El Gobierno admite que hay “obstáculos” para acceder al aborto y arranca el trámite para reformar la ley

El Ministerio de Igualdad ha iniciado este martes, Día de Acción Global por el aborto legal y seguro, la consulta pública previa con la que da inicio formal a su próximo proyecto legislativo: la reforma de la ley del aborto. El departamento dirigido por Irene Montero, en concreto el Instituto de las Mujeres, que capitanea el proceso, prevé tener un borrador listo en el mes de diciembre que actualizará la norma 11 años después de su puesta en marcha. Entre otros objetivos está poner fin a “los obstáculos” que “dificultan el acceso” a los derechos sexuales y reproductivos, admite el texto de la consulta, a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Hasta el próximo 12 de octubre cualquiera podrá enviar sus aportaciones, un trámite corriente de participación pública con el que el Gobierno adelanta las líneas generales de sus iniciativas. La ley, aprobada en 2010 por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, permitió el aborto libre hasta la semana 14; y desde entonces “son notables los avances experimentados”, reconoce Igualdad, “pero existe un problema en relación con la garantía de accesibilidad, gratuidad y equidad territorial”.

A juicio del ministerio, lo ilustran los datos disponibles: actualmente solo el 15% de los abortos se realizan en centros públicos y miles de mujeres se ven obligadas cada año a viajar para abortar. Existen hospitales enteros que aducen objeción de conciencia para no realizar intervenciones, incluso en aquellos casos en los que hay riesgo para la vida, y provincias en las que no hay forma de abortar porque no hay clínicas con las que concertar el servicio, que es el modelo imperante en España. Las asociaciones señalan a una “falta de voluntad política” para reorganizar los servicios y apuntan a que tras el derecho a objetar se encuentra también falta de formación y de normalización de la práctica, cargada aún de estigma y carente de prestigio.

Entre las medidas para eliminar estas trabas, Igualdad ha adelantado la regulación de la objeción de conciencia mediante un registro, al estilo de la Ley de Eutanasia, y al que se oponen los colegios de médicos. También “promover la formación de las y los profesionales sanitarios” así como “potenciar la investigación, los estudios y el fomento de buenas prácticas desde la diversidad y el enfoque feminista”. La falta de formación es otra de las fallas señaladas por las asociaciones, a pesar de que el artículo 8 de la ley actual ya obliga a los poderes públicos a garantizarla.

Otro de los objetivos será “la eliminación de la estigmatización y el acoso” en las puertas de las clínicas que la semana pasada el Congreso apoyó perseguir mediante un nuevo delito pese a la oposición de Vox y el PP. Estas situaciones, cree el ministerio, “ponen en riesgo la integridad física y moral” de las mujeres, que en ocasiones son hostigadas por ultracatólicos que intentan disuadirlas, y los profesionales y el Defensor del Pueblo ya ha urgido en varias ocasiones a las administraciones a ponerle fin. Una de las opciones que se barajan es la implantación de las llamadas “zonas de seguridad” alrededor de las clínicas.

Fin a la reforma del PP

La ley también derogará la norma que puso en marcha el Partido Popular en 2015 y que limitó el acceso al aborto a las chicas de 16 y 17 años, que desde entonces deben contar con consentimiento de sus progenitores. Fue lo que quedó del intento de contrarreforma de Alberto Ruiz-Gallardón, entonces ministro de Justicia, para restringir el derecho al aborto en España y que dimitió tras la fuerte oposición social. Se trata de uno de los “aspectos centrales” a los que pretende dar respuesta ahora el Gobierno, con el objetivo de “garantizar el derecho” de las jóvenes y tratar el aborto “en condiciones de igualdad respecto a otro tipo de prestaciones sanitarias, contribuyendo a eliminar el estigma que aún soporta”.

La eliminación de los tres días del periodo de reflexión al que aún obliga la ley es también la intención del ministerio que dirige Irene Montero, junto a medidas que garanticen “el conocimiento informado de las técnicas existentes y de los distintos protocolos y circuitos que existen en las Comunidades Autónomas para acceder a esta prestación”. El propósito, asume la consulta pública, será “garantizar la efectividad de los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres, sea cual sea su situación administrativa o provincia de residencia, y consolidar la concepción de la salud sexual y reproductiva como una serie de derechos humanos que han de garantizarse”.

Para ello se pretende también la puesta en marcha de estrategias que garanticen “la educación sexual integral con enfoque de género y en todas las etapas de la vida, así como el acceso a la anticoncepción”, dos cuestiones que ya están en la ley de 2010 y que aún no se han implantado en su totalidad. La idea es que se haga a través de la educación formal, pero también otros mecanismos como medios de comunicación o redes sociales. “Es necesario establecer estrategias que, desde un enfoque interseccional, impulsen políticas públicas dirigidas a las mujeres que presenten mayores dificultades para acceder a la información y a los servicios públicos de salud sexual y reproductiva”, apunta Igualdad.

En relación con la salud reproductiva, la reforma prevé impulsar medidas “que faciliten el impulso del cumplimiento de la Estrategia de Atención al Parto Normal en el conjunto del Sistema Nacional de Salud” ya que la evaluación más reciente, de 2012, apuntó a un “bajo nivel global de inclusión de las recomendaciones” en los protocolos sanitarios. Es en este marco en el que Igualdad pretende reconocer la violencia obstétrica como un tipo de violencia de género.

Un marco internacional en clave derechos humanos

El objetivo general de la reforma será caminar hacia la “consolidación de la concepción de la salud sexual y reproductiva como un conjunto de derechos humanos”, tal y como exigen múltiples organismos y directrices internacionales que resume la consulta pública: desde el hito que supusieron la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas (Cairo, 1994) y la Plataforma de Acción de Beijing (1995) en el reconocimiento global de los derechos sexuales y reproductivos a su inclusión en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) o la calificación de su vulneración como “formas de violencia por razón de género” que hizo en 2015 el el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU.

Más recientemente, a finales de 2020, la Comisión Europea advirtió en su estrategia para conseguir la igualdad de género 2020-2025 de “la necesidad” de fomentar el acceso universal a los servicios de planificación familiar, salud sexual y reproductiva y de desarrollar medidas de información y educación “sin juicios y con un enfoque positivo e inclusivo”. Ya en junio de 2021el Parlamento Europeo aprobó un informe que pide a los Gobiernos garantizar el derecho al aborto y el acceso universal a los servicios de salud, un paso que contó con la férrea oposición del lobby ultracatólico en Bruselas, que estuvo semanas presionando para intentar que se rechazara. El informe contó con el voto en contra de los eurodiputados de Vox y el PP.

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