El Gobierno no tendrá que entregar el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia católica, según ha apuntado el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 4 de Madrid, dando la razón al Ministerio de Justicia frente a la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, quen dictaminó que debía entregar una copia a Maldita.es.
Este medio, que adelanta la noticia, solicitó el listado elaborado por el Colegio de Registradores, y que ya hace tres años que el Ejecutivo debía haber entregado al Congreso. Según las cifras que se manejan, entre 1998 y 2015, al amparo de la 'ley Aznar', se pusieron a nombre de la Iglesia católica un “total de 34.984 fincas”, según el Colegio de Registradores, de los que “18.535 se refieren a templos de la Iglesia o dependencias complementarias a los mismos y 15.171 a fincas con otros destinos”.
El informe, encargado por el Gobierno de Rajoy, ya fue entregado por el Colegio de Registradores al Ejecutivo hace unos meses. Hasta el fallo del Juzgado, el Gobierno señalaba que estaba haciendo algunas comprobaciones, aunque según explicó a elDiario.es el portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, se les había indicado que el listado se entregaría “antes de acabar 2020”. Un horizonte que, salvo sorpresa mayúscula (el Ministerio de Justicia no había mostrado intención en publicarlo) se amplía sine die. La sentencia es firme.
En su fallo, el juez Luis Alfredo de Diego entiende, dando la razón a lo que argumentó la Abogacía del Estado, que la información solicitada por Maldita.es está en curso de elaboración y que, por lo tanto, no puede ser entregada. El magistrado también señala que cuando el estudio sobre estos bienes esté terminado será remitido a la Cámara Baja y publicado en el boletín de las Cortes Generales, ya que lo solicitó el propio Congreso.
Seis meses para devolver los bienes
Esta misma semana, Esquerra y EH Bildu presentaron una proposición no de ley por la que piden al Gobierno que, en un plazo de tres meses, presenten al Congreso el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia desde 1946; y que en seis meses habilite los mecanismos necesarios para que estos sean recuperados por sus legítimos dueños.
En la propuesta, recogida por Europa Press, ambas formaciones califican de “escándalo” las inmatriculaciones de la Iglesia Católica –que contabilizan en unos 100.000 bienes en 74 años–, y señalan que ha de ser una “cuestión de Estado” con “una solución global”.
A su juicio, esta debe pasar por “deshacer lo malhecho y hacer lo que no se hizo” que es “cancelar de oficio todos los asientos practicados con certificación eclesiástica por ser nulos de pleno derecho, al menos desde la entrada en vigor de la Constitución”; y “determinar por ley cuáles son los criterios para calificar el patrimonio cultural religioso de dominio público y proceder a su catalogación y registro”.
En este sentido, exige que el Gobierno presente a la Cámara baja, en un “plazo improrrogable de tres meses”, el listado de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica entre 1946 y 2015, “al amparo del derogado artículo 206 de la Ley Hipotecaria” y “acompañado de sus respectivas notas simples”.
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