Tiene 23 años, es licenciado en Derecho y es invidente. Pero además lleva más de ocho meses esperando a que la justicia le diga si podría ser juez en el caso de aprobar las oposiciones. Es el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) quien tiene que pronunciarse y decirle a Gabriel Pérez Castellanos si tiene el mismo derecho que el resto de ciudadanos, dada su condición y que no existen precedentes en España, pero la respuesta se está haciendo esperar mientras que su caso pasa de unas manos a otras. “Lo que estoy pidiendo es muy normal, que la administración funcione y me dé una respuesta”, explica este vallisoletano.
Gabi acabó Derecho en junio del año pasado y decidió que su mejor opción era presentarse a las oposiciones de judicatura. Pero antes de ponerse a estudiar (nadie puede negarle poder presentarse), acudió a la Audiencia Provincial de Valladolid para que le informaran de si siendo invidente total podía ejercer como juez. Allí le remitieron al CGPJ. Mandó un escrito y le informaron de que en un mes tendría una respuesta. “No llega ninguna carta y el 1 de agosto llaman a mi casa y le dicen a mi madre, porque yo no estaba, que la cuestión ha sido derivada al Ministerio de Justicia [de quien dependen la oposiciones a fiscal] y que en septiembre se resolverá”, relata.
Le parece raro pero sigue esperando. Va pasando el tiempo, acude a la ONCE en busca de ayuda pero sigue sin saberse nada. Y decide crear una petición en change.org, que ya cuenta con más de 100.000 firmas, y su caso salta a la palestra. Ese es el momento en el que se vuelve a reactivar.
“Es a raíz de esto que el CGPJ se mueve. El pleno decide reabrir el caso y el martes pasado me dicen que retiran el anterior informe –ellos sabrán por qué– y que el vocal encargado del Foro Justicia y Discapacidad, José Manuel Fernández Martínez, emitirá un informe en el plazo de un mes. Esta semana me ha llamado por teléfono y me ha dicho que van a estudiar el tema, que esperan resolverlo lo antes posible y que si quería que nos viéramos para hablar sobre ello. Yo le he dicho que no era necesario porque esto es una cuestión meramente administrativa que debe resolver la justicia”, cuenta.
Desde el CGPJ aseguran a eldiario.es que el informe estará listo en “dos o tres semanas”. Explican que el anterior consejo emitió un informe desfavorable entendiendo que con su invidencia Gabi no podía ejercer como juez pero con la llegada del nuevo consejo [tomó posesión en diciembre del año pasado] han decidio reabrilo y estudiarlo. “Entró en la Comisión Permanente el 25 de marzo. Se decidió que José Manuel Fernández Martínez lo estudiara en profundidad y en breve lo llevará a otra permanente” donde se tomará una decisión.
Perfectamente viable en pleno siglo XXI
En este tiempo, Gabi no se ha quedado parado esperando una respuesta y se ha trasladado a Madrid para estudiar un Máster en Derecho Laboral en Garrigues con una beca de la Fundación Diversia. “Es la opción que tengo disponible, me gusta pero mi primera opción es presentarme a las oposiciones”, asegura. Mientras, espera que España tome una decisión similar a los de otros países del mundo donde hay jueces invidentes.
Pero si la respuesta es negativa, matiza, no recurrirá. “Yo he hecho una consulta para saber las posibilidades que tengo pero han pasado muchos meses y ya estoy cansado del tema. Si me dicen que no y las razones, no recurriré aunque debería poder porque en lo fundamental... Acepto que el tema se puede discutir pero, al menos, que decida el órgano competente”, agrega.
Sobre su invidencia, señala, que a día de hoy no sería un problema. “Ahora mismo con la tecnología podría perfectamente. Aducen al principio de inmediación porque es el juez quien tiene que percibir los elementos de prueba o levantar un cadáver pero hoy con la tecnología y los secretarios judiciales y los ayudantes. Estos casos puntuales se podrían solucionar con los funcionarios de la administración judicial”, asegura.
Su caso es el primero que se plantea en España pero aunque “es cierto que hay pocos casos en el mundo de jueces invidentes, hay países donde la regulación lo permite”, asegura Gabi. En 2009 Brasil nombró por primera vez juez al procurador Ricardo Tadeu da Fonseca, un abogado que perdió la visión mientras estudiaba Derecho y que lleva 19 años trabajando para el Ministerio Público. El mismo explicaba entonces que siempre se había valido de los funcionarios y de asesores para leer los procesos públicamente y que ese es el método que podía seguir utilizando para conocer los procesos y dictar sentencias.
Un año después, el abogado Edwar Bérjar se convertía en el primer juez invidente de Perú. Su caso también supuso una larga carrera porque el Consejo Nacional de la Magistratura le excluyó del concurso convocado para obtener el cargo de fiscal adjunto provincial de Cusco por ser ciego. Con la ayuda de la Defensora del Pueblo llevó el caso a los tribunales y ganó, pero después se quedó a dos puntos de conseguir la plaza. Pero no se dio por vencido y se volvió a presentar al cargo de juez y consiguió su histórica plaza. “Trabajaré con ayuda de la tecnología. Utilizaré un escáner que reproduce en palabras lo que va leyendo de un documento”, detallaba Béjar por entonces a El Comercio.
En Europa, explica Gabi, también hay legislaciones que lo permiten. En concreto en Reino Unido, Alemania y Países Bajos, apunta, y en Austria el año pasado se puso en marcho un proyecto piloto para evaluar los requisitos técnicos y organizativos que deben tenerse en cuenta a la hora de contratar a jueces ciegos. Habrá que seguir esperando para ver si en España también se fomenta la inclusión de los invidentes entre los altos cargos del órgano judicial.