar del Cura Vargas'. El enterramiento está fechado en 1936 e identificado con el código 1103003 en el mapa de fosas de Andalucía, pero nadie, de momento, se ha planteado rescatar los restos que alberga el complejo militar de Cádiz usado desde 1953 por las Fuerzas Armadas Estadounidenses.
Al Congreso de los Diputados ha llegado su existencia de la mano del diputado de Izquierda Unida José Luis Bueno, que el pasado septiembre preguntó al Gobierno si pensaba proceder a su geolocalización y exhumación. La inmensa mayoría de las 2.400 hectáreas que componen la siempre polémica base están ocupadas por militares norteamericanos, pero los terrenos son de titularidad pública y dependen del Ministerio de Defensa.
La respuesta, a la que ha tenido acceso elDiario.es, alude a que la intervención “no consta” entre los proyectos subvencionados hasta ahora por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática dentro del Plan Cuatrienal de Exhumaciones. Estos planes son financiados a petición de las comunidades y ayuntamientos, que son quienes presentan qué quieren llevar a cabo. “No consta solicitud presentada por el Ayuntamiento de Rota en ninguna de las tres convocatorias”, añade refiriéndose a 2020, 2021 y 2022. La Junta de Andalucía, por su parte, ha recibido este año y el pasado 500.000 euros con este objetivo.
Sin embargo, nada especifica sobre futuras actuaciones el Gobierno, que se limita a reproducir parte de la recién entrada en vigor Ley de Memoria Democrática. La norma hace responsable al Estado de las exhumaciones. Cita que las tareas se llevarán a cabo “de forma gradual” y mediante “planes plurianuales” y enumera las posibilidades que da la ley para incoar los procedimientos: de oficio por la Administración General del Estado, por la comunidad en la que se ubiquen los restos, a instancia de las entidades locales, familiares, asociaciones de víctimas u otras que demuestren “interés legítimo”.
Aunque la respuesta no termina de aclarar si se llevará a cabo o no la exhumación, fuentes de la Secretaría de Estado explica que no está cerrada a iniciar el proceso. “A partir de la aprobación de la ley el Estado puede actuar de oficio”, recuerda. Es algo que “se estudiará” y “valorará” y dependerá también de “cómo actúen” las demás administraciones implicadas.
Desde IU, José Luis Bueno lamenta que en junio de 2021 el pleno del Ayuntamiento de Rota aprobó solicitar a la Junta de Andalucía la geolocalización y exhumación de esta y otra fosa situada en el municipio gaditano, pero “no se ha obtenido a día de hoy respuesta por parte de la Consejería competente en la materia”.
El Gobierno también alude en la respuesta a que el enterramiento no consta en el mapa de fosas estatal, aunque está “en proceso de actualización”, matiza. Pero sí reconoce que figura en el mapa de Andalucía. La información que en él aparece al respecto, que viene de asociaciones, investigadoras o historiadores locales, es que “no se ha podido llegar a las inmediaciones” porque el emplazamiento está dentro de la base “y el acceso es exclusivo militar y restringido”, por lo que “se necesitan una serie de permisos de los que carecemos en la actualidad”.
IU asegura que hay testimonios orales que recogen la existencia de la fosa y que los familiares de las víctimas del franquismo que podrían encontrarse en ella “llevan 86 años reclamando digna sepultura a los restos de sus seres queridos, sin conocer aún el paradero de muchos de ellos”. “Fueron fusiladas por motivos ideológicos y enterradas en fosas comunes precisamente para dificultar las exhumaciones y que no pudieran ser recordados por su lucha por la libertad y la democracia, algo que no tiene sentido que permanezca así casi un siglo después”, añade Bueno.