Un informe interno del Gobierno avisa de que uno de los almacenes de gas de Doñana presenta “peligrosidad alta”

Uno de los almacenes subterráneos de gas que Gas Natural desarrolla al borde del Parque Nacional de Doñana supone un mayor riesgo por inundaciones del inicialmente admitido por la empresa lo que, unido a las nuevas restricciones legales para usos del suelo que ocupa el proyecto, arroja dudas sobre la viabilidad del almacén conocido como Marismas Occidental, según un reciente informe del Instituto Geológico y Minero al que ha tenido acceso eldiario.es

Aunque el Instituto depende del Ministerio de Economía, el informe fue pedido por el Ministerio de Energía, según le obligaba la autorización administrativa del proyecto. El IGME debía revisar la documentación exigida a la empresa sobre el hundimiento del suelo, inundaciones y terremotos antes de tramitar la autorización de puesta en servicio. Las conclusiones se cerraron el 11 de diciembre de 2017.

Los técnicos del IGME consideran que Gas Natural ha rebajado el nivel de riesgo en cuanto a las inundaciones en la zona afectada. “Las asignaciones de peligrosidades y el riesgo que se derivan de su utilización e interpretación son, cuando menos, cuestionables”, analizan.

Así, por ejemplo, en las zonas del proyecto gasístico conocida como Marismas-3 y el gasoducto planeado, Gas Natural les atribuye en su informe peligrosidades por inundación baja o media lo que, a juicio de la revisión oficial, contradice los datos del propio análisis: hay zonas de calado que llegan al límite establecido para zonas de inundación peligrosa para las personas. También esas zonas ocupan áreas en las que los flujos fluviales arrojan velocidades “que toda la literatura especializada califica como de alta peligrosidad”, recuerdan.

La explicación que encuentran los técnicos es que la evaluación de la promotora solo ha tenido en cuenta la frecuencia o probabilidad de inundación, no los otros parámetros como son el calado, la velocidad, la carga sólida transportada y sedimentada y los fenómenos de erosión y sedimentación activos. La conclusión que sacan es que, con todas esas evidencias “lo lógico parece incluir la zona de las actuaciones como de peligrosidad alta”.

En este sentido, el estudio de la empresa estableció que el “daño potencial de las avenidas sobre las instalaciones” sería bajo. Sin embargo, al haber una peligrosidad más alta, el informe en poder del Ministerio de Energía niega esa conclusión: “No cabe evaluarlo como bajo”.

Nuevo reglamento

En el apartado de inundaciones –hay que tener en cuenta que el proyecto Marismas Occidental casi linda con el extremo norte del parque nacional y se adentra parcialmente en los límites del espacio natural circundante– el documento del Instituto apunta que el nuevo Reglamento del Dominio Público Hidráulico introduce restricciones que pueden afectar al proyecto de Gas Natural en Doñana.

La normativa establece prohibiciones por motivos de seguridad de las personas y los bienes para la creación de una serie de nuevas instalaciones en zonas de flujo preferente: “Que almacenen transformen, generen o viertan productos que pudieran resultar perjudiciales para la salud humana o el entorno”.

El reglamente también limita “las nuevas edificaciones” y añade que se deben evitar “equipamientos sensibles o infraestructuras esenciales” en las áreas consideradas como zonas inundables. El IGME entiende que “el nuevo informe [de Gas Natural] demuestra” que varias zonas del proyecto y tramos del gasoducto son zonas inundables “lo que conviene ser tenido en cuenta” ya que este nuevo marco normativo “pudiera afectar a la viabilidad del proyecto”. El nuevo reglamento fue publicado el 29 de diciembre de 2016, el mismo mes en que se culminó el estudio que la promotora presentó a Energía. 

El IGME recuerda que solicitó que se mejoraran estos análisis en octubre de 2015 y y que la empresa solo ha cumplido parcialmente. “Otras no han sido incorporadas ni resueltas”. Gas Natural ha contestado a eldiario.es que han recibido este informe “hace unos días y nuestros equipos técnicos están trabajando sobre él”.

Los planes para almacenar hidrocarburos en el entorno de Doñana son un proyecto que arrastra la polémica. El plan consta de cuatro proyectos de los que solo este de Marismas Occidentales ya tiene autorización por lo que han comenzado los trabajos. La UNESCO señaló estas infraestructuras como una actividad poco compatible con la declaración de las marismas como patrimonio de la Humanidad y pedía que se analizara su efecto acumulativo.

El Defensor del Pueblo criticó en un informe de noviembre pasado los estudios sobre los almacenes y aseguró que “el emplazamiento de los proyectos podría no ser el idóneo” y consideró que “no parece que la inyección de gas sea una actividad apropiada en este entorno” ante el riesgo sísmico.

El Ministerio, a la espera

Sobre la posibilidad de que la inyección de gas provoque algún tipo de terremoto en Marismas Occidentales, el IGME hace constar que la vigilancia no registró ninguna sismicidad durante las inyecciones de gas realizadas a finales de abril y mediados de mayo de 2017. Con todo, subraya que la documentación se refiere a una materia propia de la Red Sísmica Nacional del Instituto Geográfico que depende del Ministerio de Fomento.

El Ministerio de Energía contesta que los estudios complementarios que debe hacer Gas Natural “son necesarios para la fase de operación pero no para la de construcción” ya en marcha. Además, añade que el informe del IGME ha sido remitido a la empresa y “se le ha indicado que procedan según lo indicado por el IGME o, en su caso, formulen las observaciones oportunas. En estos momentos, en el Ministerio de Energía estamos a la espera de la contestación del promotor. En todo caso no podrá funcionar en tanto el IGME no dé su plena conformidad”.

Justamente este ministerio publicó el pasado 29 de diciembre en el BOE una orden que reconoce el pago de 6,3 millones de euros a Gas Natural Fenosa por los costes de operación y mantenimiento del almacén subterráneo de gas lo que ha provocado una serie de preguntas en el Congreso del grupo parlamentario de Unidos Podemos firmadas por el diputado Juantxo López de Uralde. “Es una barbaridad del Gobierno del PP”, ha dicho la diputada de grupo Isabel Franco que también entiende que el Ejecutivo debe dar explicaciones sobre los análisis del IGME.