La Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) seguirá, de momento, funcionando a pleno rendimiento. El adelanto electoral del próximo 23 de julio ha frustrado las iniciativas y proyectos legislativos en marcha, entre los que está el procedimiento iniciado por el Gobierno para ilegalizar fundaciones y asociaciones que enaltezcan el franquismo, como estipula la nueva Ley de Memoria Democrática. Ahora habrá que esperar para saber qué futuro les espera en España a este tipo de organizaciones mientras la fundación, la más conocida de todas, confía en un posible gobierno de derechas que derogue la norma.
Es algo que ya ha adelantado el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que hará si llega a la Moncloa. “Y Vox por supuesto”, remacha Juan Chicharro, presidente de la fundación que homenajea al dictador. La extrema derecha ha recurrido la ley al Tribunal Constitucional, pero ambas formaciones votaron en contra en las Cortes, intentaron tumbarla y han cargado duramente contra ella. “Nos comprometemos a derogar la llamada Ley de Memoria Democrática, que atenta contra el espíritu de la Transición”, dijo Feijóo el mismo día que el Senado aprobó definitivamente el texto.
“Está por ver si en primer lugar ganarán las elecciones, pero de ser así entendemos que esta vez, al contrario de lo que ocurrió con Rajoy, que prometió y no cumplió, no tendrán más opción” que derogar la ley. Hecho esto “se acabaría con cualquier riesgo de ilegalización”, añade Chicharro, que califica al actual Gobierno de Pedro Sánchez de “socialcomunista”. El negacionismo de la memoria histórica ha sido una constante en el PP tanto fuera como desde el Gobierno. Mariano Rajoy se comprometió a derogar la primera, la de 2007, y aunque no lo hizo sí encontró la manera de dejarla sin efectos prácticos: reducir su presupuesto a cero.
Las reformas frustradas
La ilegalización de fundaciones no estaba contemplada en la ley aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero, pero fue una de las primeras cosas que anunció en materia de memoria histórica el Gobierno del PSOE solo un mes después de ganar la moción de censura al exlíder popular. La anomalía española de contar con organizaciones que hacen apología del fascismo no acaba en la Fundación Nacional Francisco Franco. A ella se suman otras como la Fundación José Antonio Primo de Rivera o la Fundación Blas Piñar, líder histórico de la extrema derecha y fundador de Fuerza Nueva, que tuvo cargos políticos con Franco.
La actual legislación, que entró en vigor el pasado octubre, estipuló como causa de extinción de fundaciones y de disolución de asociaciones la apología del franquismo, ensalzar el golpe de Estado y la dictadura o el enaltecimiento de sus dirigentes, siempre que suponga menosprecio o humillación a las víctimas. Sin embargo, no era algo automático. Aún está pendiente la reforma de la ley de asociaciones para incluir esta causa de extinción, para lo que la norma se dio un plazo de un año mientras que para las fundaciones, supuesto que se aplicaría a la FNFF, falta establecer el procedimiento, según explican fuentes de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.
Ambas reformas legislativas estaban tramitándose ya en el Congreso, pero han decaído con la disolución de las Cortes. En caso de que Pedro Sánchez volviera a reeditar el Gobierno, volverían a presentar las iniciativas, afirman las mismas fuentes.
En el caso de las fundaciones que hacen apología de la dictadura, como la FNFF, para impulsar su extinción el Gobierno y algunos de sus socios habituales (PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y Junts) habían acordado el pasado abril una enmienda transaccional al proyecto de ley de creación de la oficina española de derechos de autor con la que querían dejar estipulado el procedimiento. En la práctica, lo que hace el texto es dictar los plazos y pasos a seguir por parte del Protectorado de Fundaciones, el organismo encargado de instar a la extinción.
“Llegaremos a donde haya que llegar”
Aunque no es la única organización que exalta al franquismo o sus dirigentes, la Fundación Nacional Francisco Franco sí es la más paradigmática y activa. Ha recurrido ante los tribunales cambios de callejeros franquistas o la retirada de la estatua de Franco de Melilla y recientemente el cambio de nombre de la unidad de la Legión que homenajea a Franco. Son, además, quienes cada 20N celebran misas en honor al dictador en el aniversario de su muerte. Muy habituales son sus llamamientos a incumplir la Ley de Memoria Democrática, cuya aprobación lamentaron cuando entró en vigor. “Por muy duro y perjudicial que nos resulte defender la verdad histórica y el legado de Francisco Franco, lo haremos”, aseguró en un comunicado, en el que añadió: “Desde el rigor histórico, defendemos la verdad de unos hechos, de una época irrepetible que debe ser respetada y conocida”.
Que el golpe de Estado de 1936 fue una forma de “rebelarse contra esa tiranía [la República] que se iba a imponer”, que la represión franquista es “una falsedad” y el expolio y la depuración laboral que llevó a cabo el franquismo “una leyenda” son algunas de las ideas que difunde la fundación y su presidente. Chicharro, general retirado, asegura que la ley de memoria es “una medida dictatorial” que “cercena derechos fundamentales” y carga contra el Gobierno por “pretender borrar de la historia todo cuanto se refiere al general Franco y a los millones de españoles que con él estuvieron en la guerra y en la paz”.
La fundación con cerca de 1.500 afiliados “y múltiples benefactores”, según su presidente, atesora un archivo de “unos 30.000 documentos”. Durante el Gobierno de José María Aznar recibió 150.000 euros en subvenciones para microfilmar parte de ellos. Si finalmente acaba siendo extinguida, la fundación promete batallar en los tribunales y “llegar a donde haya que llegar”, afirma Chicharro. “Si es preciso, al Tribunal Europeo e Derechos Humanos o Naciones Unidas”.