El Gobierno prevé que la caza generalizada del lobo termine, como muy tarde, el próximo 25 de septiembre. Así consta en el borrador de orden que declara a la especie “de especial protección” sin distinguir entre las poblaciones al norte o el sur del río Duero como ocurre hasta ahora. Esa diferencia permitía declarar a los lobos en el norte como especie cinegética, es decir, cazable.
Esta medida es la traducción legal de la decisión votada por las comunidades autónomas y el Ministerio de Transición Ecológica en la Comisión Estatal para Patrimonio Natural es pasado 4 de febrero. La protección general del lobo, recomendada por el Comité Científico de Transición Ecológica, provocó que los ejecutivos autonómicos de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León se aliaran en un frente común de oposición. De hecho, la Junta castellanoleonesa ha iniciado este mes la subasta para la caza de 12 ejemplares en la Sierra de la Culebra (Zamora) poco antes de que se prohíba esta práctica.
El proyecto de orden indica que el Canis lupus tendrá el mismo estatus en todo el territorio cuando se publique la nueva estrategia de gestión estatal de la especie, pero , en todo caso, el plazo máximo para la entrada en vigor de esta decisión será ese día. Para esa estrategia, el Gobierno ha asumido que deberá respaldarse con fondos estatales parte de la gestión y coexistencia del lobo con las explotaciones de ganadería extensiva que ven la especie como una amenaza para su rentabilidad.
Las acciones para facilitar esa coexistencia van desde las indemnizaciones por reses muertas hasta la implantación de medidas preventivas para evitar ataques a la cabaña y deberían incorporarse a ese plan general todavía en elaboración. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha señalado como cifra orientativa para esa gestión los 30 millones anuales que utiliza Francia en programas similares.