“Gallardón, no quiero ser madre” es uno de los lemas que se corearán en las manifestaciones convocadas para celebrar el 28 de septiembre como Día de Acción Global por el aborto legal, seguro y gratuito. Es un aviso al ministro de Justicia que declaró que “la maternidad es lo que hace a las mujeres auténticamente mujeres”.
Justa Montero estará en la manifestación de Madrid. Lleva 40 años defendiendo los derechos de las mujeres, en especial los reproductivos, sexuales y afectivos y este año y el que viene tiene mucho trabajo extra. Justa cofundó la Asamblea Feminista de Madrid y forma parte de la plataforma Mujeres ante el Congreso.
¿Cómo debería ser una ley del aborto?
Debería ser una ley muy mínima porque lo importante es regularlo como una prestación sanitaria más. El principio que la fundamente debería ser el respeto a la decisión de la mujer. Cada mujer puede decidir interrumpir el embarazo por circunstancias muy diversas y nadie está legitimado para hacer un proceso moral sobre ello. Desde el punto de vista legal, debería desaparecer del Código Penal, donde solo estuviera tipificado como delito el aborto que se produce contra la voluntad de la mujer. También debería regular la objeción de conciencia para que se garantice que en todos los hospitales públicos existe personal sanitario para atender las demandas de las mujeres. Desde el feminismo siempre hemos reivindicado que se respete y se reconozca la capacidad ética de las mujeres para decidir sobre todos los aspectos de nuestra vida, particularmente sobre aquellos tan íntimos como la sexualidad y la maternidad como una posibilidad.
¿Es posible que una ley condicione y coaccione el papel de las mujeres ante la maternidad y la crianza?
Lo que es sorprendente es que tanta gente esté interesada en regular las cosas relativas al cuerpo y la sexualidad de las mujeres. Es algo que dice muy poco de la democracia real. Las leyes han de ser garantistas de los derechos, y no limitar y acotar los derechos de autonomía personal, sexual y corporal. Lo que suscita tantísima contestación e indignación a las mujeres y al movimiento feminista es que la jerarquía eclesiástica, los políticos y parte de la clase médica se pongan a opinar y a decidir sobre nuestro cuerpo y nuestra autonomía. Que cada uno decida y opine sobre su vida en particular y sus opciones concretas pero que no intente moralizar y dictaminar cómo las mujeres tenemos que sentir, vivir, disfrutar, tener placer o no, ser madres, cuándo, con cuántos hijos. Las que quieran ser madres que lo puedan ser y que no se vean luego sometidas a estas leyes laborales y estos recortes que hacen imposible que realmente puedan vivir la maternidad disfrutándola y ofreciendo una vida digna a las criaturas. La maternidad es una opción.
La plataforma Derecho a Vivir se reunió esta semana con el secretario de estado de Justicia. ¿Qué oportunidad están teniendo las mujeres de intervenir en el desarrollo de la futura reforma de la ley del aborto? Derecho a Vivir se reunió esta semana con el secretario de estado de Justicia
Al ministro de Justicia se le ha pedido una entrevista por parte de las asociaciones feministas que integran la plataforma de Mujeres ante el Congreso desde el mes de julio y ha dado la callada por respuesta. Nadie sabe quién forma el comité de expertos que le está asesorando. No ha llamado a ninguna de las asociaciones feministas que venimos desde 1975 defendiendo el derecho a decidir de las mujeres. No ha llamado a profesionales sanitarios que trabajan en el campo de los derechos reproductivos. El ministro de Justicia está siendo el portavoz de las opiniones del fundamentalismo de la jerarquía eclesiástica de la Iglesia católica y está ejerciendo de portavoz de todo lo que se discutió en el congreso que hubo en Madrid sobre la familia, donde se reunió lo peor de lo peor de lo peor del conservadurismo y la derecha ultramontana y patriarcal a nivel internacional. Él está diciendo lo que dice esta gente, que quiere proteger el derecho por excelencia de las mujeres que es el derecho a ser madres, esto es un ataque en toda regla, eso es una declaración de guerra a las mujeres. No es que nosotras no queramos que se proteja la maternidad, somos las primeras que defendemos que se amplíen los permisos también a los padres, que haya más escuelas infantiles y recursos, pero esto que dice Gallardón responde a ese modelo que defienden los sectores más patriarcales y conservadores, que quieren imponer en este contexto de crisis un cambio radical del modelo social en el que vivimos, donde la familia nuclear tradicional vuelva a ser el centro de la vida social. Y que además se aproveche ese momento para legitimar todos los recortes que se están haciendo en servicios sociales, en sanidad y ahí donde el Estado se está lavando las manos en lugar de atender las necesidades de la gente, como los recortes en materia de dependencia y que por lo tanto en la familia la mujer vuelva a ocupar el papel tradicional de cuidadora y ese sea su objetivo en la vida.
¿Qué se sabe de la nueva ley?
Estamos muy preocupadas sobre lo que sabemos de las intenciones de la reforma de Gallardón porque su propuesta supone cambiar lo de las 14 semanas, obligar al permiso materno y paterno de las jóvenes y limitar la despenalización al riesgo de salud para la mujer, con el miedo de que la interpretación que haga Gallardón no sea como se ha hecho hasta ahora y como plantea la OMS, es decir una interpretación global de lo que es la salud como bio-fisíco-psicológica, sino una interpretación restrictiva que lo entienda como casos graves de la salud de la mujer y eso supondría volver a una situación de aborto clandestino y de enormes desigualdades donde muy pocas podrían hacerlo aquí, algunas podrían hacerlo fuera y otras pondrían en riesgo su vida recurriendo a métodos clandestinos. Lo que nos jugamos con la reforma de Gallardón es muchísimo. Es una ofensiva ideológica y política contra los derechos de las mujeres. Supone deslegitimar todo lo que hemos conseguido hasta ahora.
Es una cosa totalmente cínica porque todo el mundo sabe, porque es lo que sucedió antes del 85 y sucede en otros países, que una mujer que quiere interrumpir el embarazo lo va a hacer, porque son causas muy profundas y muy claras para ella.
Y para terminar, ¿qué opinas de la Ley 2/2010, la ley aún vigente mientras Gallardón no la reforme?
Nació ya muy contestada por las asociaciones feministas porque, tantos años después la primera despenalización en 1985 y tras pasar por un periodo en el que hemos defendido a las mujeres frente a juicios, denunciado los límites de la ley y planteado cuáles eran los aspectos que debía recoger para resolver los problemas de las interrupciones de embarazos no deseados, que se aprobara una ley con limitaciones nos parecía un nuevo fiasco.
Evidentemente la ley de 2010 impuso algunos cambios positivos. Por primera vez se reconoce que las mujeres pueden abortar, en las primeras 14 semanas, sin tener que decir cuál es la causa. Pero, ¿por qué se respeta el derecho a decidir hasta la semana catorce y en la quince ya no? Es una arbitrariedad desde el punto de vista ético. Además, se somete el derecho a la decisión de las mujeres a posteriores tutelajes ya que, antes de hacerlo, se le entrega a la mujer un sobre cerrado con informaciones sobre la adopción y sobre asociaciones que le pueden informar que son, en el caso de la Comunidad de Madrid, en un 80 por ciento, asociaciones anti-elección. Además de esto, que ya es una afrenta, se obliga a las mujeres a tres días de reflexión. Tres días para que piensen si mantienen la decisión que han adoptado inicialmente. Esta es una cosa que no sucede con ningún otro aspecto médico. Si una mujer ha decidido abortar, pues lo ha decidido, no tiene que someterse a procesos de verificación especiales.
¿La actual ley está garantizando el aborto como prestación sanitaria?
No se ha resuelto satisfactoriamente la normalización del aborto como prestación sanitaria, es decir, que se pueda realizar en la red sanitaria pública. Tampoco la regulación de la objeción de conciencia, porque se menciona que existe pero no entra a lo concreto. No llega al 2 por ciento los abortos que se realizan en la red sanitaria pública, el resto van a las privadas y concertadas.
Y el punto más conflictivo es el de las mujeres jóvenes.
Esta ley no obliga a que las mujeres entre 16 y 18 años vayan con autorización de la madre y el padre pero sí obliga a que la madre o el padre estén informados. Es decir, se vuelve otra vez a una medida timorata. No se afronta de forma clara ni se defiende su derecho a decidir como se hace en la Ley de Autonomía del Paciente en relación a cualquier otra intervención médica.
¿Debe estar el aborto en el Código Penal?
La del 2010 fue una extraordinaria oportunidad para de una vez por todas sacar el aborto del Código Penal. Y no se hizo. Solo se despenaliza hasta las 14 semanas y en otros dos supuestos. Esto genera una enorme vulnerabilidad jurídica para las mujeres puesto que, como sucedió en épocas anteriores, puede haber personas que denuncien a mujeres que han abortado porque consideran que no se ajustan a los supuestos que contempla la ley. Esta es una ley que introduce algunos cambios positivos pero que está muy lejos de las aspiraciones que en ese momento planteaba el feminismo y no hay tantas oportunidades para cambiar una ley, era ese el momento. ¿Qué pasó? Que se cedió a las presiones de los sectores más reaccionarios del conservadurismo moral y acabó con algunas medias tintas.
Justa Montero comenzó su militancia cuando estudiaba Ciencias Económicas en la Universidad Complutense y participaba en el Movimiento Estudiantil contra la dictadura y por las libertades. En los coleteos del Franquismo, en 1973, se formó una asociación de mujeres universitarias llamada AUP, destacada en las facultades de Periodismo y Medicina. Al poco tiempo y desde su facultad, en Somosaguas, decidieron montar también un grupo de esa asociación y ahí es cuando concentró su activismo en el movimiento feminista. Unos años después, en torno a 1977, se incorporó a un centro que montaron en el distrito madrileño de San Blas, donde había mujeres de grupos de barrios de Canillejas, Quintana o La Elipa. Se juntaron y decidieron abrir un centro de mujeres siguiendo el ejemplo de otras compañeras que lo habían hecho en Cuatro Caminos y Vallecas. “Era la época en la que todavía estaban penalizados los métodos anticonceptivos y nosotras hacíamos charlas para las mujeres del barrio sobre sexualidad y dábamos asistencia ginecológica con ginecólogas que se prestaban voluntariamente y facilitábamos anticonceptivos e información para que las mujeres que lo necesitaran fueran a abortar a Francia, a Londres o a Holanda”.
Ya en el 79 Justa fue cofundadora de la Comisión Pro-Derecho al Aborto cuando comenzaron las grandes luchas por el derecho al aborto en España, entre ese año y el 85, con la defensa de las once mujeres de Bilbao y que en 1983 impulsó una marcha de mujeres hacia La Moncla. Después participó en la fundación de la Asamblea Feminista de Madrid, de la que sigue participando. Esta asociación participa en la coordinadora estatal de asociaciones feministas, que organiza multitudinarios encuentros estatales como el que hubo en Granada en el año 2009. Justa ha contribuido a la redacción de la Guía informativa sobre interrupción voluntaria del embarazo, editada por Mujeres ante el Congreso en septiembre de 2012.