La Ley Trans y la reforma de la Ley del Aborto han dado un paso definitivo la semana pasada al superar en el Congreso las iniciativas de la derecha para tumbarlas. Y la Iglesia católica española ha considerado necesario dar su voz de alarma sobre el “peligro” que entraña esta legislación que otorga derechos a las mujeres y a las personas trans, que para los obispos supone un intento de “adcotrinamiento” por parte de la Administración del Estado.
“Nos preocupa que se quiera imponer un adoctrinamiento que condicione el desempeño profesional en el campo educativo, sanitario, función pública, judicatura, cultura, medios de comunicación…”, denuncia la Conferencia Episcopal en una nota.
En ella destacan la “preocupante implicación directa de la Administración y de los poderes públicos en la promoción de los postulados de la ideología de género”, en una dura nota “ante la nueva Ley sobre salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo y ante la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI”, en la que denuncian la “colonización ideológica” que se esconde detrás de estas y otras medidas.
“La ideología de género es uno de los mayores atentados de nuestros días contra la dignidad humana y, tal vez, la mayor amenaza existente contra la familia”, señala la Conferencia Episcopal en un comunicado que arranca denunciando cómo “en los últimos meses, se han incoado iniciativas legislativas que, lejos de promover el bien de la persona y su dignidad, atentan gravemente contra la misma”.
Aborto de menores y discapacitados
La primera, la nueva ley del aborto, para la que muestran “nuestra preocupación y nuestro rechazo”, denunciando los “aspectos reprobables” de esta ley. “Promulgar el aborto como un derecho, el atentado a la igualdad que supone permitir el aborto de los discapacitados hasta los cinco meses y medio, la posibilidad de que las chicas de 16 y 17 años puedan abortar sin el consentimiento de sus padres, la obligatoriedad de que los médicos que rechacen realizar abortos tengan que inscribirse en un registro de objetores de conciencia o la eliminación del período de reflexión antes de abortar y de la información sobre alternativas al aborto”.
Al tiempo, “expresamos nuestra inquietud por la posible aprobación de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI” que, añaden, “contiene en su articulado elementos realmente preocupantes de imposición de la teoría queer”, que en su opinión, está “estableciendo e imponiendo arbitrariamente una única concepción antropológica”.
“Ante este horizonte de colonización ideológica”, recalca la nota episcopal, la Iglesia española subraya que “son muchos los testimonios de familias, madres, jóvenes y adolescentes que han sufrido las consecuencias que produce la llamada teoría queer o teoría del gender”, en una “preocupante implicación directa de la Administración y de los poderes públicos en la promoción de los postulados de la ideología de género”.
“Un estado democrático no puede imponer una peculiar y reducida visión antropológica en todos los ámbitos: educativo, jurídico, sanitario, laboral, en los medios de comunicación, en la cultura, el deporte y el ocio” resalta la nota episcopal.
La transexualidad, ¿patología?
“La despatologización de la transexualidad se identifica con favorecer una intervención médica, pero sin criterios médicos, sino con criterios subjetivos del paciente”, denuncian los obispos, quienes condenan que se está obligando al personal sanitario a obedecer los deseos de los pacientes, aunque ello conlleve graves riesgos para la persona“.
“Estamos ante un ejemplo claro de irracional dogmatismo ideológico”, zanjan los obispos, quienes insisten en que la nueva ley “niega la posibilidad de tratamiento psicosexual e incluso la necesidad de obtener un diagnóstico de las personas con trastorno de identidad de género, confundiendo el diagnóstico médico con un intento de anulación de la personalidad”.
En cambio, “la comunidad cristiana y, en particular, los pastores debemos desarrollar, siempre, sentimientos de acogida hacia las personas con disforia de género, a quienes les asiste el derecho a ser respetados y a ser tratados con los medios lícitos puestos a disposición por la medicina para conseguir el nivel de salud física, psíquica y relacional más alto y satisfactorio que sea posible, en los límites de su condición y en el respeto pleno de la verdad y de la dignidad humana”, añadiendo que quienes se encuentran “en esta situación” son “hijos amados del Padre”.
Sin embargo, concluyen, “hay que alzar la voz con fuerza y denunciar el uso de tratamientos prematuros e irreversibles aún más cuando no se está seguro de la existencia de una auténtica Disforia de Género”. “Las actuaciones médicas que se lleven a cabo en los menores, después de una serena reflexión, nunca deben ser de carácter irreversible”, señalan, instando a “respetar la libertad de conciencia y de ciencia a todos los profesionales”.
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