El Gobierno pondrá en marcha un “plan de choque” para mejorar los “preocupantes niveles de depuración” del agua que existen en España y que le podrían suponer multas millonarias por incumplimiento de la normativa comunitaria.
En su primera comparecencia ante la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso, la responsable de la cartera, Teresa Ribera, ha afirmado que “no son de recibo los preocupantes niveles de depuración, que nos empujan, no sólo a la asunción de multas, también al bloqueo al acceso a determinadas líneas de financiación”.
España se enfrenta a una sanción de 46,5 millones de euros por incumplimiento de las normas de depuración de aguas residuales en 17 aglomeraciones urbanas de todo el Estado.
En opinión de la ministra, “el aspecto más preocupante desde el punto de vista de la sostenibilidad es el enorme desajuste que existe entre lo precioso del recurso y los niveles actuales de saneamiento y depuración”.
Por ello, el Gobierno elaborará un Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización, que haga “absolutamente transparentes” todos los escenarios de gestión.
En relación al acceso al agua, Teresa Ribera ha señalado que “ningún hogar debería ser privado de este bien básico para la vida”, y en este sentido, el Gobierno se compromete a incorporar un marco legal que evite que el suministrador pueda suspender el servicio de abastecimiento a una familia por razones económicas.
“Las personas más vulnerables son las que más sienten la pobreza energética y debemos hacer frente a esa situación impulsando medidas de choque que permitan cubrir necesidades inmediatas y al mismo tiempo adoptando medidas que terminen con esa situación”, ha explicado.
Por ello, “trabajaremos por el reconocimiento del acceso al agua como un derecho humano”, ha aseverado.