La delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, ha planteado este martes que las víctimas de trata no se vean obligadas a colaborar con las fuerzas de seguridad para ser consideradas como tales y recibir protección y ayuda.
“Esto hace recaer sobre los hombros de las propias víctimas su propia protección; se les exige una colaboración eficaz que en muchas no están en condiciones de prestar”, ha subrayado Rosell en un seminario sobre la trata de seres humanos organizado por el Instituto de Estudios de Género de la Universidad Carlos III.
El PSOE y Unidas Podemos se han comprometido a impulsar de forma conjunta una ley integral contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y Rosell ha hecho hincapié en la necesaria perspectiva de género, ya que la gran mayoría de las víctimas son mujeres y niñas.
La actual legislación de extranjería establece que quien se encuentre irregularmente en España y sea víctima o testigo de tráfico de seres humanos quedará exento de responsabilidad administrativa y no será expulsado si denuncia a los autores del delito o coopera y colabora con las autoridades, pero muchas ONG han alertado de las carencias de esa normativa. Un ejemplo reciente de esto es el caso de Lili, la víctima de trata que durante años fue sometida a violencia y persecución. Casi tres años después de su muerte, la organización Women's Link Worldwide denunció que las administraciones “tenían conocimiento” de la situación de Lili.
Fallos estructurales para detectar a las víctimas
Rosell se ha remitido al informe “Cadenas invisbles” que presentó en 2020 Amnistía Internacional, que denunció que se priorizara el control policial ante los flujos migratorios y avisó de graves fallos estructurales a la hora de detectar a las víctimas de trata y explotación sexual. En este contexto, la delegada del Gobierno ha reconocido un “cierto fracaso” en las políticas de prevención, protección y persecución.
La detección de posibles víctimas, ha explicado, está casi exclusivamente en manos de ONG especializadas, mientras que la identificación está en manos de las fuerzas y cuerpos de seguridad, las mismas encargadas de su persecución.
“Las más vulnerables son las que lo tienen más difícil”, ha destacado antes de defender un sistema en el que la puerta de entrada para las víctimas no sea solo la policía y la jurisdicción criminal, sino que apueste por recuperar a las mujeres y ver después si están en condiciones de iniciar la persecución de los traficantes. Que las víctimas que piden asilo no tengan que enfrentarse al Estado, sino que el Estado las “acompañe”, ha insistido.
Rosell ha recordado que el plan urgente puesto en marcha por Igualdad al decretarse el estado de alarma por la pandemia en 2020 buscó proteger también a las víctimas de trata y explotación sexual y permitió que distintas entidades acreditaran la situación de estas mujeres para que pudieran acceder a la red de protección y ayudas sociales.
Entre los puntos positivos de España, Rosell ha destacado la asistencia jurídica a las víctimas, que no sean enjuiciadas por ilícitos que se vea obligadas a cometer o la asistencia especializada, pero ha pedido poner el acento en el principio de no devolución, el derecho a un retorno seguro y asistido o la reagrupación familiar. Ha defendido también el derecho a una reparación tanto económica como física, psicológica, social y simbólica, un derecho ante el que el Estado tiene “la responsabilidad institucional de la detección precoz y la identificación de las víctimas”
Además de un delito, la trata, en palabras de Rosell, es la máxima vulneración de derechos humanos, pues viola la integridad física y psíquica, el derecho a la libertad, la salud, a la dignidad, a la libertad sexual e incluso a un trabajo digno.